La Junta de Portavoces del Congreso ha fijado para el jueves de la próxima semana, día 30 de mayo, el último debate sobre la proposición de Ley de Amnistía, que fue vetada por el Senado la semana pasada, según han informado fuentes parlamentarias. Para levantar este veto y poder mandar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE), el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios tienen que reunir un mínimo de 176 votos.
Esta norma para amnistiar a los implicados en el proceso independentista catalán nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La iniciativa, cuya aplicación queda ahora en manos de los tribunales, fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no verá la luz hasta más de seis meses después.
Accidentada tramitación de urgencia
Durante su tramitación en el Congreso, el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.
Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.
El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP usó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió retener allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.
Amago de conflicto de atribuciones
Además, el Senado inició los trámites para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que ley suponía una reforma constitucional encubierta, aunque finalmente los populares han desistido de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
Así las cosas, la semana pasada, el Pleno del Senado vetó la ley y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. Este martes la Junta de Portavoces ha fijado para el 30 de mayo su último debate y su aprobación definitiva, y ello requiere reunir a la mayoría absoluta del Congreso, un mínimo de 176 votos, para levantar el veto del Senado.
