La diputada de Por Andalucía denuncia reventa masiva, falta de control institucional y precios que se disparan hasta los 200 euros
La diputada por Granada y portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán, ha elevado al Parlamento andaluz la creciente polémica en torno al sistema de venta de entradas de la Alhambra. Lo hará preguntando este miércoles a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno andaluz ante lo que considera una «situación insostenible» para turistas, pequeñas agencias y guías locales.
Durán ha denunciado que el actual modelo de venta favorece a grandes plataformas privadas frente a los canales oficiales, generando un sistema opaco en el que las entradas, cuyo precio oficial es de 19,90 euros, se están revendiendo por el triple o incluso por diez veces más. «Se han llegado a ver entradas a 200 euros. Esto no es solo una estafa a quien quiere conocer nuestro patrimonio, es una tomadura de pelo institucional», ha asegurado.
La diputada de Podemos y secretaria institucional de la organización en Andalucía ha acusado al Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente de la Junta, de «mirar hacia otro lado» pese a conocer la situación desde hace años. «Sabemos que hay actores que están haciendo negocio a costa de los visitantes y del sector turístico granadino, y el Gobierno andaluz del PP no solo lo permite, sino que lo consiente por omisión».
Desde 2020, el sistema de entradas del monumento se reformó precisamente para evitar compras masivas y reventas, pero según Durán, esas medidas no se han aplicado con rigor ni se ha garantizado la visibilidad del canal oficial en las búsquedas web. «En una época en la que la venta online supera a la presencial, permitir esta confusión deliberada es rendirse a los intereses de las plataformas que hacen su agosto», ha subrayado.
La parlamentaria ha mostrado su apoyo explícito a las pequeñas agencias, guías y profesionales del sector, que llevan tiempo denunciando la opacidad del sistema. «No se puede permitir que uno de los grandes emblemas del patrimonio andaluz acabe convertido en un mercado negro digital con la complicidad del Gobierno», ha concluido.
