Juana Rivas, condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 e indultada parcialmente por el Gobierno, ha manifestado este martes que su hijo Daniel, que acaba de cumplir once años, «va a seguir» con ella en España, toda vez que días atrás, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, en funciones de guardia, suspendía provisionalmente la orden de restitución que la Corte de Apelación de la localidad italiana de Cagliari había emitido respecto a este hijo de Rivas; para que regresase junto a su padre, el italiano Francesco Arturi, nuevamente denunciado por Rivas por presuntos delitos de coacción a testigo y de amenazas a dicho menor y procesado por ello.
En un vídeo difundido por el despacho de abogado que la representa, Juana Rivas ha agradecido «el apoyo y la ayuda» a los «amigos, familiares y personas a pie de calle» que respaldan su lucha, así como «a las personas que están detrás de las instituciones y que han escuchado a Daniel, que necesita ser ayudado».
«Esas buenas personas han hecho posible que ocurra esto», ha dicho respecto a la mencionada decisión del Jugado de Instrucción número cuatro, de suspender la orden de restitución que la Corte de Apelación de la localidad italiana de Cagliari había dictado para que el menor retornase a dicho país con su padre, procesado por presuntos delitos sobre sus hijos.
Así, Juana Rivas ha lanzado un mensaje de «tranquilidad», porque «Daniel Va a seguir aquí» en España con ella. «Se ha quedado de verdad», ha dicho explicando que el menor cumplió once años de edad este pasado lunes y que ella mantendrá su «lucha» para que sus dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad y también en España, gocen de «una vida fuera de violencia».
#juanasomostodas
#juanasomostodas fue el hashtag de una campaña de apoyo a la madre granadina que se inició en 2017 y ha ido acompañando al caso de Juana Rivas a lo largo de todos estos años. Organizaciones civiles y colectivos feministas de todo el país han vuelto a lanzar una nueva convocatoria con este lema para hoy, martes 14 de enero. Más de 20 ciudades: Alicante, Asturies, Badajoz, Boltaña, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Eibar, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Prats de Lluçanes, Salamanca, Segovia, Santa Coloma de Gramanet, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza, se han movilizado en una campaña común con manifestaciones y concentraciones por todo el país.
Esta vez, la convocatoria suma el hashtag #danielsequeda en referencia al hijo menor de Juana Rivas, porque explican que «ningún menor debe volver con su agresor». Dicen exigir «justicia real» frente a un sistema que sigue desprotegiendo a mujeres y menores, “Volvemos a tomar las calles contra la impunidad y la violencia”. Paqui Fuillerat, portavoz de la plataforma Plataforma 8M/25N contra la Violencia de Género de Granada, señala a El Salto Andalucía que esta convocatoria es también «un agradecimiento a las madres protectoras que están mostrando un gran apoyo a la causa de Juana a pesar de estar viviendo en primera persona situaciones terribles».
Por su parte, la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas y sus hijos , que aglutina a diferentes asociaciones y plataformas, ha iniciado una campaña para recabar testimonios de personas que tuvieron experiencias de maltrato en su infancia con el lema «Escuchen a Daniel y Gabriel: Tu voz puede marcar la diferencia».
La cuenta del proyecto social y educativo El Latido de las Mariposas , iniciado por Itziar Prats, madre de Nerea y Martina, asesinadas por su padre en un caso de violencia vicaria, e Isabel Gallardo, ha respaldado esta campaña en redes sociales para exigir la escucha de los hijos de Juana y Francesco a las autoridades españolas recordando la Violencia Vicaria como «aquella que utiliza el agresor por medio de sus hijos e hijas para dañar a la madre y por tanto, Violencia de Género» y advirtiendo que las instituciones no escucharon en su caso las amenazas directas contra las menores ni sus testimonios, algo que «produce una indefensión inmensa que haría reaccionar a cualquier persona que quiera protegerlos de una agresión» y que «aunque el Estado Español ha reconocido su error, nada se puede hacer por ellas».
También la diputada andaluza por Granada, Alejandra Durán (PODEMOS) ha sido la cara visible del apoyo morado a esta campaña. Junto con un grupo de militantes y simpatizantes, la parlamentaria acompañó al movimiento feminista para solicitar «que se aplique la ley» para que un menor no «se encuentre junto a un maltratador» y para que «todas las instituciones protejan a Daniel».
¿Qué ha pasado recientemente?
