Las cerca de 60 personas de origen extranjero, entre ellas nueve menores de edad, que residían hasta ahora en varios grupos de infraviviendas ubicadas en el cortijo El Uno del núcleo de San Isidro, en Níjar (Almería), han sido desalojadas este martes de esta finca privada conforme a la orden dictada por un juez sin que finalmente hayan recibido apoyo asistencial de las administraciones.
Conforme a la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, la comitiva judicial se ha personado sobre las 9,40 horas para proceder al desalojo junto con maquinaria custodiada por Guardia Civil y Policía Local de Níjar, cuyo apoyo ha sido requerido, con la que realizar el derribo de las chabolas.
En este sentido, las autoridades han eliminado los obstáculos que se habían instalado en el camino para impedir el acceso a la finca en la que quedaban más de una veintena de personas, entre ellas mujeres y menores, ya que la mayor parte de sus moradores se fueron durante la tarde y noche de este lunes.
Sin que se hayan producido altercados más allá de algunas protestas por la pasividad de las administraciones y la patronal agrícola, las autoridades han procedido al lanzamiento de los ocupantes de las infraviviendas, quienes trataban de agrupar y almacenar sus pocos enseres mientras se orillaban entre sollozos en la zona que se niegan a abandonar.
La comitiva, que ha permanecido en la finca durante una hora, ha autorizado la destrucción de las infraviviendas para que no puedan volver a ser utilizadas, sentido en el que han accedido al terreno varias excavadoras desplazadas mediante camiones de gran tonelaje.
«Abandono» de las instituciones
En el lugar se han congregado miembros del Servicio Jesuita a Migrantes, así como de la plataforma Derecho a Techo, desde la que han dado cuenta del «abandono» por parte de las administraciones a los desalojados cuando se tratan de personas que «no tienen a donde ir».
«Ninguna administración se ha preocupado de a dónde va a ir esta gente o de dónde va a pasar la noche», ha señalado a Europa Press el representante de la plataforma Diego Crespo, quien ha afeado que desde el Ayuntamiento de Níjar solo se hayan dispuesto efectivos de Policía Local para dar apoyo a la Guardia Civil sin ofrecer alternativas con las que dar «algo de dignidad» a los desalojados.
Para Derecho a Techo, «el Ayuntamiento de Níjar debería ser el encargado de realojar a esta gente al menos de manera temporal en un sitio digno», según ha indicado antes de recordar que el equipo de gobierno dispone de 62 viviendas temporales en la zona de Los Grillos que están «vacías» y que podrían haberse empleado. «Es una vergüenza», ha aseverado.
Desde la ONG conformada por los Jesuitas, han trasladado su sensación de «decepción», «desgarro» e «impotencia» ante la «incertidumbre» generada entre los desalojados, quienes tienen que «buscarse la vida» por su cuenta con soluciones «hiperprecarias y provisionales», ya sea desde resguardarse «en un garaje» o «rehacer su chabola en otro lugar».
«Aquí están los medios, está la policía, está la Guardia Civil, está el juzgado, está el propietario, están entidades sociales, hay vecinas, pero el Ayuntamiento no está», se ha lamentado Daniel Izuzquiza, quien ha recordado las responsabilidades reclamadas por el Defensor del Pueblo Andaluz.
En esta línea, ha recordado que es al Consistorio al que le corresponde realizar un análisis social y de vulnerabilidad de los afectados para trasladarlo al juzgado de cara a valorar su situación así como, ante una «situación de emergencia y de desamparo donde también hay menores», dar una solución. «Amparándose en que hay una orden judicial y que es una propiedad privada, está haciendo dejación de sus funciones», ha advertido.
Desde el Ayuntamiento que lidera José Francisco Garrido (PP) han confirmado que no se han adoptado medidas en materia social en este caso al tratarse de una finca «privada» y que únicamente se ha atendido el requerimiento de apoyo al desalojo realizado desde Guardia Civil, pese a las reclamaciones de distintas plataformas, entidades e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz para dar atención social en el marco de sus competencias.
Una «responsabilidad de la patronal»
De otro lado, Crespo también ha apelado a la «responsabilidad de la patronal» agrícola, puesto que la mayor parte de los desalojados son trabajadores del campo que están empleados en fincas o empresas de la zona de las que «se supone que tienen todos los permisos y respetan los derechos de los trabajadores» pero que permiten que vivan «en situaciones que no son deseables para nadie».
