El grupo parlamentario Por Andalucía, a través de la diputada andaluza Alejandra Durán, ha denunciado este jueves en el Parlamento autonómico las supuestas «prácticas abusivas y extorsionadoras» que, según afirman, se estarían produciendo en numerosos centros educativos concertados de la comunidad. Como ejemplo, han señalado al colegio Sagrado Corazón de Sevilla, donde —aseguran— se cobran alrededor de 2 500 euros anuales por alumno en conceptos como «digitalización, fidelización o actividades extraescolares».
Desde la Consejería de Educación se ha defendido la actuación del cuerpo de inspección y el cumplimiento del protocolo legal: «Seguimos el cauce marcado por la ley», ha afirmado la consejera Carmen Castillo. No obstante, la respuesta no ha satisfecho a la diputada de Por Andalucía, Alejandra Durán, quien ha denunciado la existencia de un informe «demoledor» que probaría estas prácticas y que, según ella, lleva siete meses archivado sin ser tramitado por los servicios jurídicos. «El técnico está de baja, nos dicen. Esto es un despropósito, consejera, y alguien debería asumir responsabilidades ya», ha espetado Durán desde la tribuna.
La polémica no es nueva. La organización de consumidores Facua Sevilla ya alertó de presuntas irregularidades en este centro del barrio de Nervión, que habrían motivado una investigación por parte de los servicios jurídicos de la Consejería de Desarrollo Educativo. En el centro, según denuncias de padres, existirían dos tarifas diferenciadas para servicios complementarios en función de si se paga o no la denominada «Tarifa Plana» —antes conocida como Cuota Pastoral—, una práctica que podría tener un carácter lucrativo y vulnerar la normativa vigente.
La patronal CECE de centros concertados en Sevilla ha cerrado filas en torno al Sagrado Corazón, al que ha mostrado su «apoyo firme», mientras desde la Junta se insiste en que se ha abierto un proceso de investigación conforme a la Ley Orgánica de Educación. Castillo ha recordado que el procedimiento contempla la apertura de una comisión de conciliación y medidas escalonadas que pueden ir desde un simple apercibimiento hasta la retirada del concierto educativo, aunque esta última, ha aclarado, «no es automática».
«Esto no va de decisiones improvisadas. Se actúa conforme a la legalidad y con garantías para todos», ha defendido la consejera, que ha insistido en la labor del cuerpo de inspectores como garantes del derecho a la educación. Sin embargo, desde la oposición critican lo que consideran una pasividad encubierta que acaba protegiendo a centros que, según afirman, convierten la educación concertada en un negocio a costa de las familias.
