La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado hoy una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.
«Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes: hay un desfase injustificado de más de 2 euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,50 €/Kg) y el valor que debería tener (5,55€/kg) según el análisis riguroso de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA», ha afirmado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
El estudio ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado. Se han considerado tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del AOVE y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado. Esta comparación ha permitido identificar márgenes injustificables entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible desequilibrio provocado intencionadamente.
De confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, estaríamos ante una infracción grave de la legislación vigente. En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados.
De mantenerse esta distorsión en los precios, los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2 800 millones de euros en esta campaña. «No hablamos de percepciones ni de sensaciones: hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores», ha reiterado Padilla.
En relación con ello, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luís Ávila, ha indicado que el mercado no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros», ha remarcado.
