Durante días, once municipios de Sevilla vivieron un corte de suministro que dejó a miles de personas sin agua. Aguas del Huesna, la empresa pública responsable, tardó en reaccionar. Su vicepresidente, José María Villalobos, no dio la cara. Y desde la Diputación, el silencio institucional se volvió ensordecedor.
Pero este no es un problema aislado. Ni de partido. Ni siquiera solo de Sevilla.
La gestión del agua en Andalucía se ha convertido en un mapa fragmentado, donde cada provincia —y a veces cada comarca— actúa como un reino de taifas. Empresas públicas sin control ciudadano real, consorcios politizados, redes obsoletas y planes de modernización que se quedan en titulares. Mientras tanto, la ciudadanía asiste una y otra vez al mismo espectáculo: descoordinación, cortes, falta de transparencia… y ninguna consecuencia para quienes gestionan mal.
De un cortijo a otro
En Sevilla, la mayoría de las entidades supramunicipales del agua han estado controladas por el PSOE durante décadas. Pero si giramos el mapa, el panorama no mejora.
En Almería, por ejemplo, Galasa (Gestión de Aguas del Levante Almeriense, empresa pública bajo control del PP) arrastra una deuda estructural, conflictos laborales y problemas recurrentes en la red, pese a las promesas de modernización. En Cádiz, la empresa pública ARCGISA, de mayoría popular en su consejo, también ha sido señalada por su inacción ante problemas de presión y calidad del agua en la comarca del Campo de Gibraltar.
En Huelva, la MAS (Mancomunidad de Aguas del Condado), gestionada históricamente por alcaldías del PP, ha protagonizado episodios de opacidad en contratos y nula rendición de cuentas. En Málaga, la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, con fuerte peso del PP, lleva años anunciando inversiones que no se ejecutan mientras algunos núcleos urbanos afrontan cada verano restricciones por la sequía y un sistema colapsado.
Y no hay que ir muy lejos para ver cómo los pactos de poder acaban relegando lo técnico. En muchos de estos organismos, los nombramientos no dependen de méritos profesionales, sino de cuotas políticas. ¿Resultado? Gerentes sin experiencia, decisiones sin criterios técnicos y un blindaje mutuo entre partidos cuando llega la tormenta.
La guerra del agua: ni tan silenciosa, ni tan limpia
Lo que está en juego no es un grifo que no funciona. Es un modelo de gestión pública que ha sido colonizado por las lógicas del clientelismo. El agua en Andalucía no se reparte por criterios de eficiencia o justicia, sino por redes de poder. Lo público se convierte en botín. Y la urgencia técnica se supedita al calendario electoral.
En este tablero, los partidos se lanzan reproches cruzados —PSOE contra PP y viceversa—, como si el problema fuera de siglas. Pero lo que hay detrás es estructural: falta de control democrático, ausencia de fiscalización ciudadana, y una burocracia estancada que trata la planificación hídrica como si aún estuviéramos en los años 90.
Agua pública sí. Pero con control, con transparencia y con memoria
En TuPeriódico defendemos el agua como derecho, no como negocio. Pero también advertimos: lo público no se justifica solo por serlo. Necesita funcionar. Y funcionar bien.
No se puede permitir que empresas públicas acumulen altos cargos sin funciones, sueldos sin asistencia, redes sin mantenimiento y protocolos sin actualizar. Ni que se repita el patrón de cargar sobre los técnicos —que sí dan la cara— una responsabilidad que es política.
Y sí: la alternativa no es privatizar. Es depurar responsabilidades. Es exigir. Es auditar. Es planificar con criterios técnicos. Es proteger lo público con más política, no con menos.
Una hoja de ruta pendiente
El próximo gobierno de la Junta, sea del color que sea, debería abordar de una vez una ley andaluza de gobernanza del agua pública. Una que homologue criterios técnicos, garantice auditorías periódicas, establezca mínimos de transparencia, y proteja a la ciudadanía —especialmente a la más vulnerable— frente a las consecuencias de una gestión negligente.
Porque el agua no entiende de ideologías, pero sí sufre las consecuencias de las malas decisiones. Y Andalucía, en plena crisis climática, no puede permitirse seguir jugando con fuego… ni con agua.
