La formación morada expresa su «más profunda preocupación y firme condena» ante la imputación del alcalde popular de la localidad malagueña, José María García Urbano, por presunta malversación de fondos públicos. Los hechos implicarían el desvío de dinero municipal a través de una fundación sin control público sobre la que recae sospecha de uso fraudulento.
Noemí Vinuesa, miembro del Círculo y la dirección autonómica del partido, ha declarado con contundencia que «no se puede gobernar una ciudad desde la opacidad, el desvío de fondos y la red clientelar. Es inadmisible que Estepona tenga al frente a un alcalde imputado por malversación. Exigimos su dimisión inmediata». Igualmente, ha recalcado que «la ciudadanía merece un gobierno limpio, honesto y transparente»
Vinuesa ha subrayado que esta imputación «no es un hecho aislado» sino el resultado de una forma de hacer política, basada en el «uso partidista» de las instituciones y la «falta de fiscalización de recursos públicos». En particular, ha criticado el uso de la Fundación del Museo del Grabado Español Contemporáneo, ahora en el foco, como «una tapadera para gestionar fondos públicos sin control democrático».
«Estepona no puede seguir gobernada por alguien bajo sospecha judicial. Es hora de que García Urbano asuma responsabilidades políticas, más allá de las judiciales. Su permanencia en el cargo es un insulto a la ciudadanía y a la democracia», ha asegurado Vinuesa.
Desde Podemos Estepona reiteran su voluntad de impulsar una regeneración institucional que garantice transparencia, ética pública y respeto a los recursos de todas y todos. Frente a la corrupción y el clientelismo, aseguran, defienden una Estepona justa, con las manos limpias y los ojos puestos en el bien común.
La imputación
Tal y como adelantaba El Cierre Digital, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha imputado formalmente al alcalde del municipio, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La imputación se centra en la contratación de C.P.B., quien fue su pareja sentimental, como asesora en el Área de Control Externo del Ayuntamiento entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023. Durante este periodo, C.P.B. percibió un total de 5 276,92 euros en concepto de salario, sin que existan evidencias de que realizara función o actividad alguna en el consistorio.
Según el auto judicial y el informe fiscal, la contratación fue directa, sin que conste actividad laboral por parte de C.P.B. durante el mes y medio en que recibió dos nóminas: una de 3 642,28 euros y otra de 1 634,64 euros.
La Fiscalía considera que esta relación laboral simulada podría constituir un delito de malversación. Se destinaron recursos públicos a un contrato de asesoramiento ficticio.
Una denuncia por acoso en el origen del caso
La causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2024 por un agente de la Policía Local de Estepona, que fue pareja de C.P.B. El agente denunció haber sido objeto de acoso laboral y amenazas por parte de García Urbano, en un contexto de índole sexual. En el marco de esta investigación, se solicitó la declaración de C.P.B. Esta reconoció ante el juez que trabajó para el Consistorio, pero nunca acudió al Ayuntamiento, no recibió órdenes ni realizó trabajo alguno.
Su declaración fue clave para el giro del caso, aunque la acusación por acoso fue archivada provisionalmente por el juzgado en enero de 2025 por falta de pruebas, estando recurrida ante la Audiencia Provincial. Las revelaciones sobre la contratación irregular derivaron en la apertura de diligencias por malversación y prevaricación.
El papel de Blas Ruzafa y la cadena de decisiones
El entonces responsable del Área de Control Externo, Blas Ruzafa, ha declarado en sede judicial que la contratación de C.P.B. fue ordenada directamente por el alcalde, y que su cese se produjo también por instrucción de este. Reconoció, además, que no existía ningún tipo de control ni seguimiento sobre los cargos de confianza, que son contratados por libre designación.
Este vacío en los procedimientos internos del Ayuntamiento podría tener implicaciones mayores si se demuestra que la práctica se extendió a otros casos. De hecho, la Fiscalía ha solicitado una auditoría completa de las contrataciones realizadas durante el mandato de García Urbano.
La defensa del alcalde
García Urbano, exregistrador de la propiedad en San Roque y alcalde de Estepona desde 2011, compareció ante el juez el pasado mes de marzo. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar ante la Fiscalía ni las acusaciones populares. Se limitó a responder a las preguntas de su abogado.
En declaraciones públicas posteriores, el regidor calificó las acusaciones de “falsas, infundadas y políticamente motivadas”. Asegurando que la contratación de personal eventual es una práctica habitual dentro de las facultades del alcalde.
Posibles consecuencias
Si se verifica la presencia de un contrato fraudulento por razones personales, es posible que García Urbano se vea sujeto a sanciones de encarcelamiento, inhabilitación y multas financieras. El cuerdo jurídico español sanciona la malversación de fondos públicos con penas entre 2 y 6 años de cárcel. Dichas penas podrían incrementarse si se presentasen factores agravantes tales como abuso de poder o intención de obtener beneficios económicos.
Además, la instrucción del caso podría destapar otras irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Estepona. Especialmente en relación con los cargos de confianza, cuya falta de control ha sido puesta de manifiesto por varios funcionarios durante la investigación.
