El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular que reclama al Gobierno que, a su vez, demande a la Unión Europea la negociación con la administración de Estados Unidos «de salvaguardias arancelarias sectoriales (exenciones/cupos) para aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas y productos de ganadería extensiva», tomando como referencia la estrategia separada para activos agrícolas que han conseguido tratamiento legal independiente.
En la iniciativa también se demanda al Ejecutivo nacional que defienda la dotación de la PAC evitando el «recorte propuesto para 2028-2034 y preservando un anclaje presupuestario específico de la política agraria en el marco financiero plurianual».
La PNL ha recibido de forma generalizada los votos favorables de PP y Vox, mientras que ha recibido la abstención de los grupos de izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
La iniciativa la ha defendido el parlamentario del Grupo Popular Manuel Alberto Sanromán.
Otra aspiración de la PNL aprobada por el Pleno de la Cámara es la demanda de mantener la PAC como política común independiente, con dos pilares diferenciados, ayudas directas y desarrollo rural, manteniéndose que el segundo pilar «debe seguir diseñándose por las comunidades autónomas que son las que conocen las necesidades del sector agroalimentario», y sin fusión con fondos multisectoriales o de cohesión.
Otra demanda al Gobierno es para que reclame en la Unión Europea «cláusulas de salvaguarda efectivas en acuerdos con bloques terceros frente a la competencia desleal».
Asimismo, se piden consignaciones presupuestarias diferenciadas y finalistas que supongan inversión europea «para modernización productiva, uso eficiente del agua, digitalización y energías renovables en explotaciones, aprovechando la flexibilidad aprobada en el Plan Estratégico español».
El PP-A ha defendido el reconocimiento de la PAC «como pilar de la seguridad alimentaria y autonomía estratégica de la UE, manteniendo su peso relativo en el marco financiero plurianual anual y su capacidad anticíclica».
Se pide al Ejecutivo nacional reclamar en el seno de la UE que se articule «una potente política europea del agua» que apueste por la aportación de importantes fondos europeos adicionales a las regiones para la construcción de infraestructuras hidráulicas para solucionar problemas reales como la falta de agua y garantizar su desarrollo.