La Mesa del Congreso ha rechazado este martes el requerimiento del Senado para retirar la Ley de Amnistía, siguiendo el criterio de los letrados de que no hay cauce legal para ello y que plantear un conflicto de atribuciones sobre ello resultaría «improcedente», y de paso ha pedido «lealtad constitucional» a la Cámara Alta recordando que no puede usurpar funciones del Tribunal Constitucional.
Con la mayoría absoluta del PP, el Senado había enviado un requerimiento al Congreso para que retirase la Ley de Amnistía y, aunque la Cámara baja tenía hasta mayo para responder, la Mesa ha decidido aprobar este mismo martes su respuesta, de acuerdo con los argumentos de los servicios jurídicos.
La respuesta ha salido adelante con el voto de PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa, mientras que el PP ha votado en contra porque entiende que la decisión no correspondía al órgano de gobierno de la Cámara, sino que debía adoptarse en el Pleno, ya que el requerimiento había sido aprobado por el Senado en sesión plenaria.
«Injerencia» del Senado en el Congreso y en el Tribunal Constitucional
El Congreso ha hecho suyos los nueve puntos del informe de los letrados, remarcando que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones «en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos», y que es una «clara injerencia» que el Senado cuestione la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria en el Congreso o el cumplimiento de las normas reglamentarias: «La función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso corresponde en su caso al TC, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales», subrayan.
Además, los letrados indican que «no existe ningún cauce reglamentario» que permita que la Mesa del Congreso pueda paralizar una iniciativa que está en tramitación: «Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara», sostienen.
El informe facilitado a la Mesa del Congreso y recogido por Europa Press concluye que «el conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad».
Un Senado «travestido de Constitucional»
Pero este martes el PSOE ha hecho incluir un décimo punto más político a la respuesta del Congreso, según ha explicado el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, en el que se pide al Senado «lealtad constitucional».
Para el dirigente socialista, el Senado no puede «travestirse en Tribunal Constitucional» para tratar de frenar una iniciativa del Congreso, pues eso es una «deslealtad sin precedentes». A su juicio, el PP está «subyugado» por Vox y se ha convertido en un «partido antisistema» que usa el Senado como herramienta de oposición al Congreso, cuando su labor legislativa es la de una cámara de segunda lectura supeditada a la carrera de San Jerónimo.
Desde el PP consideran que ese añadido del PSOE es un «ataque intolerable» al Senado y acusan a Armengol y a la mayoría progresista de la Mesa de actuar con «arbitrariedad» y de «extralimitarse» asumiendo el encargo de responder a la Cámara Alta, cuando esa decisión sólo corresponde al Pleno del Congreso.
El siguiente paso de este enfrentamiento entre las dos Cámaras del Parlamento es que el Congreso haga llegar al Senado su respuesta, y a partir de ahí la Cámara Alta decidirá su respuesta y si sigue o no adelante con su idea inicial de plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
