La publicación este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden que abre paso al uso de las empresas privadas de la sanidad pública. El documento recoge que: «La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación».
La medida, que se hará efectiva este próximo viernes, pone al servicio de las empresas privadas una serie de tarifas para disponer de las instalaciones y los servicios públicos. En los precios que refleja la orden encontramos que las consultas de atención primaria tendrían un coste de 65 euros y las estancias médicas durante una semana 215 euros diarios. En el anexo se hace público el precio establece para más de 50 tipos de servicios sanitarios. Desde la colonoscopia, que tendría una tarifa de 153,70 € o la amputación del dedo de un pie que tendría un coste de 1.170,96 €. Esta tarifación de convenios y conciertos con empresas privadas está suscrita por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Se trata de una medida histórica en Andalucía, ya que hasta ahora no había una regulación ni la apertura al uso por parte de entidades privadas de instalaciones de sanidad públicas. Con este anuncio, el gobierno andaluz y las empresas privadas tendrán un marco legal propicio, por el hecho de que pone en práctica la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en cuyo artículo 73 habla de que «la colaboración de la Administración Sanitaria con la iniciativa privada se instrumentará a través de los convenios singulares de vinculación y de los conciertos sanitarios. En cuanto al régimen jurídico de dichos conciertos y convenios, establece que se regirán por sus propias normas con carácter preferente».
La orden sigue las mismas líneas que las anunciadas por algunos medios hace unas semanas cuando se hizo público el borrador de esta información oficial. La orden comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta, sin embargo, pasó desapercibido a nivel político y mediático ante la época estival.
La normativa se ha publicado de manera intacta a pesar de la respuesta de los grupos de oposición que llevan semanas anunciando su negativa a esta decisión. La portavoz de ‘Por Andalucía’, Inma Nieto, señala a Moreno Bonilla la «aplicación del rodillo de su mayoría absoluta» y considera que es el «ataque más grave que se le ha infligido a nuestro servicio andaluz de salud» cree que la decisión del gobierno andaluz «genera una expectativa de beneficio para las empresas privadas a costa amenazando a las condiciones laborales de nuestro personal sanitario público».
Con la puesta en marcha de esta orden se hace tangible una de las peores noticias que se le podía dar al sistema público de sanidad en Andalucía, que ya cuenta con el colapso de la atención primaria, la precariedad de sus trabajadoras, la falta de personal y la desaparición de centros de atención primaria en pueblos y barrios marginalizados por las instituciones.