El equipo jurídico de Juana Rivas acaba de anunciar que hoy martes, 14 de enero, ha recusado a la jueza Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2, por “impulsar y consentir la redacción de un manifiesto firmado por un grupo de jueces que cuestionan la crítica pública del abogado de Juana Rivas sobre las actuaciones judiciales de la magistrada en el caso”. También han instado a la recusación de Jueza Cristina Cueto, que ha tenido participación en las Diligencias de Investigación del caso de Juana Rivas, firmante del citado manifiesto, según la consideración de Carlos Aranguez, «consideran que ambas magistradas han perdido su imparcialidad y deben ser sustituidas».
El pasado lunes, el juez Piñar, responsable en su momento del Juzgado de lo Penal nº1 de Granada que dictó sentencia de cinco años por sustracción de menores contra Juana Rivas, fue citado a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Granada en relación a una denuncia por falso testimonio y atentado contra la intimidad presentada por el equipo jurídico de Juana Rivas por «dar hasta tres versiones diferentes sobre unas manifestaciones referentes al procedimiento de Rivas». El magistrado, ya jubilado de forma anticipada, está pendiente de otra acusación de delito de odio por sus manifestaciones en redes sociales en un procedimiento del Juzgado de Instrucción nº 8 de Granada.
Este mismo lunes 13 de enero, el equipo jurídico de Juana Rivas comunicó que la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 de Granada desestimó el recurso interpuesto por Rivas respecto a la denuncia que formularon ella y su hijo mayor Gabriel contra su padre, acusándolo de amenazas, coacciones y mensajes intimidatorios. La jueza considera que «no se desprende de los mensajes, en el contexto que se profieren, que contengan un contenido que pueda generar el menoscabo psíquico que refiere la parte recurrente, al carecer de contenido intimidatorio alguno», según figura en el auto. Ahora les queda por conocer el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Granada ante la que presentaron otro recurso que según Carlos Aranguez, abogado de Juana, «se puede pronunciar en un par de meses».
Esta denuncia por parte de Juana y su hijo fue presentada el 23 de diciembre, después de la llegada de Daniel Arcuri Rivas para pasar las fiestas de navidad con su madre y su hermano mayor. Previamente, a principios de diciembre, llegaba a España la noticia de que la Fiscalía italiana acusaba al ex marido de Juana Rivas de violencia física, vejaciones y amenazas a sus hijos y un auto de la fiscalía italiana que describía que el padre de los menores, «les daba golpes en la cabeza, bofetadas y golpes en distintas partes del cuerpo, empujándoles contra la pared o tirándoles con fuerza al suelo, estrangulando su cuello con las manos hasta impedir la respiración» y que por ello ha generado en sus hijos «graves estados de ansia y temor por su seguridad». Además Gabriel Arcuri Rivas, el hijo mayor de edad que eligió vivir con su madre hizo público un vídeo en el que explicaba que conoce a su padre y «sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro».
A principio de este 2025, una campaña mediática a nivel estatal pedía protección para Juana y sus hijos, especialmente para Daniel que el día 8 de enero tenía que volver con su padre al que según el equipo jurídico de Juana, «le tiene un miedo terrible, teme por su propia vida si vuelve a Italia con él y pide ayuda para poder quedarse a vivir en España con su madre y hermano». Después de que el caso pasara por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Granada y este se inhibiera en el Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 de Granada que lo archivó por periodo vacacional de la magistrada titular, Juana Rivas envió escritos a la Fiscalía Provincial y al Juzgado de Guardia de Granada.
La Fiscalía a su vez remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada, que se encontraba de guardia, para solicitar que se escuchara a Daniel. Fue entonces como, por primera vez, una jueza española escuchó al menor y dado que su testimonio le pareció lo suficientemente «serio y convincente en la expresión de la situación de temor por su seguridad y peligro extremo para su integridad física que siente padecer en caso de retorno con su padre a Italia», emitió medidas cautelares de suspensión de la entrega del menor a su padre en Italia, de forma temporal, inhibiéndose en el Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2. Éste, rechazó esa inhibición alegando que el procedimiento no era de su competencia por tratarse de un presunto delito de violencia doméstica y no de género y que por el mismo motivo no se pronunciaba respecto a las medidas de protección al menor.
