El grupo socialista del Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL), con la que reclama al Gobierno andaluz del PP que acometa un estudio sobre la posibilidad de «un segundo foco de contaminación» en la zona de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), afectada por las consecuencias de un grave vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.
En concreto, la PNL del PSOE apuesta por la apertura de «un nuevo expediente» por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que estudie y monitorice un segundo foco de contaminación en la zona donde estaban situados los talleres mecánicos que tenía pozos negros a los que vertían sus productos químicos; así como por crear un grupo de trabajo entre el colectivo de afectados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coria.
La propuesta llega después de que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimase uno de los planteamientos de la demanda contenciosa de los afectados, ordenando al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento.
El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta «inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos», ordenando al Ayuntamiento la citada medida. Eso sí, el tribunal no accedía al grueso de las pretensiones vecinales y denegaba ordenar el plan de «realojo» pedido por los vecinos, rechazaba mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos y tampoco aprobaba las pretensiones vecinales en materia indemnizatoria, extremo que el colectivo ha decidido recurrir.
Pendientes de un nuevo estudio
Meses atrás, de otro lado, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aseguraba que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, planeaba acometer «un estudio más exhaustivo» sobre la situación de la barriada Guadalquivir de Coria.
En concreto, la consejera recordaba que en el asunto pesa un informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, con base en las «138 personas» de la barriada Guadalquivir de Coria incluidas en un estudio epidemiológico tras acudir a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017, a cuenta de este asunto.
Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta indica en su informe que en el 79 por ciento de estos casos no consta «atención en consulta posterior a 2018», asegurando que no hay «conclusiones claras desde un punto de vista clínico, acerca del impacto en términos de patología crónica, ni de riesgo a medio o largo plazo, de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio».
Las condiciones de la «relación causal»
«La búsqueda de una relación causal entre la exposición a determinadas sustancias químicas y efectos sobre la salud debe asentarse bien en el conocimiento científico de efectos crónicos comunes asociados a la población expuesta, lo cual se ha evidenciado que no consta; o bien por el conocimiento concreto de la sustancia» origen del asunto, «aspecto que tampoco ha sido determinado con la requerida exactitud», indica el informe de la Dirección General de Salud invocado por la consejera.
Empero, Catalina García señalaba que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, acometerá «un estudio más exhaustivo, para más tranquilidad», al objeto de promover «las actuaciones de investigación que verdaderamente» sean necesarias.
Cabe recordar un informe de fecha 18 de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que respecto a la calidad de los suelos y las aguas subterráneas del entorno de Coria objeto de esta situación, detecta «un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales»; así como «un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas» con «grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir» y un «riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria».
«Riesgo intolerable de exposición al sulfato de dimetilo»
Y es que según dicho informe, «en las muestras analizadas en el interior de las viviendas, se obtiene como conclusión de la evaluación del riesgo de exposición a los compuestos orgánicos volátiles identificados en las mediciones, que el riesgo es moderado para a benceno, tolueno, fenol y 1,2,3-trimetilbenceno, importante para n-hexano e intolerable para sulfato de dimetilo».
Además, el informe recuerda que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas «bajas concentraciones» de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, «con características toxicológicas considerables», señalando que median documentos que «acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir».
En 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla reconocía la «incapacidad permanente en grado total» a uno de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria afectado por esta contaminación, señalando específicamente la «exposición» de esta persona a hidrocarburos como el benceno, el tolueno o el n-hexano, «por encima de los valores aceptables».
