El informe del mes de mayo de 2022 del equipo de arqueólogos recoge como aportación fundamental que son ya 1188 los cuerpos exhumados «con evidencias de represaliados» y que ya han sido localizados 67 integrantes de la Columna Minera de Huelva.
Poder llegar a ese número de personas represaliadas, le ha supuesto al equipo de ARANZADI extraer un total de 5455 cuerpos de una fosa donde solo parecía que habría 1103 personas, de las cuales 936 serían víctimas de la sublevación militar, asesinadas en el primer mes después del golpe y de la ocupación de Sevilla y de casi toda la provincia, pero ya se han superado esos datos.
Entre las víctimas se encuentran dirigentes sindicales y personalidades con representación política de diversos ámbitos, destacando claramente Blas Infante, padre de la Patria Andaluza, así como una gran mayoría de trabajadores del campo, de la industria y los servicios, médicos, militares leales, guardias de asalto.
De la Vega Media del Guadalquivir, la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática considera, tras el análisis preliminar de los restos y de la historiografía, que se encuentran en la fosa de Pico Reja 53 personas:
3 de Alcalá del Río:
- Vicente Bastante Olaya
- Rafael González Arévalo
- Manuel Zambrano González;
15 de La Algaba:
- Agustín Aguilera Ortega
- Emilio de la Bandera Serero
- Federico de la Bandera Serero
- José Bermudo Bermudo
- Antonio Cabrera Agüera
- Manuel Castaño Sanabria
- José Clavijo Cabrera
- José Antonio Cruz Tristán
- Miguel Molina Romero
- José Penedo Banda
- José Antonio Prieto Rodríguez
- Diego Romero Banda
- Eduardo Seco Jiménez
- Antonio Suero Serrano
- Ramón Tabares Vega
4 de Brenes:
- Dolores Molina Morón
- Dolores Ocaña de La Cuadra
- José Rodríguez Morón
- Encarnación Rodríguez Roldán, secretaria del Sindicato de Aceituneras
21 de Cantillana:
- Dolores “La Boleca”
- Silveria Blanco González
- y su hijo Antonio López Blanco
- Salvador Carrión Huerto
- Francisco Cazorla García
- Asunción Díaz Núñez
- José Domínguez Rodríguez
- Gonzalo Hurtado Manito
- y sus hijos Mariano Hurtado Cabrera
- y Salvador Hurtado Cabrera
- Manuel Lozano Hernández, concejal
- José Montero Moriano
- Joaquín Naranjo Rodríguez
- Manuel de Jesús Núñez Palomar
- Diego Orellana Terrón
- José Pueyo Solís, alcalde
- y su hermano Manuel Pueyo Solís
- Antonio Rodríguez Machuca
- Dolores Sánchez Sánchez
- Manuel Sarmiento Infantes
- Manuel Solís Villalón
9 de la Rinconada:
- Manuel Ferrero Plata
- Antonio González Ruiz
- Manuel Guerra Mellado
- Antonio Martín Durán
- Francisco José Mercado García
- Enrique Molina Montoro
- Manuel Pachón Fuentes
- José Quintana Leal
- Cristobal Rodríguez Castaño
1 de Tocina:
- Baldomero García Puyol, maestro.
Las demás víctimas mortales de la comarca, hasta un total de 445, se encuentran en otras fosas o en lugares aún desconocidos.
Por último, la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir ha manifestado su compromiso con los familiares de las víctimas de la represión militar antes mencionadas para garantizar que en un futuro, cuando concluyan los trabajos de exhumación en la fosa y puedan ser identificadas, reciban un nuevo enterramiento con la dignidad y el reconocimiento que merecen. Para ello, continuará la tarea de localizar a todos los familiares.
Un campo de muerte
Las investigaciones históricas, especialmente de Pedro Díaz Arriaza, hablaban de varias decenas de personas fusiladas que entraron en el Cementerio de San Fernando en los últimos días de agosto de 1936 como parte integrante de la columna formada por mineros de Huelva, a la que se sumaron otras personas en su recorrido, para intentar recuperar la ciudad de Sevilla en poder de los golpistas. En la población de Camas sufrieron la traición de la Guardia Civil que les acompañaba, y allí mismo comenzaron los asesinatos. Los supervivientes fueron fusilados posteriormente en diversas zonas de la ciudad y el día 31 de agosto se registraron numerosas partidas en blanco que corresponderían a los mineros fusilados, hasta un total de 83 hombres.
Los trabajos arqueológicos en Pico Reja, las características de algunos de estos enterramientos (cuerpos sin ataúd, agrupados y boca abajo) y las evidencias de que habían sido represaliados (tiro en la nuca, impactos de proyectiles, signos de haber sido atados, fracturas perimortem) permitieron al equipo técnico de Aranzadi esbozar la hipótesis de que pudiera tratarse de miembros de la Columna Minera. Estas personas durante toda su vida trabajaron en las minas, bebieron, respiraron y comieron en su entorno sin las medidas de seguridad actuales, de modo que se comenzó a trabajar con la hipótesis de que pudiera existir una transferencia de metales pesados de la comarca de procedencia (la cuenca minera de Riotinto y localidades como Nerva) hacia los organismos de esas personas. Y, en efecto, las pruebas analíticas realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los restos óseos así lo han corroborado.
