El 19 de octubre del pasado año, organizada por la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores, se celebró la Conferencia Estatal Miles de personas dependientes discriminadas.
Familiares de víctimas de personas dependientes, activistas por una Sanidad 100% pública, universal y de calidad, científicos, profesionales del sector de la dependencia, y del sistema nacional de salud, representantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y plataformas, asociaciones de pacientes y vecinales, debatimos sobre la vulneración de derechos sociales y humanos que sufrieron más de 30 000 personas en situación de dependencia durante la pandemia.
Las conclusiones de la Conferencia fueron contundentes: el desmantelamiento programado llevado a cabo desde hace más de dos décadas en la Sanidad Pública, y más en concreto en la Atención Primaria, unido a un sistema asistencial de cuidados y residencial obsoleto, con profesionales, fundamentalmente trabajadoras con sueldos precarios y gran sobrecarga de trabajo, con cuidadoras principales no reconocidas y basado en el lucro, fue el vestíbulo que encontró la pandemia del COVID-19 en su entrada en nuestro país. Una situación que se agravó dramáticamente con decisiones políticas que impidieron dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a personas dependientes en un claro ejemplo de discriminación que provocaron grandes pérdidas humanas, que no han encontrado el apoyo y la investigación necesaria por parte de la judicatura y sin el apoyo institucional necesario que permita obtener verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Con esta coyuntura, la Conferencia estableció como tarea prioritaria, la presentación de una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y la elaboración de una nueva Ley de Cuidados.
Siete meses después de la celebración de la Conferencia, y después de dos talleres que desarrollaron la vulneración de Derechos Sociales recogidos en la Carta Social Europea, contamos con un borrador de posible documento a presentar como Reclamación Colectiva ante el CEDS, con un crecimiento del empoderamiento y tejido social constituido en torno a la propuesta de llevar a Europa la discriminación sufrida por las personas en situación de dependencia y sus familias con la incorporación de familias, trabajadores del sector de dependencia, cuidadoras principales, activistas, organizaciones sindicales, colectivos sociales y plataformas en Andalucía, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid y Euskadi.
El próximo 21 de mayo, daremos un paso más con la elaboración definitiva del texto de reclamación colectiva que presentaremos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