Mientras, Daniel ha cumplido once años en tierras granadinas y sigue en territorio español aunque el equipo jurídico del padre ha acusado a Juana Rivas de intentar «sustraer de nuevo» al menor de ellos y ha dicho a través de sus abogados que la única autoridad judicial competente para decidir sobre la custodia del niño es la Corte de Apelaciones de Cagliari.
Críticas a la judicatura
A la nota de prensa emitida por Carlos Aranguez después del rechazo del caso por parte de la jueza titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 en el que este señalaba con nombre y apellidos a la magistrada que «archivó la denuncia que cursó Juana Rivas cuando llegó a España en 2016 desde Italia, huyendo de su maltratador», actuación que calificó como de «lamentable error judicial» que propició el ahora conocido caso Juana Rivas, siguió un escrito firmado por 103 titulares de diferentes Juzgados de Violencia sobre la Mujer de todo el país que consideraron estas declaraciones del equipo jurídico de Juana como «un desprestigio ya no sólo directo de la compañera contra la que se dirige el ataque, sino en general, contra todos los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, respecto de quienes se pretende generar la duda acerca de su capacidad y cualificación profesional, para someter al escrutinio público cuestiones estrictamente jurídicas que pasan a ser debatidas en tertulias televisivas, radiofónicas, redes sociales, con opiniones de toda índole, y que muchas veces rozan la frivolidad, olvidando la importancia de las cuestiones que en definitiva se debaten, cuales son la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores». Este es el escrito por el que hoy el abogado de Juana Rivas, Carlos Aranguez, ha pedido la recusación de dos juezas granadinas como explicábamos anteriormente.
A ese comunicado siguió una respuesta emitida por la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional con diferentes reflexiones en la que defendían que «la crítica (con fundamento) a determinadas actuaciones de Jueces o Juezas, lejos de generar desconfianza en el sistema judicial español especializado en violencia de género, lo que hace es reforzar el buen funcionamiento del mismo, eso sí, siempre y cuando, tales críticas sean percibidas por dichos Jueces y Juezas como parte del lógico funcionamiento de una sociedad democrática, madura y moderna, y no como un ataque al conjunto del sistema judicial que requiere de una férrea respuesta corporativa».
Gabriel y Daniel
Los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri llevan ocho años lidiando con un largo proceso judicial que ha terminado para Gabriel con la mayoría de edad, ha elegido vivir con su madre en Maracena, y sigue con el menor, Daniel. Su parecer estos días ha cambiado el curso del caso, pero ¿A qué precio?
Mayte Rodriguez, Psicóloga de la asociación ‘Damos la cara contra la violencia de género’ comenta que en su asociación están atendiendo desde los últimos años cada vez más a víctimas de violencia vicaria” y que su experiencia como psicóloga atendiendo a estas niñas, niños, adolescentes y a sus madres, o en la colaboración como entrevistadora en la investigación realizada por la Asociación de Mujeres Psicología Feminista ‘Las hijas e hijos también cuentan. Estudio para la identificación y sensibilización de la violencia ejercida en hijos e hijas víctimas de violencia de género institucional’, «he podido comprobar que estas niñas y niños crecen y responden, algo con lo que no cuentan los maltratadores».
Mayte explica que esa etapa de la preadolescencia y adolescencia es contestataria por definición, «y las criaturas se empiezan a rebelar contra una situación que les resulta injusta e impuesta con las herramientas que poseen: se niegan a verse con el maltratador, se enfrentan a él, se escapan de casa cuando hay custodia paterna, pierden el miedo a hacer grabaciones de las amenazas, las agresiones o los abusos, acuden a comisaría después de algún episodio, se autolesionan o intentan suicidarse, llamando así la atención del entorno». En la experiencia de Mayte, «Aquellas y aquellos que tienen la posibilidad de mantener el vínculo y la relación, por pequeña que sea, con sus madres, terminan volviendo con ellas sí o sí».
Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en victimología y violencia de género, señala que en el caso de los hijos de Juana y Francesco no se da tanto un problema de competencia sino de carencia de análisis de la situación real de los menores. Considera que es comprensible que el padre quiera que el menor vaya a Italia por temas de defensa, pero «es el juzgado donde ahora mismo está el menor el que adopta una medida de urgencia para la protección del mismo». Para Amparo, la gravedad del caso reside en la tardanza del sistema judicial español en profundizar y analizar la situación de estos menores y protegerlos, «algo que, por desgracia, sucede en España con mucha frecuencia».
