BRATISLAVA – A medida que la crisis de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea (UE) se acerca a su cuarto año, la represión del activismo en ese país está empeorando la situación de los inmigrantes atrapados en una llamada zona de muerte mientras intentan salir de allí.
Los grupos que trabajan con refugiados afirman que la represión de las ONG en Bielorrusia ha llevado a muchas organizaciones a paralizar su labor de ayuda a los migrantes, dejándoles con una ayuda humanitaria limitada o nula.
Y aunque las organizaciones internacionales que operan en el país prestan algunos servicios a los refugiados, las ONG temen que no sea para nada suficiente.
«Ha habido elevados niveles de violencia contra los refugiados por parte de los guardias fronterizos desde el comienzo de esta crisis», dijo a IPS Enira Bronitskaya, activista de derechos humanos de la ONG bielorrusa Human Constanta.
«Pero lo que ha empeorado es que antes había más gente dispuesta a ayudar a estos refugiados en Bielorrusia, pero ahora prácticamente no hay nadie que ayude, ya que el activismo puede ser castigado penalmente en el país», detalló Bronitskaya, quien se vio obligada a abandonar su país y ahora opera desde Polonia, el vecino que funge como frontera de la UE.
Desde el comienzo de la crisis de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y la UE, en el verano boreal de 2021, grupos de derechos humanos han denunciado las brutales expulsiones de refugiados por parte de guardias a ambos lados de la frontera.
Algunos han acusado al gobierno de Minsk de fabricar la crisis como respuesta a las sanciones de la UE.
Afirman que las autoridades bielorrusas organizan activamente, animan e incluso obligan a los migrantes a intentar cruzar la frontera, pero al mismo tiempo sancionan el trato violento y degradante a esos mismos migrantes por parte de los guardias fronterizos.
Pero otros también han planteado problemas con lo que dicen que son métodos igualmente violentos e inhumanos utilizados por los guardias fronterizos de la UE en Polonia, Letonia y Lituania contra esos mismos migrantes, así como violaciones sistemáticas de sus derechos a solicitar asilo.
«Estas personas son objeto de numerosas formas de violencia, tanto por parte de los guardias fronterizos bielorrusos como de los polacos», dijo a IPS Bartek Rumienczyk, de la ONG polaca We Are Monitoring (WAM, en inglés) .
«Hemos visto moratones, ojos morados, dientes destrozados tras golpes, patadas o impactos con la parte trasera de rifles, irritación de la piel y los ojos tras ser rociados con gas pimienta y marcas de dientes tras mordeduras de perro», explicó la integrante de WAM, que ayuda a los inmigrantes que llegan a Polonia desde Bielorrusia.
Añadió que «también les decimos que tienen derecho a pedir protección internacional en Polonia, pero en la práctica los guardias fronterizos suelen ignorar estas peticiones. Hemos sido testigos de numerosas situaciones en las que personas pedían asilo en nuestra presencia y aun así eran devueltas a Bielorrusia».
Estas prácticas dejan a la gente varada entre las dos fronteras en condiciones terribles. Algunos trabajadores humanitarios lo describen como una zona de muerte.
«Los refugiados que consiguen pasar (a la UE) hablan de la zona de la muerte entre las vallas de la frontera de la UE y las alambradas de púas del lado bielorruso y los guardias fronterizos que no les dejan volver a Bielorrusia. Por tanto, se quedan atrapados allí», explicó a IPS Joanna Ladomirska, coordinadora médica en Polonia de Médicos Sin Fronteras (MSF).
«Esta zona de la muerte se extiende a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y la UE, y es enorme, tal vez decenas de miles de kilómetros cuadrados, y nadie sabe cuántas personas pueden haber muerto allí, o pueden estar allí necesitando tratamiento. Mi preocupación es que nadie tiene acceso a esta zona, ni las ONG ni nadie», añadió.
Se sabe que al menos 94 personas han muerto en la zona fronteriza desde el comienzo de la crisis, según la investigación de Human Constanta, aunque se cree que son muchas más las que podrían haber perdido la vida.
Los que consiguen cruzar la frontera resultan invariablemente heridos, algunos de gravedad.
El agotamiento, la hipotermia y las afecciones gastrointestinales debidas a que los migrantes se han visto obligados a beber agua de pantanos o ríos son comunes, mientras que casi un tercio de ellos tiene pie de trinchera, y muchos han sufrido heridas graves por las alambradas de cuchillas y de espino.
A algunos también han tenido que amputarles partes de las extremidades debido a la congelación, según los grupos de ayuda que les prestan asistencia médica.
