El Juzgado número uno de Carmona (Sevilla) ha resuelto atribuir la condición de investigados al alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, por posibles delitos en el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul.
En un auto emitido este mismo miércoles y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juzgado cita a Ricardo Sánchez para que comparezca el 3 de marzo como investigado, citando al día siguiente al actual alcalde popular de Mairena del Alcor y convocando para el 13 de marzo a Francisco Rodríguez Roa.
Además, cita como investigados a los también encausados Juan Alfonso F.C., como redactor del proyecto y responsable de la empresa Gesit Trazabilidad; José N.G., por su papel de vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, y José Antonio G.G., del gabinete jurídico de tal agencia municipal.
Al detalle, el juzgado achaca a Ricardo Sánchez un presunto delito de administración desleal; a Juan Manuel López, Francisco Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C., y en calidad de cooperador necesario José Antonio G.G., un posible delito de prevaricación; a José N.G., Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C. un supuesto delito de prevaricación urbanística y a Juan Manuel López, José N.G., Rodríguez Roa y Juan Alfonso F.C. un presunto delito de tráfico de influencias.
Denuncia inicial del PSOE
En su auto, recogido por Europa Press, el juzgado rememora que el asunto parte de una denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias.
Según la denuncia inicial del PSOE, en 2015, durante la etapa de Ricardo Sánchez como alcalde de Mairena del Alcor, el Ayuntamiento «promovió un estudio de viabilidad para un proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de un tanatorio en el cementerio municipal», aprobando tal extremo el pleno y siendo licitada la contratación de la redacción técnica del proyecto, para después aprobar el anteproyecto «a los efectos de iniciar los trámites del procedimiento de contratación de la concesión de obra pública».
Pero según el PSOE, «a pesar» de dicho acuerdo plenario, Sánchez, entonces como alcalde, «haciendo dejación de sus funciones, no impulsó» la materialización del acuerdo y «no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente» encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y «como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez», por 173.693 euros, «un importe cuatro veces menor a su valor, un chollo urbanístico».
Sin una cláusula contra la especulación
A la hora de este procedimiento, según la denuncia del PSOE, «en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación que el Ayuntamiento ha venido recogiendo por norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público en dicho sector industrial».
El PSOE señala especialmente a Manuel Ruiz Pineda, como responsable de la empresa Pineda Álvarez y miembro de la candidatura municipal de Cs en las elecciones locales de 2019 en El Viso del Alcor y del PP en 2023, exponiendo que en 2018, los populares Ricardo Sánchez como alcalde y Juan Manuel López «aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación o venta de los terrenos a Pineda», entonces futuro candidato local de Cs y posteriormente en 2023 candidato del PP.
La denuncia agrega que después de que en febrero de 2019 Ricardo Sánchez dejase la Alcaldía de Mairena para ocupar el puesto de delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, en octubre de 2021, la empresa de Pineda transmitió «la titularidad de las parcelas adquiridas a la entidad Previpaz, de la que era apoderado Francisco Jesús Rodríguez Roa», siendo ambos Pineda y Roa, «compañeros de partido» en el PP, para «la construcción y explotación de un tanatorio crematorio, exclusivamente privado, para beneficio económico de éste».
Al respecto, el Juzgado número uno de Carmona expone en su auto de este mismo miércoles que de la investigación desplegada por la Policía Judicial de la Guardia Civil se desprende que «tras el intento fallido y no continuación del proyecto del tanatorio público en el que se habían invertido 21.118 euros»; Juan Alfonso F.C., al frente de la empresa Gesit Trazabilidad, solicitó autorización al Ayuntamiento para un tanatorio crematorio «en las parcelas» en cuestión; tras encargo de la «promotora final del proyecto», Previpaz, que tenía como apoderado a Francisco Rodríguez Roa, «hijo del administrador que firma ese encargo y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía del PP-A y Consejero de RTVA.
Sin las «preceptivas licencias»
Según el informe de la Policía Judicial, el proyecto ha carecido de «las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución» de los reformados de la cafetería y del horno crematorio, extremo declarado expresamente por la Secretaria General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, aspecto este que destaca el juzgado.
El juzgado señala además el papel de José Antonio G.G., de la Agencia Publica de Servicios Urbanos de Mairena del Alcor, porque «informa favorablemente la concesión de licencia de obra mayor, cuando debería haber procedido a la declaración de caducidad del expediente y no conceder licencia».
A colación, avisa de que Juan Manuel López, como presidente, «según normativa tenía que haber realizado la declaracion de caducidad de los expedientes y no se hizo», autorizando por contra la primera licencia de obra mayor y los trámites de cambio de titularidad del proyecto.
En ese sentido, el juzgado señala, merced al informe de la Policía Judicial, que en resumen, los responsables de Gesit y Previpaz, «se han beneficiado de esa prevalencia logrando una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos espacio de tiempo, así como, por la permisividad continua patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los tramites de audiencia (…), omitiendo la labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística durante más de dos años».
