La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Andalucía ha solicitado la suspensión de la tramitación de la Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y propone una mesa de diálogo entre las administraciones implicadas, Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Así lo ha dicho hoy durante su comparecencia en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz el secretario de organización y responsable de Agua de COAG Andalucía, Eduardo López, quien además ha defendido que «La agricultura debe ser parte de la solución para Doñana, el sector no puede estar continuamente en el punto de mira. No se pueden planificar soluciones al regadío, Doñana y sus gentes, pensando en plazos electorales de cuatro años. Ambas administraciones deben asumir su responsabilidad y dejar de usar al sector agrario como arma en una guerra política y mediática».
Para la mesa de diálogo, COAG Andalucía ha propuesto soluciones reales que, según ha explicado Eduardo López, pasan por identificar la zona conflictiva con un estudio técnico que dé soporte a la propuesta, así como y vigilar que no se continúe ampliando la superficie.
«En segundo lugar —ha señalado—, hay que buscar los recursos hídricos necesarios con todas las posibilidades que existan, sin descartar Alcolea o la reutilización. A la vez, arrojar claridad sobre lo realmente disponible, para dejar de extraer aguas subterráneas y recuperar el acuífero. Y, por último, proponemos que se estudiar caso por caso, sin generalizar, atendiendo a un modelo social, familiar y profesional, que necesite la regulación para conseguir un tamaño viable de explotación, y que sean agricultores tradicionales y jóvenes de la zona los beneficiados de la regulación».
No se legaliza el uso del agua, solo cambia el uso del suelo
En lo que respecta al contenido de la Ley, el responsable de Agua de COAG Andalucía ha comentado que esta propuesta de ley «no legaliza el uso del agua, solo cambia el uso del suelo, pasando además por una modificación de la Ley Forestal, que permite la conversión de antiguas hectáreas de pinar y eucalipto en explotaciones de regadío».
En este sentido, ha manifestado que «echamos en falta transparencia, es decir, ¿saben ustedes decirnos cuantas hectáreas se van a legalizar?, ¿son 800 o son 1.900?, ¿qué tipo de explotaciones?, ¿quiénes son?».
Por otro lado, durante su intervención en la Comisión, López se ha referido a la necesidad de que el Estado ejecute obras que son de su competencia: «Para que el agua superficial llegue, es necesario ejecutar obras que son competencia del Estado y que, con toda probabilidad, tardarán años en poder usarse, como la presa de Alcolea, siendo COAG partidaria de que salga adelante, o el trasvase de 20Hm3 del Tinto, Odiel, Piedras al Guadalquivir, del que está ya comprometido gran parte y que la actual superficie legal necesita para dejar de extraer agua del acuífero, que ya está sobreexplotado. En este sentido, somos partidarios de que todos los recursos posibles se pongan a disposición, pero que se destinen, primero, a consolidar el regadío existente y a recuperar el estado del acuífero y cuando estén las obras hechas y los recursos libres, se estudien las posibilidades de nuevos regadíos en la zona».
«Es de esperar que la aprobación de esta Ley continúe con la guerra entre administraciones -ha añadido-, por lo que solo crea falsas expectativas entre los agricultores, sin que suponga solución alguna ni para el sector, ni para el Parque. No hacer nada, tampoco es una opción. El Plan de la Fresa de 2014 ni se ha ejecutado en su totalidad, ni se ha controlado su cumplimiento».
El modelo sostenible de agricultura social y profesional
Respecto a la situación del acuífero, Eduardo López ha explicado que «los científicos advierten que el nivel del acuífero ha descendido hasta 20 metros en los últimos 45 años. Existe un riesgo de intrusión salina en la marisma irreversible, sumado a los incuestionables efectos del cambio climático: más temperatura, sequías más frecuentes y lluvias torrenciales… no podemos llevar al parque al límite o la agricultura en el entorno de Doñana será inviable para todos. Hay que apostar por un modelo que sea sostenible».
Y ese modelo sostenible es, para COAG Andalucía, el de la agricultura familiar y profesional, de pequeñas y medianas explotaciones que dependen de la actividad y viven en la zona, manteniendo la población en el medio rural y cuidando su entorno.
«La Ley argumenta que de su aprobación se beneficiará la agricultura familiar, pero lo cierto —ha destacado— es que en la superficie que se riega actualmente ya existen desigualdades muy relevantes para el sector agrario en cuanto a distribución de superficie y uso del agua: el 2,5% de los concesionarios actuales acaparan el 63% de la superficie y casi el 80% del volumen de agua autorizado».
«En frente nos encontramos modelos de grandes explotaciones, fondos de inversión y/o capitales extranjeros, que invierten en agricultura para obtener rentabilidad a corto plazo, sin preocuparse por los recursos, ni por la gente. De hecho, en la misma cuenca del Gualdalquivir, a pocos kilómetros, hay industrias cerradas y campos vacíos, por priorizar el modelo de explotación especulativo de grandes fincas en producción intensiva. No hay agua ni territorio para la especulación en Andalucía».
