El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles que el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el reparto de menores migrantes no acompañados para «defender» la «independencia» de Andalucía y la «igualdad de trato» entre comunidades autónomas. «Hay que poner en valor la dignidad de las personas» y «no tratarlas como mercancías».
Así lo ha subrayado en una atención a medios con motivo de la inauguración de unas jornadas en Sevilla capital horas antes de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inste a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
De tal forma figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía. El consejero Nieto ha explicado que la decisión se toma para «garantizar que la atención que se preste a los menores sea de calidad y no en precario». Para Nieto, el reparto no puede ser «impuesto» y sin financiación «adecuada», punto en el que ha recordado que Andalucía deja de percibir al año 1 500 millones de euros por la «infrafinanciación» del Gobierno de España.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recalcaba a principios de este mes que era «probable» que su Gobierno recurriera en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un «atropello total».
Moreno insistía en el «agravio absoluto» del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, «a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer». Ante ello, criticaba que Cataluña no pusiera «los datos sobre la mesa» y planteaba por qué «tiene que recibir menos menores no acompañados que el resto de comunidades autónomas».
