El Ayuntamiento de Utrera ha abierto un proceso de consulta pública para valorar la adopción parcial o total del Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Esta consulta está dirigida tanto a propietarios privados que pudieran tener interés en acogerse a estas medidas como al resto de potenciales personas y entidades interesadas que puedan verse afectadas por su aplicación.
El objetivo principal de esta iniciativa es analizar la viabilidad de aplicar en Utrera las medidas contempladas en el citado decreto-ley, que entró en vigor el pasado 4 de marzo, con el fin de dar una respuesta efectiva y urgente a la creciente necesidad de acceso a una vivienda asequible por parte de la ciudadanía.
Este Decreto-ley tiene como finalidad incrementar la oferta de suelo urbanizado destinado a vivienda protegida. Para ello, establece la posibilidad de cambiar el uso de determinados suelos o aumentar la edificabilidad en función de las siguientes tipologías:
Cambio de uso a residencial de vivienda protegida:
- Parcelas y edificios calificados como oficinas o alojamientos turísticos.
- Parcelas dotacionales privadas sin uso específico o calificadas para servicios de interés público y social, si se destinan permanentemente al alquiler protegido.
Sobre parcelas residenciales de vivienda libre:
- Se permite incrementar hasta un 20% la densidad de viviendas si el edificio resultante se destina íntegramente a vivienda protegida.
- Se puede aumentar la edificabilidad siempre que no se supere el aprovechamiento urbanístico permitido.
Sobre parcelas sin edificar ya destinadas a vivienda protegida:
- Se autoriza un incremento del 20% en la densidad de viviendas.
- Se permite aumentar un 10% la edificabilidad.
Para participar en esta consulta pública y trasladar su opinión o interés, se debe hacer mediante una solicitud genérica, especificando en el asunto que se refiere a la Consulta Pública sobre vivienda, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Utrera.
La delegada de Reactivación Económica y Patrimonio, Isabel González Blanquero, ha señalado que «la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por ello, este equipo de gobierno está trabajando para poner a disposición nuevos suelos destinados a la edificación de viviendas públicas».
Además, ha recordado que «Utrera cuenta con un amplio parque de vivienda pública, que se ha incrementado en los dos últimos años y que se seguirá ampliando, porque somos plenamente conscientes de que la falta de acceso a la vivienda es un problema real que afecta a muchas familias».
¿Consulta pública u operación encubierta de plusvalías?
Aunque desde el Ayuntamiento de Utrera se presenta como una medida participativa, lo cierto es que la apertura de una consulta pública sobre el Decreto-ley 1/2025 puede tener una lectura menos altruista. Este procedimiento, que no es obligatorio, permite al gobierno local testear las resistencias y apoyos de promotores, propietarios y vecindarios antes de dar un paso firme hacia la transformación del urbanismo utrerano.
Y es que lo que está en juego no es menor. El Decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía permite, entre otras cosas, convertir edificios de oficinas o alojamientos turísticos en bloques residenciales de alquiler protegido, aumentar la edificabilidad de suelos públicos y privados, y multiplicar la densidad de viviendas construidas si el resultado se destina a VPO. Sobre el papel suena bien. En la práctica, puede derivar en operaciones especulativas si no se gestiona con criterios públicos claros y garantistas.
¿Qué se sabe de los suelos implicados?
Por ahora, nada. Ni el Ayuntamiento ha publicado un inventario de suelos susceptibles de cambio de uso, ni se conocen los criterios que regirán su posible transformación. Tampoco se ha abierto un proceso real de participación ciudadana con garantías de transparencia, deliberación y control. Todo apunta a que esta «consulta» es más bien un sondeo para negociar con propietarios sin confrontarlos públicamente.
Las organizaciones sociales y vecinales, así como los colectivos por el derecho a la vivienda, advierten del riesgo de que esta medida se convierta en un regalo urbanístico encubierto a grandes tenedores y promotores. En lugar de aumentar el parque público de alquiler social, se corre el peligro de generar vivienda protegida en manos privadas, sin control efectivo de precios, plazos ni destinatarios.
¿Hay alternativa?
Sí. La clave está en garantizar que toda recalificación urbanística tenga retorno público obligatorio. Es decir:
- Que los suelos reconvertidos pasen a ser de titularidad pública o, al menos, cedidos en régimen de uso.
- Que la vivienda protegida resultante se destine preferentemente a alquiler público o cooperativo, con control social del acceso.
- Que se activen cláusulas de reversión: si un promotor no cumple los fines sociales, el suelo o el edificio vuelve al municipio.
Además, sería razonable exigir un inventario público y participativo de los suelos implicados, así como criterios de adjudicación con perspectiva social, feminista y territorial.
Andalucía necesita urbanismo para la gente
Este tipo de medidas no pueden entenderse al margen de una reflexión mayor: el modelo de ciudad que queremos construir. Si Utrera aspira a ser un referente de justicia social, no puede fiar el acceso a la vivienda a la buena voluntad de los grandes tenedores o a operaciones de mercado maquilladas de interés general. La vivienda es un derecho, no una mercancía de oportunidad urbanística.
Es hora de que el urbanismo deje de ser el terreno exclusivo de técnicos, promotores y partidos, y se abra a la comunidad. Porque el derecho a habitar dignamente no se consulta: se garantiza.
