El Grupo Socialista va a registrar este miércoles una solicitud de comparecencia en el Parlamento andaluz de la exinterventora general de la Junta Antonia González, y de los «cuatro interventores cesados» recientemente en la administración andaluza para que den «explicaciones» sobre las supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por los diputados del PSOE-A.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Parlamento la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez, quien ha defendido que los andaluces «merecen» saber qué ha pasado con «los contratos irregulares» del SAS tramitados por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19, y «sobre la reestructuración que se ha producido en la Intervención General» de la Junta.
«Queremos saberlo todo», ha enfatizado la también portavoz de la Ejecutiva del PSOE andaluz, quien ha agregado que si el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es «tan transparente» como presume, «votará a favor» de dicha solicitud de comparecencia de la Interventora General cesada el pasado mes de enero, para contar a los andaluces «qué es lo que realmente está pasando».
A Moreno «se le ha acabado el tiempo»
María Márquez ha comenzado su rueda de prensa señalando que este 5 de febrero es un miércoles «negro» para el presidente de la Junta, al que «se le ha acabado su tiempo», y que «tiene más corrupción que días en el Gobierno» andaluz, según ha sentenciado la diputada socialista antes de subrayar que el también líder del PP-A «vuelve al debate parlamentario después de unas largas vacaciones con la mesa llena de problemas y de corrupción, lamentablemente para los andaluces».
Así, la representante del PSOE-A ha aludido al caso de los contratos de emergencia del SAS, adjudicados «a dedo» y «sin control a la sanidad privada», así como a «una presunta trama de corrupción urbanística gravísima» que salpica al «PP de Sevilla al máximo nivel político», con relación al proyecto de construcción de un tanatorio en Mairena del Alcor; a las polémicas declaraciones del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, sobre niños con necesidades educativas especiales, y a la concesión de una subvención al proyecto ‘Senderos del Rocío’ impulsado por el cantante José Manuel Soto.
En lo que se refiere al caso de los contratos, la representante del PSOE-A ha subrayado que hay tres gerentes del SAS —la actual, Valle García, y sus dos antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas— «imputados, investigados por la justicia», que son «la punta del iceberg de la trama de corrupción sanitaria más lamentable, insensible e inhumana a la que se ha enfrentado esta tierra», ha enfatizado.
María Márquez ha subrayado que se ha sabido que la Fiscalía «pide que se amplíe la investigación» y ha vuelto a pedir «informes, pruebas, detalles de lo que está pasando y de lo que se hizo», ha advertido la representante del PSOE-A.
Ha remarcado que «la Justicia le ha pedido información a la Intervención General de la Junta de Andalucía», y ha sostenido que «no es casual» que, el pasado 8 de enero, el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno acordase el cese de quien ocupaba dicha responsabilidad, Antonia González, antes de que la Junta decidiera también cesar a «cuatro interventores más», es decir, «gente que tiene la información» sobre dichos contratos, «que sabe lo que ha pasado y que, además, ha denunciado lo que ha pasado», ha abundado.
La diputada socialista ha añadido que «el ingrediente que le faltaba a este potaje es lo que hemos conocido esta mañana, que son las declaraciones de la viceconsejera de Hacienda diciendo que lo que hace falta en la Intervención General de la Junta de Andalucía es mano dura que meta en cintura a los interventores».
«Mano dura contra la corrupción»
«Lo que necesita Andalucía es mano dura contra la corrupción», y el presidente de la Junta «tiene de manera inmediata que salir a darnos explicaciones a los andaluces», al igual que la viceconsejera de Hacienda «tiene que cesar», ha sentenciado la portavoz del PSOE-A para remarcar que a los socialistas «no nos vale que cesen a quien denuncia la corrupción y que protejan a quien señala», mientras que «a quien expulsa» sea «a quien denuncia la corrupción», algo que, en todo caso, «no sorprende», porque «no es la primera vez» que el PP actúa así, según ha manifestado la diputada, que al respecto ha citado el caso de la salida de Pablo Casado de la presidencia del PP en 2022 tras su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En esa línea, ha apuntado que en el PSOE-A están «convencidos» de que la Junta «va a boicotear» el «proceso judicial» vinculado a los contratos del SAS como ya «ha hecho» en el Parlamento, «boicoteando todas las propuestas» del Grupo Socialista para, por ejemplo, constituir una comisión de investigación o celebrar un pleno extraordinario monográfico sobre sanidad.
María Márquez ha acusado al Gobierno del PP-A de emprender una «caza de brujas» en la Intervención General de la Junta con el objetivo de que «los que tenían la información» sobre el caso de los contratos «no estén» en sus puestos, y que «los que vengan» a sustituirles «sepan qué pasa si se denuncia». «Es la teoría del miedo y de la persecución de siempre, de toda la vida, del Partido Popular», ha aseverado.
«Pelotazo urbanístico» en Mairena del Alcor
Por otro lado, la portavoz socialista se ha hecho eco de una «información nueva sobre una presunta trama de corrupción, un ‘pelotazo’ urbanístico» en el que «está implicado el Partido Popular de Sevilla al máximo nivel», hasta el punto de que el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, «es una de las personas que se está investigando en estos momentos» por el proyecto de construcción de «un tanatorio público que se prometió a los vecinos» de Mairena del Alcor, pero que «en ocho años no se construyó», mientras que, «casualmente, en cinco meses» se ha construido «un tanatorio privado con menos papeles que una liebre», ha relatado.
La representante del PSOE-A ha señalado que «se está investigando en estos momentos» a representantes del PP de Sevilla «por delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y administrativa y administración desleal», y ha considerado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «cuanto antes tiene que dar una explicación».
De igual modo, María Márquez ha aludido al caso de las declaraciones sobre niños con necesidades especiales que se atribuyen al delegado de Educación de la Junta en Sevilla, de quien ha dicho que «es inadmisible que no haya dimitido» aún, porque su «insensibilidad» es «vergonzosa», según ha aseverado.
Además, se ha preguntado si el presidente de la Junta, al no pronunciarse sobre este asunto y jugar «al escapismo», «permite acaso que se trate así a las familias que salen llorando de una reunión porque se desprecia a los niños que tienen un problema y que necesitan de todos nosotros, de los servidores públicos».
Finalmente, la representante del PSOE-A se ha hecho eco de lo que en una rueda de prensa previa ha anunciado el grupo Por Andalucía, y es que la Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución que «confirma irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a Caminos de Andalucía S.L., empresa vinculada al cantante José Manuel Soto, por parte del Gobierno andaluz».
«Esto es lo que tiene hacer contratos con la mirada», ha comentado la representante del PSOE-A, que ha subrayado que los socialistas ya avisaron de que «esto de darle un contrato de tantísimo dinero a una persona solo porque te cae bien, porque lo conoces, porque es famoso y porque cuando te mira te conmueve, no iba a salir bien».
