La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales de dicha área a «comprobar» si en los municipios más afectados por la «desastrosa» situación de los incendios forestales cuentan con planes de prevención, al tiempo que les ha emplazado a reclamar responsabilidades penales a quienes tenían la «obligación» de elaborar dichas medidas preventivas y no lo hicieron.
Así consta en un escrito que el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especializada, Antonio Vercher, remitió el pasado lunes a todos los fiscales provinciales de Medio Ambiente.
Vercher considera que «es evidente» que «la situación que en este momento estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios». «De lo contrario no se explica lo que está pasando», señala.
Así las cosas, insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a quienes han tenido la «obligación» de elaborar dichos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta además que, en los casos en los que la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la «administración sancionadora» correspondiente.
El fiscal jefe reconoce que «es evidente» que los incendios forestales «raramente tienen una sola causa y que su complejidad en ocasiones las causas son inabarcables, complicándose además por factores completamente ajenos, tales como son el debate político o por diferentes interferencias extrañas y de distinto tipo, que complican todavía más la situación».
No obstante, subraya que «existe una obligación de objetividad e imparcialidad por parte del Ministerio Fiscal, reconocida en el artículo 124 de la Constitución Española», que les obliga a «tomar en consideración aspectos a los que tradicionalmente, no se ha hecho alusión o simplemente no se han utilizado, pero que no son en modo alguno extraños en una materia que ya es novedosa ‘per se».
Así, recuerda que «la temática ambiental tiene menos de medio siglo de existencia, por más que los incendios forestales estuvieran de antaño en el Código Penal, pero como delitos contra la propiedad». «Nada que ver, por lo tanto, con lo que estamos viviendo en la actualidad», agrega.
Incendios con demasiadas coincidencias
Lo que añade un matiz inquietante es que varios de los incendios se han declarado en territorios donde estaban proyectadas instalaciones fotovoltaicas, de tratamiento de residuos o industriales. Fuentes fiscales consultadas admiten que la investigación no puede obviar estas circunstancias, que se repiten en distintos puntos de la geografía española, y que alimentan la sospecha de que los fuegos no siempre responden a causas fortuitas.
Aunque Vercher advierte de que los incendios «raramente tienen una sola causa» y que suelen concurrir factores naturales, humanos y hasta políticos, también insiste en que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de explorar «aspectos tradicionalmente ignorados» en este tipo de delitos.
Ya había instado a la implementación de Planes de Prevención
Fuentes fiscales precisan que todos los años esta Fiscalía Especializada envía escritos a la red de fiscales delegados para que se adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios. Según recoge la misiva firmada el lunes, el pasado febrero se elaboró el informe anual en el que se reiteró que «la prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala».
En el escrito consta que en ocasiones anteriores el Ministerio Público ha preguntado a los municipios más afectados por los incendios en el pasado si contaban o no con planes de prevención. «En el año 2024, pasado algún tiempo desde esta iniciativa y ante la situación de sequía recurrente, así como las previsibles altas temperaturas y la mala limpieza de los montes, y aprovechando el informe que anualmente prepara esta Fiscalía para la prevención de incendios, se retomó el tema», sostiene Vercher.
El fiscal jefe explica que dicha medida se llevó a cabo con la intención de «comprobar» —«a la vista de la compleja temporada que se avecinaba»— si se adoptaban las prevenciones adecuadas. «Por ello se acordó la imprescindible necesidad de revisar el grado de cumplimiento por parte de los consistorios o entidades obligados por la normativa en vigor al respecto», señala.
Pidió colaboración al Seprona
Según recoge el escrito, la Fiscalía especializada pidió el pasado febrero al Seprona de la Guardia Civil, a los agentes forestales y a la Red de Policía Local que «mediante el uso de drones en zonas de riesgo de incendios» realizasen un «mapeo del territorio y de aquellos puntos que por su orografía, superficie forestal, temperatura y otras variables sean susceptibles de tener un riesgo alto-medio de que estos se produzcan».
Vercher recalca que se reclamaron dichas acciones con la intención de «combatir y prevenir incendios y verificar la existencia de planes de prevención» en los municipios más propensos a sufrir incendios forestales.
Además, el fiscal jefe apunta que ya entonces se instó a los fiscales provinciales a comprobar la existencia de tales planes de prevención en los consistorios de su provincia. También se les emplazó a «estudiar» los casos de incendios producidos en lugares en los que no había medidas de prevención «por falta de iniciativa por parte de la administración competente».
En este sentido, Vercher considera necesario «insistir especialmente en la problemática de los planes de prevención de incendios», a la vista de «la situación desastrosa que se está produciendo en el presente año —a la que no es necesario referirse de manera específica dado que es de dominio público por estar ampliamente cubierta por los medios de comunicación, casi sin excepción—».
Así, recuerda que la Ley de Montes dispone concretamente que «las comunidades autónomas ante el riesgo de incendios forestales elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales».
Una nueva dimensión del problema
Lo novedoso es que, por primera vez, la Fiscalía admite de forma expresa la necesidad de investigar «interferencias extrañas» en el origen y propagación de los incendios, un eufemismo que apunta tanto a negligencias institucionales como a intereses económicos ligados al uso del suelo.
En la práctica, esto significa que, además de la responsabilidad de los ayuntamientos, se analizará si detrás de algunos de los fuegos existen operaciones especulativas para modificar el territorio y facilitar determinados proyectos.