«El hallazgo es extraordinario, histórico, porque viene a arrojar luz sobre uno de los episodios más trágicos de Sevilla y la cuenca minera de Huelva durante el Golpe de Estado», según consideró el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha presidido la reunión de la asamblea ordinaria del Consejo Municipal de la Memoria Democrática, que se ha celebrado in situ en la fosa de Pico Reja, y a la que también ha asistido el alcalde de la localidad de Nerva, José Antonio Ayala. «Es un momento muy importante para Nerva y compartiré esta información con todos los nervenses y los familiares de las personas represaliadas», ha dicho Ayala.
En esta fosa común están depositados más cuerpos de no represaliados de los que se preveía, de ahí que se complique la separación entre unos y otros en unos trabajos de exhumación que, coordinados desde la Oficina Municipal de la Memoria Histórica se iniciaron a principios de 2020 con 1,21 millones de euros cofinanciados por el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Así, a 30 de abril de 2022 se habían localizado 1.095 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliadas, otras 2.229 personas estaban inhumadas en ataúdes, 1.547, en desconexión anatómica y había 165 restos aislados. Por tanto, son ya más de 5.455 los cuerpos exhumados.
Además de ser la primera fosa común cuya exhumación se acomete en la ciudad de Sevilla, Pico Reja es también la de mayor envergadura que se afronta en el conjunto del país, con 671,34 metros de longitud (66 más de la dimensión inicialmente barajada por los historiadores) y una profundidad aproximada de cuatro metros.
Polémica por el tratamiento del hallazgo en ABC Sevilla
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática (organización diferente a la Asociación Pro Memoria Democrática) ha hecho llegar una petición de rectificación al director del ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, por la información de un artículo de este diario con fecha de 2 de junio donde se llamaba «sublevados» a los integrantes de la columna minera cuyos cuerpos habrían aparecido en la fosa de Pico Reja.
En la petición, firmada por el presidente de la coordinadora, José Esteban Garrido, se manifiesta el estupor producido al leer «en su cabecera de ABC de Sevilla […] una información sobre el hallazgo en Pico Reja de lo que a todas luces son los cuerpos de los mineros asesinados tras tenderles una emboscada en La Pañoleta, cuando se dirigían a Sevilla a defender al legítimo gobierno de la República del Golpe de Estado que estaba ocurriendo a nivel nacional en julio de 1936 por parte de una facción sublevada del ejército. En la misma se decía literalmente: “ahí yacen los restos de aquellos miembros de la columna minera que se sublevó en 1936″».
Desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática consideran que con esa «información» se comete un tremendo error al decir que eran «mineros sublevados», por lo que ruegan al diario sevillano que se rectifique de inmediato. «Desde luego fueron mineros traicionados, asesinados, sin duda valientes y leales al gobierno legalmente constituido, pero si algo no fueron jamás fue sublevados».
«¿Sublevados contra quien perpetró un golpe de Estado que acabó con un régimen democrático, un gobierno elegido por el pueblo y un régimen establecido? En España hubo una sublevación militar que desencadenó una guerra civil y una dictadura de 40 años, sumiendo a este país en años oscuros de enfrentamiento, muerte, hambre y pobreza», recalca la carta.
La importancia de la Memoria en la educación queda aquí patente —señalan desde la coordinadora—, «España debe ser capaz de enseñar a las generaciones más jóvenes cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha forjado nuestra democracia y cómo hemos conseguido estar entre los países con democracias más avanzadas en tan poco tiempo. La perversión de la historia bajo el discurso de los bandos, las heridas del pasado, el olvido y el silencio van en dirección contraria a las directrices internacionales de Derechos Humanos y convierte a las generaciones venideras en ciudadanos marionetas sin pensamiento crítico, incapaces de entender su presente, porque no conocen su pasado».
La exhumación de la fosa de Pico Reja en Sevilla «nos aproxima a las dimensiones del horror de aquel verano del 36 y siguientes, pero sobre todo arroja luz a lo que ha sido nuestra historia reciente. Sólo si somos capaces de leer las páginas más oscuras de nuestra historia seremos capaces de garantizar que no se vuelva a repetir».
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática tiene entre sus fines primordiales la recuperación de la memoria histórica, la defensa de las víctimas y represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la exigencia de su reparación y la dignificación de su memoria, así como su reconocimiento personal y público, y además el conocimiento de Memoria Histórica y Democrática por parte de las generaciones jóvenes a través de los programas de educación pública y la promoción de la Cultura democrática como garantía de convivencia en paz, libertad e igualdad para todos y todas los andaluces y andaluzas.
Es por ello que, se acogen al derecho de rectificación que nos ampara en virtud de «nuestros legítimos fines e intereses ante hechos falsos o desfigurados como los que nos ocupan», en base a nuestra Constitución y a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del derecho de rectificación, «y solicitamos respetuosamente que proceda a rectificar, por inveraz e inexacta y porque su divulgación causa un perjuicio cierto a la dignidad de estas personas represaliadas que en ningún caso se sublevaron, sino que más bien acudieron a la llamada de la defensa del régimen legítimo y legalmente constituido vigente en España».
«Las palabras tienen significado, por eso exigimos que rectifique esa información a la mayor brevedad, para no tergiversar la historia ni insultar con ese calificativo a familias que llevan 80 años reclamando justicia, verdad y reparación. Esos mineros dieron su vida por la democracia, por los derechos y libertades que hoy disfrutamos todos. Démosle el justo descanso y el reconocimiento a su historia tal y como sucedió».
