Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA han acordado esta mañana retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas.
El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. «Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa», han subrayado las tres organizaciones agrarias.
Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, se debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. «Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria», sostienen las tres organizaciones agrarias.
Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
Por otro lado, a nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA —Agencia de Información y Control Alimentario— debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
En España, la ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además, se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y, por lo tanto, con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.
Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.
Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.
Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son «víctimas inocentes». Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.
Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.
A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo:
- Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto.
- Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.
- Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.
- Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