«Tener a la gente en unas condiciones que no son dignas para nadie facilita la explotación laboral y el beneficio económico de la patronal agrícola», han destacado.
A través de un comunicado, la entidad ha responsabilizado directamente a Coexphal de esta «continua crisis». «No se puede seguir empleando a miles de trabajadores agrícolas sin proporcionar soluciones habitacionales dignas, condenándolos a chabolas, infraviviendas y asentamientos, sin garantizar en muchas ocasiones sus derechos laborales, y expulsándolos sin alternativas», han dicho.
Así, ante el «problema estructural» de vivienda en Níjar que afecta especialmente a los extranjeros que viven del campo, puesto que «no se ha planificado alojamiento para los trabajadores que sostienen este crecimiento económico», la entidad ha convocado una manifestación el próximo 13 de abril.
«El aumento de los alquileres turísticos ha agravado el déficit de vivienda asequible, afectando a toda la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora del campo», han observado ante una «crisis social» que requiere «respuestas urgentes y responsables» de las instituciones.
La plataforma ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales para que «se unan en la lucha por el derecho a una vivienda digna» y participen en la movilización «con el objetivo de exigir soluciones habitacionales justas para todas las personas trabajadoras».
Por Andalucía: «La Junta mira para otro lado»
La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado este martes que la Junta de Andalucía esté «mirando para otro lado» ante los desalojos de decenas de personas de origen extranjero del asentamiento chabolista ubicado en el cortijo El Uno de Níjar (Almería) sin que a los afectados, en situación de vulnerabilidad y entre los que hay nueve menores, se les haya ofrecido alternativas habitacionales.
En declaraciones a los medios en Sevilla, la portavoz ha afeado que el Gobierno andaluz se «desentienda» de la situación de estas personas y, sin embargo, sí esté «presumiendo de las formidables cifras económicas que hay detrás de las explotaciones agrícolas de esta zona».
En esta línea, Nieto ha recordado que sin los trabajadores del campo que mayoritariamente ocupan los asentamientos chabolistas de Níjar «no se podría presumir de esa producción ni de ese modelo exitoso para quienes sí que reciben un beneficio de él».
La portavoz ha trasladado la «solidaridad» y el «arropo» de su grupo con los desalojados, que han quedado «al raso» tras la destrucción de las chabolas «sin que la Junta de Andalucía se haya sentido en ningún momento concernida por esta tragedia».
Con este último desalojo se revela de nuevo, según ha observado Nieto, la «insoportable» situación de «miles de trabajadores y trabajadoras que sacan adelante la producción agrícola» en Almería y también en Huelva, donde según ha recordado, se han producido incendios de forma reciente, en uno de los cuales falleció una persona.
Sobre esta situación también se ha pronunciado el parlamentario andaluz y coportavoz de Podemos, José Manuel Jurado, quien ha recordado que Almería «exporta más de 3.000 millones de euros al año en productos hortofrutícolas, lo que supone el 5,8% del total del PIB andaluz», lo que «sería impensable sin los trabajadores migrantes».
Jurado, quien reclamaba la paralización del desalojo, ya que algunos de los afectados llevan «más de diez años empadronados en esos asentamientos», ha reclamado tanto al Ayuntamiento de Níjar como a la Junta de Andalucía que «pongan en pie un proyecto de vivienda pública para darle dignidad a estas personas» y poder acabar con el chabolismo «de manera digna».
Del mismo modo, ha apelado a los empresarios agrícolas para que «se hagan cargo también de esto» puesto que cuando los trabajadores españoles van a las vendimias «se les garantiza vivienda» por parte de sus jefes, sentido en el que ve preciso que la patronal se «corresponsabilice» en la financiación de este plan de vivienda.
El parlamentario también ha exigido al Gobierno central un «plan de finalización del chabolismo» con el que acabar «progresivamente» con los asentamientos mediante alternativas habitacionales al tiempo que ha hecho un llamamiento a las organizaciones en defensa de los derechos humanos para conformar un «frente común» que impulse la vivienda pública y la lucha contra la «aporofobia».
