La publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia, de la prescripción de deudas de dudoso cobro por parte de la Mancomunidad de Servicios La Vega por valor de 1,3 millones de euros de dinero público sería «la última muesca en el rosario de irregularidades y mala administración al frente de esta institución por parte del socialista Antonio Garrido desde hace años» señala Podemos.
Esta prescripción, con deudas incluso desde 1995, supone la extinción del derecho de cobro de más de un millón de euros, que se suman a los 9 millones de euros que la mancomunidad reconoce en sus balances que no va a cobrar, un 65% de su presupuesto anual. El propio anuncio de la Mancomunidad reconoce que esta deuda se debe a que «no se han realizado los requerimientos en tiempo y forma». Es decir, que desde la Mancomunidad no se ha hecho nada para cobrar estas deudas, siendo estas a otras administraciones públicas, como la Diputación de Sevilla, las empresas públicas de agua o la Junta de Andalucía, así como a varios ayuntamientos.
Podemos alerta de que la existencia de esta deuda sin cobrar se puede traducir en que, para no quebrar, la Mancomunidad termine subiendo el precio de las tasas de los servicios que gestiona, como la recogida y tratamiento de residuos urbanos, un incremento tributario para ciudadanos debido a la mala gestión de la entidad.
Esta nefasta administración ha recibido recientemente denuncia por parte del Tribunal de Cuentas que alertaba de incumplimientos de legalidad, señalando que la Mancomunidad no rendía cuentas desde 2006, y que la estructura y organización y otras tantas partidas no cumplen con el marco legal.
Así lo ha expresado Sheila Guerrero, responsable de Organización de Podemos La Rinconada y concejal del Ayuntamiento de La Rinconada: «La mala administración al frente de la Mancomunidad repercute directamente en los vecinos y cómo son tratados sus impuestos, además de que dice mucho de la negligencia en el gobierno de una administración que tiene que estar al servicio de todos. Una buena gobernanza incluye la transparencia, y que la Mancomunidad no haya presentado sus cuentas desde 2006, como denuncia el Tribunal de Cuentas, es el ejemplo perfecto de oscurantismo contable».
Es precisamente esta estructura y organización de la Mancomunidad, alejada de la legalidad, la que supone un grave perjuicio para el interés general, en una administración pública que gestiona, cada año, más de 14 millones de euros provenientes directamente de los impuestos de los ciudadanos.
Desde Podemos se considera que no se puede seguir al frente de una institución cuando existe una deuda de dudoso cobro de más de la mitad del presupuesto anual, que no se haya estado haciendo nada para reducirla y que desde el Tribunal de Cuentas se constante que la entidad transita por senderos de ilegalidad en sus actuaciones. Por ello, la formación morada exige la inmediata dimisión de su presidente, Antonio Garrido, y la depuración de responsabilidades en su Comisión Gestora, participada por los ayuntamientos mancomunados, como órgano de gobierno de la Mancomunidad. «Garrido no puede seguir atornillándose al cargo con esta mochila» ha apostillado Guerrero.
