En un contexto preocupante para la inclusión laboral, los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recabados por Fundación ONCE, revelan que la contratación de personas con discapacidad ha experimentado una caída del 0,8% en 2024, alcanzando un total de 271 765 contratos. Esta cifra representa la más baja desde 2016, cuando se registraron 268 160 contratos.
Ante la publicación de la Fundación ONCE y las declaraciones de la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios, Sabina Lobato, que señala que este balance «pone de manifiesto el crecimiento sistemático de la brecha de empleo entre las personas con y sin discapacidad», Esperanza Gómez, del grupo Por Andalucía, ha anunciado que trabajará en un nuevo plan para frenar y revertir esta caída.
De hecho, Gómez Corona, ya impulsó recientemente una proposición que modifica el Estatuto Básico del empleado público, para que personas con discapacidad puedan realizar una prueba de capacitación en lugar de una teórica, y que se presentará en el Congreso de los Diputados esta primavera. Esta modificación también pretende favorecer el empleo entre personas con discapacidad intelectual ya que son el sector que más vulnerable se vuelve respecto a la caída del empleo.
De ahí que la diputada de Por Andalucía anuncie nuevas medidas para abordar la creciente brecha apuntando a la raíz del problema: el sistema educativo. «Muchas de las plazas públicas que se convocan quedan desiertas debido a que requieren titulaciones superiores, las cuales, lamentablemente, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual no poseen. Esto se debe a la falta de un sistema de enseñanza superior realmente adaptado a sus necesidades», asegura Gómez Corona.
«Vamos a diseñar una pila de medidas para dar comienzo a una reforma del sistema educativo superior. Toda la sociedad debe reconocer que las enseñanzas superiores no están adaptadas a las personas con discapacidad y el problema es que sin ellas no podrán acceder a gran parte del mercado laboral como pueden ser determinadas ofertas públicas», afirma Esperanza Gómez.
Los datos
- La tasa de paro se reduce en 1,9 puntos porcentuales respecto a la cifra del pasado año, situándose en un 19,7%.
- La tasa de empleo mejora 8 décimas, un incremento inferior al registrado para las personas sin discapacidad, que crece 1,1 puntos, aumentando por tanto la brecha entre ambos colectivos.
- La tasa de actividad ha aumentado levemente en casi 10 años, pasando del 33,6% al 35,5% actual, reduciéndose la brecha de género en el último año.
- Los ocupados con contratos indefinidos mejoran sensiblemente respecto a 2022 pero menos que la población sin discapacidad.
- Las mejoras más relevantes en tasa de actividad, empleo y paro se producen en las mujeres con discapacidad.
Estas son algunas de las principales conclusiones según el análisis de la operación estadística ‘El empleo de las personas con discapacidad 2023’, que elabora el INE en colaboración con Fundación ONCE y CERMI, y cuyo origen de datos resulta de la integración de los datos estadísticos proporcionados por la Encuesta de Población Activa con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad del IMSERSO, en el Registro de Prestaciones Públicas del INSS, en el Sistema para Autonomía y Situación de Dependencia del IMSERSO y en la Tesorería General de la Seguridad.
