El pasado lunes, 3 de junio, una trabajadora marroquí contratada para la campaña de la fresa en Huelva fue repatriada forzosamente a Marruecos a pesar de haber sido diagnosticada con un carcinoma de cérvix y tener prescrito un tratamiento oncológico activo por el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. La decisión de expulsarla fue tomada por la empresa Berrys La Fontanilla, amparándose en el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad (PRELSI) impulsado por la patronal Interfresa.
La trabajadora, con más de siete campañas en el campo onubense y más de 180 días cotizados, contaba con su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en vigor hasta 2028 y cumplía todos los requisitos para acogerse a un proceso de incapacidad laboral temporal y recibir su tratamiento médico en España, como reconoce el Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, en lugar de cursar su baja médica —que le habría permitido continuar en territorio español mientras recibía tratamiento— la empresa le entregó un certificado de fin de temporada, forzando la extinción de su contrato como fija discontinua y facilitando así su expulsión inmediata. Según denuncias de compañeras de trabajo y de colectivos sociales, fue coaccionada por el coordinador del sistema PRELSI para subir a un autobús con destino a Marruecos, contra su voluntad.
Un caso que no es aislado
La Asociación AMIA, junto con otras ONGs y colectivos que trabajan en defensa de los derechos de las temporeras migrantes en Huelva, había denunciado previamente el caso ante la Subdelegación del Gobierno. A pesar de ello, la repatriación se llevó a cabo, dejando a la trabajadora sin posibilidad de iniciar su tratamiento y poniendo en riesgo su vida.
Las organizaciones denuncian que este tipo de actuaciones por parte de la patronal fresera no son hechos puntuales, sino parte de una estrategia sistemática para deshacerse de trabajadoras que enferman o resultan «no productivas», incluso cuando ello implique vulnerar derechos laborales, sanitarios y humanos.
«Una mujer enferma de cáncer ha sido expulsada de este país a pesar de cumplir todos los requisitos legales para quedarse. No por falta de papeles, no por haber hecho nada mal: ha sido expulsada por enfermar», denuncian desde la asociación.
Beneficio económico vs derechos humanos
La expulsión se produce en un contexto de creciente denuncia sobre las condiciones de trabajo de las jornaleras contratadas en origen a través del programa GECCO, que permite a empresas del sector del fruto rojo incorporar trabajadoras extranjeras en régimen de migración circular. Si bien este modelo pretende garantizar derechos y condiciones dignas, organizaciones sociales advierten de que en la práctica los derechos de estas mujeres son sistemáticamente ignorados cuando entran en conflicto con los intereses económicos de las empresas.
La comunidad de temporeras, colectivos feministas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación urgente, la revisión del papel de Interfresa en estos procesos y el establecimiento de mecanismos que impidan que ninguna trabajadora enferma vuelva a ser repatriada como una carga desechable.
