por Aurora Báez Boza.
Durante todo el mes de marzo está abierto el período de escolarización en Andalucía para el próximo curso lectivo 2024/2025. Un curso en el que, según denuncian sindicatos como USTEA, el gobierno andaluz proyecta que empiece con la supresión de 600 aulas de la educación pública en todos sus niveles.
Unas supresiones que son comunes, y se identifican en el período de escolarización, desde la llegada al gobierno de la comunidad de Juanma Moreno Bonilla. Desde 2019 la educación pública ha perdido un total de 2 600 grupos si se produce este último recorte en el curso 2024/2025, según los datos recabados por USTEA.
Ha habido tiempo para planificar y establecer prioridades y, sin embargo, faltan menos de diez días para que empiece el curso y el profesorado seguimos enfangados en instrucciones confusas y desconociendo dónde va el dinero. La elección que parece que nos plantea esta situación es asumir contagios y muertes, que no queremos, o recortar en educación pública, que tampoco queremos.
El sindicato educativo explica que entre esas pérdidas se encuentra el cierre «de varios centros públicos completos: una escuela infantil y tres colegios». Además, los datos exponen que dos institutos andaluces perderán sus clases de Secundaria y Bachillerato y pasarán a impartir solo FP. «Estas cifras contrastan con los datos de la enseñanza concertada que mantiene o aumenta el número de aulas», denuncian desde el sindicato.
Las supresiones de aulas han afectado a todas las provincias andaluzas, especialmente a las capitales. Pero destacan las zonas del poniente almeriense como El Ejido y Roquetas de Mar y en la provincia de Cádiz, con la pérdida de estancias educativas públicas en San Fernando y Jerez, entre otras localidades.
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado por la Educación Pública (CODAPA) además señala para denunciar la situación el ejemplo de uno de los centros escolares que plantea cerrarse para el próximo curso el CEIP Alfonso Churruca en Córdoba, «se han cerrado dos colegios justo en el barrio con mayor fracaso escolar de Europa. Estos son algunos de los ejemplos más dramáticos que nos dejan los recortes en educación pública del gobierno andaluz».
Desde la Confederación de AMPAS además señalan que «pese a que el gobierno indica que lo hace porque baja la natalidad lo cierto es que seguimos encontrándonos con ratios ilegales en colegios e institutos andaluces».
La bajada de ratio es una de las exigencias de los colectivos en defensa de la educación pública, una propuesta que USTEA llevó a través de una ILP al Parlamento andaluz a finales de 2022 y que el gobierno de Moreno Bonilla se negó a debatir.
La presidenta de CODAPA, Marina Jiménez, cuestiona el compromiso del gobierno andaluz con la educación pública: «Al tiempo que la Consejería se dedica a mandar circulares a diestro y siniestro para entretener al personal, cierran aulas por la puerta de atrás y mantienen ratios ilegales».
Desde el sindicato educativo USTEA creen que «el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos que ganan progresivamente terreno en Andalucía».
Por su parte, el sindicato CGT el pasado miércoles 13 de marzo organizó diversas concentraciones frente a las delegaciones provinciales de educación en Huelva, Sevilla, Granada, Málaga y Jaén para defender la educación pública frente a estos recortes en las aulas. «Venimos sufriendo una privatización encubierta en la educación, concertando cada año más plazas privadas, mientras se cierran aulas y centros educativos públicos y se intenta deteriorar a la escuela pública, con ratios elevadas, entre otras medidas», han comentado desde el sindicato.
Por su parte la Consejería de Desarrollo Educativo y FP lejos de hacerse cargo de estas supresiones el pasado lunes 11 de marzo enviaba una circular a los centros educativos para «la promoción de actividades relacionadas con la música de Semana Santa dentro de las aulas y otras sugerencias» en torno al impulso de la Semana Santa en los centros educativos como «visitas a capillas» o «recreación de un pequeño museo cofrade». «Estas circulares pretenden imponer con calzador unos valores que no son los de la escuela pública, al tiempo que desvían la atención del cierre de aulas que la pública está sufriendo, un año más, así como la permanencia de ratios ilegales», ha expuesto la presidenta de CODAPA.
Un tercio del alumnado andaluz no cursa religión católica. Desde Andalucía Laica han denunciado que «lo que se promueve son actividades de evidente cariz religioso, católico, en este caso, vulnerando de manera manifiesta la libertad de conciencia de todos los menores, y específicamente los derechos de quienes tienen otras convicciones, religiosas o no».
El sindicato USTEA que lleva años denunciando prácticas como las procesiones y desfiles militares en los centros educativos andaluces alegando que la circular «el gobierno de la Junta pretende imponer su posicionamiento ideológico a la comunidad educativa y usar los centros educativos para el adoctrinamiento y la manipulación de las niñas y niños, tratando de coartar la autonomía de los centros educativos y condicionar el trabajo de equipos directivos y profesorado».
