La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio un documento de propuestas agrarias que recoge más de 100 medidas concretas para proteger a la «clase media» del sector agrario. «La producción agraria actual se está viendo alterada de forma radical por una serie de motores ajenos y propios que pueden desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura. El valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos. La cadena no genera valor para el agricultor, más bien lo destruye con la intención de hacer desaparecer a las explotaciones familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural», ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG, al tiempo que ha avanzado que el gobierno que se constituya tras el 23J deberá posicionarse ante una cuestión crucial: «¿la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?».
La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias y los fondos de inversión de capital externo. “Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores/as”, ha sentenciado Miguel Padilla.
Tres líneas de actuación estratégicas que sintetizan la base de las 100 medidas
En los próximos años, el modelo social y profesional de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales. La agricultura deberá garantizar en primer lugar el derecho a una alimentación sana para todas las personas, ante una población global creciente, mayores costes y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria; en segundo lugar, esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos en la producción); en tercer lugar deberá ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y especialmente, en el caso de la energía, a fuentes renovables; y en cuarto lugar, deberá hacer frente a los procesos de integración de la cadena alimentaria y la implantación de en manos de grupos de inversión que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria profesional independiente. La «uberización del campo español» está poniendo contra las cuerdas a los 350.000 agricultores más profesionalizados, según COAG.
Ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios de la PAC que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado en el último marco financiero de la UE, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos.
En este contexto COAG demanda y reivindica:
- Unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo. En caso contrario no hay sostenibilidad. Para ello han de abordarse el reequilibrio de la cadena de valor y la competencia con terceros países, no únicamente el mejor reparto de las ayudas. Igualmente, será fundamental contar con mecanismos de gestión y regulación de mercado que afronten las situaciones de crisis, bien dotados y financiados al margen de las ayudas directas. Asimismo, habría que recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias.
«Tenemos que exigir» —reclama la organización agraria— «que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la UE, tanto a normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales (nitrógenos ganadería) obligaciones laborales, etc.»
- Si utilizan sistemas de producción prohibidos en la UE, rechazar la entrada y puesta a disposición de los consumidores dentro de la UE.
- Si lo que incumplen son normativas laborales, fiscales, etc. con respecto a nuestras regulaciones (no las de sus países de origen), hacerles pagar tasas arancelarias cuyos importes se destinarían a un fondo anti-crisis de gestión estatal para cada sector afectado.
- Disponer de un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán, con un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento. Los agricultores y ganaderos serán protagonistas de la lucha contra el cambio climático y liderarán el compromiso por un modelo agroalimentario sostenible, pero no podrán asumirlo si la UE no revisa todos los tratados de libre comercio con terceros países, estableciendo el principio de preferencia comunitaria y soberanía alimentaria y condicionando las importaciones a los estándares que ya cumplen los productores europeos.
- Un abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros. En este aspecto es imprescindible apoyar inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones agrarias. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación, que en última instancia puede provocar una fuerte reconversión. En COAG tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar al agricultor/a en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Para ello es imprescindible garantizar un uso democrático y social de las nuevas tecnologías, adaptado a diversos factores y condicionantes propios de cada explotación agraria.
