GINEBRA – Las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud en las plantaciones de abacá en Ecuador deben recibir recursos legales y reparación en los juicios en curso, expusieron expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas en esta ciudad suiza.
Los juicios «son una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas», y la empresa Furukawa Plantaciones C. A. «debe rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos, y debe concederse una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas», dijeron los relatores.
Además, «las personas defensoras de los derechos humanos deben ser protegidas en lugar de ser intimidadas», señaló la declaración de los expertos.
Ellos son los integrantes del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, Robert McCorquodale (presidente relator), Fernanda Hopenhaym, Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi y Elzbieta Karska, quienes actúan como expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Con ellos, suscriben la declaración Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; Farida Shaheed, relatora sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, sobre el derecho a la alimentación, y Pedro Arrojo-Agudo, relator sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Consideraron que «es alentador ver que Furukawa Plantaciones C.A. está rindiendo cuentas en dos juicios pioneros sobre denuncias de trabajo en régimen de servidumbre y trabajo forzoso».
«Más de 330 personas trabajadoras de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos (noroeste de Ecuador) habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves de derechos humanos en el contexto de la producción de abacá durante más de 60 años», señalaron los expertos.
El abacá (Musa textilis), de la familia de las musáceas, es una planta originaria de Filipinas que se cosecha por su fibra, empleada en la fabricación de papel moneda y otros papeles, filtros, cordajes, sombreros, redes, pantallas, y como sustituto de la fibra de vidrio en aplicaciones de la industria automotriz.
Después de Filipinas, Ecuador es el segundo productor mundial, con exportación cercana a unas 10 000 toneladas anuales, principalmente cultivadas en unas 23 plantaciones que suman 2300 hectáreas en manos de Furukawa, una compañía de capital japonés que se instaló en el país sudamericano hace 60 años.
Desde hace años, los trabajadores apoyados en organizaciones sociales y de derechos humanos iniciaron querellas contra la firma, sosteniendo que durante generaciones trabajaron en campamentos de Furukawa en condiciones similares a la esclavitud.
Cientos de familias trabajadoras soportaron condiciones de salarios mínimos, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados como electricidad o agua potable, educación, salud —una cinta de la fibra puede ser tan cortante como una navaja—, saneamiento y otras violaciones de sus derechos.
Muchos miembros de la comunidad, incluidos niños, tienen problemas de salud crónicos, en parte debido al polvo liberado por la fibra de abacá al secarse, que penetra en sus vías respiratorias y pulmones.
Los expertos en derechos humanos de la ONU recordaron que en una sentencia del 15 de enero de 2021, un tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de trabajo en Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación de varios derechos legalmente establecidos.
Entre ellos, el derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre, el derecho a la salud, la vivienda y la educación, y asentó que tanto el Estado ecuatoriano como Furukawa Plantaciones eran responsables.
El tribunal les ordenó aplicar medidas de reparación. En apelación, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa, pero exoneró al Estado ecuatoriano.
Un año después, cuando la Corte Constitucional de Ecuador decidió revisar el caso de oficio, las personas trabajadoras de Furukawa Plantaciones habrían seguido sufriendo acoso y represalias por parte de la empresa por pedir justicia, además de vivir en condiciones extremadamente precarias, según los expertos.
El pasado 9 de abril, la Corte Constitucional inició una audiencia de revisión sobre la supuesta omisión del Estado ecuatoriano, la responsabilidad directa de la empresa y el deber de pagar reparaciones. Se espera su veredicto en las próximas semanas.
Paralelamente, se espera que el Tribunal Penal de Santo Domingo decida el 20 de junio de 2024 si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales basadas en los abusos de derechos humanos que presuntamente cometió, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.
Los relatores de la ONU también pidieron a Ecuador que sea más eficaz en la prevención de las formas contemporáneas de esclavitud, reforzando sus leyes y normas, y garantizando que se realicen inspecciones laborales periódicas y efectivas, especialmente en los sectores económicos de alto riesgo.
Finalmente, dijeron que “estamos impresionados por el valor y la resistencia de la comunidad, las personas defensoras de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil que han luchado por sus derechos a pesar de las presuntas intimidaciones, amenazas y chantajes”.
