RÍO DE JANEIRO. Los indígenas son muy pocos en Brasil, solo 0,83 % de la población nacional, y vulnerables. Pero la fuerza creciente de su presencia y de su legitimidad como protagonistas se manifiesta todos los años en abril.

El Campamento Tierra Libre (ATL, en portugués) reunió cerca de 9000 representantes de «200 pueblos que vinieron de todos las regiones y biomas de ese territorio brasileño» del 22 al 26 de abril en Brasilia, según la «Declaración urgente de los pueblos indígenas de Brasil», divulgado al final del encuentro.

«Nuestro marco es ancestral, estuvimos siempre acá» fue la consigna de la manifestación, en protesta contra la llamada ley del Marco Temporal, que limita la demarcación de territorios indígenas a las tierras que estaban ocupadas por los demandantes el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución nacional.

Es la «ley del genocidio», definieron los líderes del campamento a la norma legal aprobada por el Congreso el 27 de septiembre de 2023, en contraposición al Supremo Tribunal Federal (STF) que, una semana antes, la había reconocido como inconstitucional.

«La manifestación une los pueblos indígenas y sigue una tradición, que sirve de ejemplo a otros sectores de la sociedad»

Marcio Santilli

La Constitución asegura a los indígenas «los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan» y que son «necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones». Al Estado le toca demarcarlas y protegerlas.

El antagonismo entre los poderes involucra también al Ejecutivo, ya que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó las disposiciones legales que imponían el marco temporal, pero su veto resultó anulado por senadores y diputados conservadores, en gran parte de extrema derecha de la llamada “bancada ruralista”, vinculada al agronegocio de exportación.

La declaración del Campamento Tierra Libre reclama del STF una urgente confirmación de inconstitucionalidad del marco temporal, para contener la ola de violencia desatada contra los indígenas. Dice temer que «se acobarden» las autoridades, especialmente los jueces supremos.

Derechos bajo riesgo

Tras cuatro décadas de ascenso del movimiento indígena, de rescate de sus identidades y reconocimiento de su papel nacional y ambiental, los pueblos originarios enfrentan una ola adversa, impulsada por la extrema derecha, de que el marco temporal hace parte.

La afirmación étnica y de los derechos registró un empuje nacional en los años 70, cuando los pueblos indígenas sufrían el genocidio estimulado por la dictadura militar de 1964 a 1985, en su estrategia de avance económico al oeste y en la Amazonia.

Grandes proyectos hidroeléctricos, largas carreteras y la colonización agrícola de tierras consideradas vacías de gente provocaron masacres y epidemias que diezmaron numerosos grupos indígenas, también directamente asesinados por expediciones de exterminio.

Pero ya había organizaciones sociales, como el católico Consejo Misionero Indigenista, grupos de antropólogos y la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai, ahora de los Pueblos Indígenas en lugar del indio) en defensa de los pueblos originarios, que empezaban a organizarse localmente y nacionalmente.

Ese movimiento incipiente y todavía disperso logró la movilización necesaria para influir en la elaboración de la Constitución nacional de 1988, para definir y fijar derechos, especialmente los territoriales, que aseguran desde entonces las crecientes conquistas obtenidas en justicia, la salud, educación y cultura.

El orgullo de ser indígena se refleja en el crecimiento de su población en los censos. En Brasil se considera el color o la etnia declarada por el propio entrevistado en el censo.

Se declararon indígenas en el censo nacional de 2022 exactamente 1 693 535 personas en un país de 203 millones de habitantes. Eso representó un aumento de 88,8 % sobre el conteo anterior, de 2010, cuando ellos se limitaron a 896 917.

El aumento sorprende desde el primer censo en que aparecen con identidad propia, el de 1991. Eran solo 294 131, es decir, casi sextuplicaron en 31 años. No se trata solo de fecundidad o reducción de la mortalidad, la mayor parte se debió a la reafirmación de las identidades indígenas por gente que antes ocultaba su condición étnica.

Uno de los fundadores de la Unión Nacional de los Indígenas de Brasil (Uni, formalizada en 1980), Marcos Terena, se presentaba como japonés en su adolescencia, como forma de eludir burlas y el racismo.

