Nota de Redacción: Publicamos este texto colectivo promovido por la asociación Andalucía y Democracia con motivo del 4 de diciembre de 2024. Ante la reactivación del debate sobre la financiación autonómica y los riesgos de recentralización encubierta por la trampa de la ordinalidad, recuperamos este llamamiento intelectual y político por un andalucismo del siglo XXI.
Para despegar económica, social y culturalmente, Andalucía necesita un nuevo andalucismo político que sea capaz de romper el modelo de financiación ideado por las élites del norte y de Madrid basado en la ordinalidad. Ese andalucismo sólo será posible con la implicación activa de la intelectualidad académica y cultural andaluza. Conviene recordarlo una vez más con motivo de la conmemoración del 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, fecha en la que el pueblo andaluz se constituyó en las calles como actor político de primer orden.
Lo primero es hacer crecer el andalucismo como ideología de defensa de los intereses del pueblo andaluz. Para ello, hacemos un llamamiento a la intelectualidad andaluza, al mundo académico, a los referentes artísticos y culturales y al periodismo de raíz andaluza, para que se impliquen masivamente en la defensa de Andalucía. Es imprescindible cultivar la conciencia cultural y política del pueblo andaluz tal como hicieron sus antecesores en la transición.
Los debates de la izquierda andaluza basados en la mera unidad electoral no son productivos, como se ha demostrado sobradamente. El debate sobre unidad no ha tenido en cuenta los problemas reales que aquejan al pueblo andaluz y están basados sobre todo en intereses partidistas. Tampoco lo es creer que el nacionalismo andaluz solo puede ser representado por partidos o coaliciones de ámbito exclusivamente andaluz. La cuestión estratégica para la izquierda andaluza es pensar, abonar y hacer crecer el andalucismo para el siglo XXI.
En el mismo sentido, el debate del andalucismo no puede ser sobre si éste es auténtico o no si defiende un proyecto sin conexión orgánica con aspiración de estado o que marque sus límites en el territorio andaluz. La forma orgánica o electoral con la que se defiendan los intereses del pueblo andaluz es parte de la cuestión táctica y del debate interno sobre la organización de partidos, coaliciones o proyectos electorales. Nada tiene que ver con el trabajo analítico e ideológico que recupere la capacidad de autodefensa y reivindicación del pueblo andaluz.
La segunda necesidad es impulsar un consenso que defienda los intereses del pueblo andaluz contra el principio de ordinalidad. Los nacionalismos soberanistas, tanto de izquierdas como de derechas, buscan imponer el principio de ordinalidad, basado en las balanzas fiscales, en las aportaciones que hacen las comunidades autónomas al estado, dirigidas a la solidaridad interterritorial. El sistema pretende que una comunidad autónoma mantenga la misma posición en la inversión per cápita del estado que ocupa en el orden de recaudación de impuestos estatales. De este modo, las comunidades autónomas que son contribuyentes netas nunca quedarán por detrás de las que tienen menor recaudación.
Sabemos que la ordinalidad potenciará la desigualdad territorial y no abordará el verdadero problema del déficit de financiación de las comunidades autónomas, que no es otro que una estructura fiscal que favorece a las grandes empresas, a la banca y a las rentas altas. Es mentira que en España paga más quien más tiene. Como hemos dicho en textos anteriores, la inmensa mayoría de las grandes empresas, incluidas las del sector turístico junto con la banca, tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Más del 50% están en Madrid. Por lo tanto, Andalucía debe rechazar soberanismos desequilibradores que firman pactos contrarios a los intereses de Andalucía, fraguados entre las elites políticas madrileña, vasca o catalana, con el aval del bipartidismo.
Los impuestos se fijan en función de las rentas y de los beneficios empresariales y se pagan en los territorios donde las personas residen o las empresas tienen su sede social. Por lo tanto, la ordinalidad beneficia a los territorios donde se concentra la mayor parte de las empresas, por lo que es contraria a la solidaridad interterritorial y a la igualdad de derechos de las personas sea cual sea el territorio en el que residan. Tampoco tiene que ver con la necesidad de reducir las manifiestas desigualdades territoriales. La ordinalidad solo favorece a los ricos y perjudica a los pueblos del estado, independientemente de su grado de conciencia soberanista. La ordinalidad no es de izquierdas y beneficia sobremanera a Madrid.
Ese modelo hace que, como respuesta malintencionada, broten discursos anticatalanistas y antisoberanistas que aprovecha electoralmente la extrema derecha. Esto hace retroceder las posiciones del republicanismo plurinacional. Por eso, la izquierda andaluza está obligada a poner el andalucismo político en el frontispicio de su lucha y propugnar un pacto entre los pueblos basado en el republicanismo federal y plurinacional. Un pacto que profundice en la protección y desarrollo de todo tipo de derechos sociales, de género y de defensa del medio ambiente. La izquierda andaluza debe interponerse entre el «España nos roba» y el «a por ellos».
La realidad política andaluza está marcada también por la pervivencia del bipartidismo y por la incapacidad del andalucismo político, cuya desorientación ideológica ha contribuido a impedir el crecimiento de la conciencia política del pueblo andaluz. Eso ocurre pese a los logros históricos del 28 de febrero de 1980, resultado a su vez de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977.
Para el crecimiento de la conciencia andalucista es precisa la implicación de la intelectualidad académica y cultural andaluza en el análisis, proyección y divulgación de las causas históricas y coyunturales que sostienen la desigualdad de Andalucía respecto de los territorios más ricos del estado, como son Madrid, Euskadi, Navarra o Cataluña. Es preciso alimentar la decencia intelectual para romper la dependencia del centralismo de estado y madrileño, con su actuación extractiva de capital ambiental, humano, cultural y económico andaluz.
En este movimiento de decencia intelectual deben participar, como decíamos al principio, la intelectualidad, la producción académica universitaria, los profesionales de la enseñanza, los medios de comunicación, el periodismo, los artistas y, claro que sí, el mundo empresarial arraigado en Andalucía que no quiera ser eternamente subalterno del capitalismo centralista ni del capitalismo usurero global. Esto último es imprescindible para que despegue un modelo productivo propio, que reduzca la dependencia de Andalucía de sectores tan insostenibles como son el turismo de masas, la construcción de segundas residencias o la agricultura intensiva.
Firmantes
Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; Belén Bravo Rodríguez, Arquitecta, profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UGR.
