Lo ha dicho sin rodeos Alejandra Durán, parlamentaria andaluza, que ha hablado sobre el posicionamiento de Podemos Granada y Podemos Andalucía ante la creación de una Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Vivienda, por parte del Ayuntamiento de Granada y del Colegio de Abogados de la ciudad:
«La creación de esta oficina es una respuesta totalmente desproporcionada a lo que es un problema marginal».
Y es que los datos no sostienen el relato. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se registraron solo 54 ocupaciones en toda la provincia de Granada, lo que representa un 0,023 % del parque residencial. Un dato ridículo para justificar una oficina entera pagada con fondos públicos.
«Esto evidencia totalmente que estamos ante un problema residual y no una crisis generalizada, tal y como nos quiere hacer creer el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el Partido Popular y comprándole el relato a Vox».
La oficina, además, supone una asistencia jurídica gratuita a propietarios (incluso grandes tenedores), mientras las personas inquilinas vulnerables siguen abandonadas. Una medida profundamente clasista.
«Este convenio destina 9 000 euros públicos a asesorar gratuitamente a propietarios y propietarias, muchos de ellos con recursos para costearse abogados privados».
No hay un servicio equivalente para las víctimas de alquileres abusivos o desahucios sin alternativa. No hay ni rastro de medidas estructurales. Pero sí hay cámaras, micrófonos y titulares alarmistas. Porque eso es lo que buscan: reforzar el marco del miedo, criminalizar la pobreza y distraer de la falta de vivienda social.
«Este modelo genera un desequilibrio social. No aborda la raíz del problema, que en Granada está clara: la falta de vivienda pública, ya que solo el 2 % del parque se destina a vivienda social, frente al 15 % recomendado por la Unión Europea».
¿Y si en vez de crear una oficina para proteger a Blackstone, se crea una oficina para proteger el artículo 47 de la Constitución? Durán lo dice claro:
«Lo que habría que hacer es crear una Oficina del Derecho a la Vivienda con asesoría gratuita para inquilinos e inquilinas y un servicio de mediación vecinal que evite judicializar conflictos».
Mientras eso no llegue, lo que se instala es un modelo injusto. Una oficina que criminaliza a quien no tiene techo y subvenciona a quien acumula viviendas vacías. Porque el caso es ese: la mayoría de ocupaciones afectan a propiedades vacías de fondos y bancos, no a viviendas particulares.
Y mientras tanto, se permiten atropellos como el del pasado 8 de julio en la Cuesta Gomera, donde una familia fue expulsada violentamente por un grupo tipo Desokupa, actuando fuera de la ley y con aparente permisividad institucional.
«Le exigimos responsabilidades al Ayuntamiento. No se puede consentir que en Granada actúe un grupo organizado que se tome la justicia por su mano con conocimiento de las autoridades».
Lo que urge en Granada no es una oficina contra ocupas, sino una política contra la desigualdad. Lo demás, puro teatro —con muy mala intención.
