La oposición acusa a Moreno de «ocultar algo» tras modificar las atribuciones del organismo de control
Los grupos de la oposición han cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por los cambios en las competencias de la Intervención Delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un organismo clave en el control del gasto sanitario que ha colaborado con la justicia en las investigaciones sobre contratos.
Podemos: «Moreno Bonilla está escondiendo algo»
La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha acusado a Moreno de convertir la sanidad pública en «negocio privado» eliminando «controles» y «fiscalización». «¿Qué pretende ocultar Moreno Bonilla?», se ha preguntado, denunciando que «han eliminado la intervención del SAS, que había emitido informes desfavorables sobre la gestión sanitaria».
Martínez ha exigido que se «restituyan los mecanismos de control» y se investigue «con total transparencia el destino del gasto sanitario», alertando de que «el Gobierno andaluz ha roto los frenos democráticos para gestionar el dinero público sin ningún control».
PSOE: «Quitar competencias para tapar la boca»
El portavoz socialista Mario Jiménez ha criticado la decisión de «quitar competencias» a la interventora del SAS, asegurando que desde «el despacho» del presidente «se han dictado» medidas para «tapar la boca» a quienes «pueden contar lo que ha pasado dentro» del organismo.
Jiménez ha denunciado que el PP-A «no quiere testigos incómodos» y que «culminan la purga al cuerpo de interventores» que «no han cometido otro pecado que denunciar los desmanes» del Gobierno de Moreno. Ha calificado de «escandaloso» que se esté «amordazando a la Intervención».
Adelante: «Algo esconden»
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado al PP de dejar «sin control» tanto a la Cámara de Cuentas como a la Intervención. «Hay algo que esconde» en ese comportamiento, ha afirmado, considerando «una auténtica barbaridad» que estos organismos de fiscalización «no tengan ningún tipo de herramienta para hacer su trabajo».
García ha señalado que «solo los corruptos» están interesados en «que no se investigue la corrupción».
Por Andalucía: «Un boicot en toda regla»
La portavoz Inma Nieto ha calificado la actuación de la Junta como «un boicot en toda regla», considerando que la Intervención queda «carente de competencias, como si fuese un florero» para decidir «qué papeles hay que mandarle al juzgado».
Nieto ha asegurado que la estrategia de la Junta «no escatima esfuerzos para que no se sepa la verdad» y está «intentando trabar y dilatar la investigación judicial».
La Junta niega las acusaciones
La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha negado cualquier merma de competencias, explicando que se ha «separado la intervención previa de la intervención financiera permanente» como parte de una reorganización en toda la Administración autonómica.
«Nada más lejos de la realidad», ha sostenido España, defendiendo que «no se ha vaciado de competencias absolutamente a nadie» y que el control financiero permanente «es mucho más intenso, más estricto y más profundo que el control previo».
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Esta polémica surge en el contexto de las investigaciones judiciales sobre presuntos fraccionamientos de contratos sanitarios que están siendo investigados en juzgados de Sevilla y Cádiz tras denuncias de Podemos y PSOE.