Otro fundador, Ailton Krenak, tuvo papel destacado para la inclusión de los derechos indígenas en la Constitución y se eligió en octubre de 2023 como el primer indígena miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su libro Ideas para aplazar el fin del mundo obtuvo gran repercusión.

La crisis climática fortaleció la legitimidad de los pueblos originarios como guardianes de la naturaleza. Ellos suman solo 5 % de la población mundial, pero sus territorios acogen 82 % de la biodiversidad planetaria, buena parte en la Amazonia, destaca la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajara.

Declive de demarcación de tierras 

La Constitución aceleró la demarcación de los territorios. Desde entonces se demarcaron 448 de las llamadas Tierras Indígenas (TI), en un total de 511 que tuvieron su proceso concluido, según el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental que tiene un gran acervo de datos de esa población y publica sus actualizaciones periódicamente.

Esas TI ocupan 13,8 % del territorio nacional de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.

Aún quedan 255 áreas identificadas como indígenas, pero en distintas fases del proceso de demarcación a cargo de la Funai, que exige estudios antropológicos, debates abiertos a los afectados, fijación de los límites y trámites administrativos hasta la homologación por el presidente de la República.

La Constitución también abrió paso a conquistas como la Secretaria Especial de Salud Indígena, creada en 2010, para una asistencia más adecuada a esa población, y el Consejo Nacional de Política Indigenista, con mayoría de representantes indígenas, para formular políticas hacia esos pueblos.

En octubre de 2022 se eligieron dos diputadas indígenas. Antes solo se había elegido un diputado indígena, en 1982.

Lula, elegido presidente por el izquierdista Partido de los Trabajadores, creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por una lideresa indígena, Sonia Guajajara, y por primera vez la Funai es presidida también por una indígena, Joenia Wapichana.

Pero ese protagonismo político ocurre tras cuatro años del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro (2019-2022) que debilitó la Funai y otros instrumentos, incluso legales, de ejecución de políticas indigenistas. Es el único presidente desde la redemocratización del país en 1985 que no homologó ninguna TI.

Estimuló, además, la invasión de las TI existentes por la minería informal (el garimpo) y otras actividades destructivas, como la extracción de madera. El resultado es la contaminación de los ríos por el mercurio usado por los mineros, enfermedades neurológicas y epidemias de malaria.

El milenario pueblo yanomami, en el extremo norte en la frontera con Venezuela, sufrió la mortandad de mayor repercusión, especialmente de niños, por las enfermedades y el hambre generado por la destrucción de su modo de vida. Varios ríos amazónicos acumulan una peligrosa contaminación por mercurio.

Además Bolsonaro representó un ascenso de la extrema derecha que no se desmovilizó con su derrota en su intento de reelección en 2022, sino que se fortaleció en el Congreso y en los gobiernos de estados importantes, como São Paulo y Minas Gerais.

En ese contexto tuvo lugar el vigésimo Campamento Tierra Libre, con desafíos que tienden a estancar, o incluso retrotraer, el movimiento por derechos indígenas.

Durante sus anteriores ocho años de gestión (2003-2010), Lula, por ejemplo, no pudo cumplir la promesa de homologar las 14 TI que tenían todo el proceso concluido y que él prometió validar en sus primeros meses del gobierno iniciado en enero de 2023, pero solo homologó diez hasta ahora.

Dejó cuatro pendientes de negociaciones con otras autoridades, como los gobernadores de los estados involucrados.

Los líderes del Campamento indígena se reunieron con Lula y dirigentes de otros poderes en Brasilia, para presentar los 25 reclamos del movimiento, especialmente la demarcación de tierras y fortalecimiento del ministerio y órganos indigenistas. Al parecer comprendieron las limitaciones del Poder Ejecutivo en la actual coyuntura.

«El ATL reveló madurez, al cuestionar el presidente y los ministros, comprendió los límites del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la FUNAI. Además la manifestación une los pueblos indígenas y sigue una tradición, que sirve de ejemplo a otros sectores de la sociedad», evaluó Marcio Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental, para IPS por teléfono desde Brasilia.