El pasado 4 de abril, la policía accedió al Parlamento de Andalucía para entregar una querella al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. La denuncia fue presentada por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, firmada por Doña Ana Tárrago y Don Rogelio Muñoz, a raíz de las quejas interpuestas por los sindicatos policiales CSIF y SPLS. Estos sindicatos consideran que las declaraciones del parlamentario suponen una difamación hacia los cuerpos de seguridad del Estado.
¿El supuesto delito? Declaraciones públicas tras la trágica muerte del mantero senegalés Mahmoud Bakhoum, que falleció ahogado el pasado 29 de diciembre al arrojarse al río mientras huía de una patrulla de la policía local de Sevilla. José Ignacio García denunció públicamente lo ocurrido con palabras claras: «34 camisetas tenía Mahmoud para que la policía local lo persiguiera hasta la muerte» y «lo que ha cometido la policía local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y represión que no puede volver a pasar».
Estas declaraciones son, según la Fiscalía, motivo suficiente para abrir una querella contra el portavoz parlamentario, ignorando el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que garantiza la inviolabilidad de los diputados por las opiniones expresadas en actos parlamentarios. Del mismo modo, el artículo 71 de la Constitución Española establece que senadores y diputados «gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas durante el ejercicio de sus funciones».
Esta actuación de la Fiscalía, que ha implicado incluso la entrada de la policía en la sede del Parlamento para entregar la querella, ha sido calificada por algunos sectores como un acto de persecución política, al estilo de las querellas promovidas por organizaciones ultraconservadoras como Abogados Cristianos.
Ante lo que considera un atropello institucional, José Ignacio García ha solicitado amparo a la Cámara andaluza acogiéndose al artículo 12 del Reglamento del Parlamento, y se encuentra a la espera del informe solicitado por la Mesa al letrado mayor.
La ofensiva judicial contra representantes públicos por expresar opiniones críticas —especialmente cuando estas defienden a los colectivos más vulnerables— no es un caso aislado. Cada vez son más frecuentes los episodios en los que el ejercicio de la libertad de expresión choca con una interpretación punitiva por parte de jueces y fiscales. La opinión se está convirtiendo en un arma de doble filo, especialmente si incomoda al poder.
