El pleno de la Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha aprobado una moción del PSOE relativa a la compensación a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía del nuevo impuesto al depósito en vertederos de residuos municipales. Dicha moción ha salido adelante con el voto a favor del grupo proponente (PSOE) y Con Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido.
La moción, defendida por el diputado provincial y responsable del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha señalado que este impuesto está cedido a las comunidades autónomas. «Tenemos ejemplos claros como Asturias o Cataluña que han encontrado la forma de devolver el dinero a los ayuntamientos para que puedan hacer inversiones tipo de infraestructura, de servicios de implantación, de recogidas selectivas y las mejoras de los puntos limpios, que son muy necesarios».
Por todo ello, desde el grupo socialista pedimos que «ese dinero que le está llegando al Gobierno andaluz», cuya cantidad ascendió a 94 millones el año pasado y este se prevé que recauden 120 millones, según ha apuntado Domínguez, «se revierta en los ayuntamientos».
Asimismo, el diputado socialista ha señalado que espera que los nuevos miembros de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) «estén en la misma línea que el equipo anterior y por eso le pedimos el apoyo a esta moción que presentamos desde el grupo socialista».
Con respecto a las dos enmiendas presentadas por el grupo Con Andalucía para que haya una implicación tanto de la Junta como con la FAMP, el grupo socialista se ha mostrado a favor de las mismas. Mientras que la enmienda del Partido Popular ha sido rechazada, ya que según ha explicado el diputado del PSOE, «no puedo estar de acuerdo ni la podemos aceptar, porque en la enmienda lo que dice es que la Junta de Andalucía siga estudiando la fórmula, y yo no quiero que se siga estudiando. Yo quiero que se aplique la fórmula que ya tienen dos comunidades autónomas para devolverle el dinero a los ayuntamientos».
Por su parte, el diputado del grupo Vox Rafael García ha subrayado que este debate «ya se produjo en el seno del Parlamento andaluz en la pasada legislatura», y, a su vez ha asegurado que los efectos de la Ley de Residuos y Suelo Contaminado «son nocivos para el funcionamiento municipal», por ello «en su día votamos que no, puesto que es una ley que se basa mucho en la Agenda 2030, con la cual, como ustedes todos saben, mi grupo político no está conforme», ha zanjado.
Desde Con Andalucía, la diputada Josefa Izquierdo ha apuntado que dicha ley es una «clara apuesta por la economía circular, va a suponer un cambio de paradigma», pero «no todo son bonanzas porque como sabemos para los ayuntamientos, para las entidades menores, va a suponer un importante esfuerzo económico, un importante esfuerzo técnico», ha afirmado.
Por tanto, «vemos necesario que el Gobierno de la Junta de Andalucía revierta, como han hecho otras comunidades autónomas, esta financiación en la que quienes van a tener que hacer ese esfuerzo son los ayuntamientos, que son las instituciones que están más cerca de la ciudadanía y las que más incidencia deben tener en cambiar estos hábitos del consumidor», ha concluido Izquierdo.
Por último, el diputado provincial del partido popular Ignacio Fuentes ha recordado que se trata de una ley estatal, «la ley 7/2022 y como todas las leyes de carácter estatal pues tienen un poder ejecutivo que es el que lo realiza, pero tienen obviamente un autor intelectual, es decir, es el Estado», ha matizado. En este sentido, ha señalado como una de las soluciones al debate, «la modificación del artículo 97 de la propia ley, que dice, literalmente, que serán las comunidades autónomas las que cobrarán este impuesto», y por otro, ha apuntado que se le solicite al Gobierno de la nación, que añadan, que se cobren por parte de los ayuntamientos y «estaríamos eliminando cualquier duda al respecto», ha zanjado.
