La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valora de manera positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. En concreto, se considera que se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitivamente en el día de hoy a la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.
Con este paso final, se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción. También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto «coste efectivo de producción» en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.
Ahora bien, todos estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. «La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones», ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG. «Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las comunidades autónomas, se deben articular medidas rápidas y urgentes para salvar al sector».
COAG sostiene que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso. También se deben llevar a cabo campañas de información y explicación del alcance de las reformas introducidas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de contratos alimentarios. El Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas deben implicarse en la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, así como identificar los índices de precios y costes medios de producción y su evolución.
COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal y para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios. «No puede ser que, como siempre, sea el sector primario el único que se eche a la espalda los incrementos de los costes de producción que estamos sufriendo», ha añadido Padilla. «La ley de la Cadena es y debe seguir siendo un instrumento clave para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena».
Esta nueva ley debe servir para continuar progresando en los cambios culturales en el sector. La pionera ley de 2013 estableció las bases para cambiar hacia una nueva cultura de contratación con transparencia y seguridad y ahora es el momento de cambiar hacia un nuevo paradigma en el que los precios cubran nuestros costes de producción, en beneficio y sostenibilidad de toda la cadena y también del consumidor. En cualquier caso, se debe seguir avanzando en la regulación de los mercados y, con carácter de urgencia, en la puesta en marcha de medidas de choque frente a la situación de falta de rentabilidad de las explotaciones sociales y profesionales del campo español. En este sentido, desde COAG, entre otras cuestiones se reclama la puesta en marcha de un Observatorio de Insumos que permita arrojar luz, transparencia y facilitar la toma de decisiones en mercados oligopolísiticos como el de fertilizantes o energía, así como un Observatorio de Importaciones, para facilitar el control efectivo de las entradas masivas de producto de terceros países, que inundan y revientan nuestros mercados con movimientos desleales que sólo benefician a especuladores e intermediarios.
Finalmente, es necesario destacar el importante trabajo en unidad de acción de las 3 organizaciones agrarias durante todo este proceso, que ha permitido la inclusión de mejoras importantes en el texto final en atención a nuestras reivindicaciones.