Aunque tanto las organizaciones internacionales como las locales siguen trabajando para ayudar a los migrantes en la parte de la frontera de la UE, esta labor es mucho más limitada en el lado bielorruso, dicen quienes trabajan directamente con los migrantes.
Desde las protestas masivas que siguieron a su reelección en 2020, el autocrático presidente bielorruso Alexander Lukashenko, ha aplicado una amplia represión de la disidencia. Esto ha supuesto, entre otras cosas, la persecución generalizada de trabajadores de la sociedad civil.
Muchas ONG, incluidas algunas que antes ayudaban a los migrantes, se han visto obligadas a cerrar, con lo que solo queda un puñado de grandes organizaciones internacionales que hacen lo que pueden por los migrantes.
Sin embargo, han surgido dudas sobre la eficacia de sus operaciones.
«Hay organizaciones internacionales como el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) que colaboran con la organización, pero la Cruz Roja bielorrusa solo distribuye paquetes de alimentos en determinadas zonas; no es un suministro regular ni estable», explicó Bronitskaya.
«Básicamente, no hay nadie que les preste la ayuda que necesitan. Es muy posible que haya incluso más muertes que antes», añadió.
Pero no solo los que están atrapados entre las fronteras tienen dificultades para recibir ayuda.
Cualquiera que no consiga entrar en la UE y se encuentre de vuelta en Bielorrusia es clasificado como inmigrante irregular, no puede acceder a la asistencia sanitaria ni a las prestaciones, y no puede trabajar legalmente.
Muchos se hunden rápidamente en la pobreza, viven con el miedo constante a ser descubiertos por las autoridades de inmigración y son vulnerables a la explotación. Algunos trabajadores humanitarios contaron a IPS que habían oído hablar de migrantes en Minsk y otras ciudades bielorrusas obligados a recurrir a la prostitución para pagar su manutención.
Ante tales problemas, muchos deciden que no tienen más remedio que volver a intentar la travesía a pesar de los riesgos.
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Las organizaciones humanitarias y los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que los gobiernos de los países de la UE y de Minsk deben cumplir su obligación de proteger los derechos de estos emigrantes.
«No es el mejor enfoque de la situación que la UE dificulte o impida cruzar su frontera construyendo muros o poniendo barreras legales, ni tampoco es bueno que Bielorrusia cree una situación en la que la gente se quede varada», dijo a IPS Normal Sitali, responsable de operaciones médicas en Bielorrusia de MSF.
A su juicio, «debe haber acceso sin trabas a la zona fronteriza para que las organizaciones humanitarias independientes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil puedan responder a la grave situación que allí se vive».
«Los gobiernos deben garantizar el acceso de estas personas a la asistencia sanitaria para que las organizaciones internacionales no tengan que proporcionarla y pagarla; también deben estudiar la protección legal para ellos; y deben examinar cómo se puede garantizar a estas personas el espacio y la protección para reclamar sus derechos como individuos mientras están en tránsito», subrayó.
MSF, que ayudó a miles de migrantes durante la crisis, dejó de prestarles servicios el año pasado tras decidir que las necesidades médicas de los migrantes eran mayores que su necesidad de protección y apoyo jurídico, que, según MSF, solo pueden proporcionar organizaciones especializadas con conocimientos específicos.
Pero hay quien duda de que la situación vaya a mejorar pronto, dadas las tensas relaciones políticas entre Bielorrusia y la UE.
«Los gobiernos tienen que hacer algo, pero la situación política complica las cosas. Los gobiernos de la UE no negociarán con Lukashenko debido a la represión que sufre Bielorrusia. A menos que se produzca algún cambio significativo, nada va a mejorar», planteó Bronitskaya.
Sin embargo, otros tienen esperanzas de un cambio.
Funcionarios del nuevo gobierno que llegó al poder en diciembre del año pasado en Polonia, han afirmado que el número de expulsiones ha disminuido bajo la nueva administración y han declarado que se está elaborando una nueva política de fronteras y migración que dará prioridad a la protección de los derechos humanos.
En Varsovia también se están elaborando planes para que las fuerzas fronterizas creen grupos especiales de búsqueda y rescate para detener las crisis humanitarias en las fronteras del país, han asegurado.
«Como país europeo, Polonia debe respetar la legislación europea sobre derechos humanos y proporcionar a las personas acceso a la seguridad. Para ello no es necesario negociar con el régimen bielorruso», dijo Ladomirska.
«Espero que con el nuevo gobierno polaco algo cambie. Estamos hablando con ellos; el cambio es factible, y con el nuevo gobierno, hay una oportunidad para ese cambio», concluyó.
