Andalucía vuelve a encabezar una de esas estadísticas que deberían sacudir conciencias y agendas políticas: el 24,6% de los hogares andaluces con hijos e hijas, donde al menos un adulto trabaja, vive en situación de pobreza laboral. Es decir, uno de cada cuatro hogares con menores y empleo no puede garantizar unas condiciones de vida dignas. Son datos extraídos del último informe de Save the Children, titulado Cuentas que no salen, que pone el foco en una realidad lacerante: trabajar ya no es suficiente.
La situación es especialmente grave en los hogares monoparentales y las familias numerosas. En los primeros, la tasa de pobreza laboral se dispara hasta el 32%, y en los segundos, hasta el 35,5%. Andalucía se sitúa a la cabeza en ambos casos. Es una fotografía nítida de cómo la precariedad laboral y la falta de políticas estructurales de apoyo a la crianza terminan empujando a miles de niños y niñas a crecer en contextos de privación, inseguridad e incertidumbre.
Crianza bajo presión económica
El coste de crianza en Andalucía se estima en 722 euros mensuales por menor. Esta cifra —muy por encima del umbral de gasto razonable para una parte importante de la población— no incluye lujos ni caprichos: contempla vivienda, alimentación básica, suministros, educación y cuidados. Para muchas familias, esos 722 euros son sencillamente inalcanzables, aunque ambos progenitores estén empleados. La ecuación no cierra porque los salarios no alcanzan y porque los precios de bienes esenciales, especialmente vivienda y alimentación, siguen escalando.
El informe subraya un dato especialmente preocupante: la pobreza severa entre las familias con menores en Andalucía es nueve puntos superior a la media nacional. Es un síntoma claro de que las medidas implementadas no sólo son insuficientes, sino que también carecen de orientación estratégica hacia la infancia como eje prioritario de protección social.
Una oportunidad perdida: la REMISA
En este contexto, una crítica económica que resuena con fuerza es la oportunidad perdida en Andalucía tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Diversas ONG, entre ellas Save the Children, propusieron transformar la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (REMISA) —una prestación autonómica preexistente— en un instrumento específico y universal de protección de la infancia. No se trataba de duplicar ayudas, sino de adaptar una herramienta ya existente a un nuevo marco estatal y focalizar su impacto en los más vulnerables: los niños y niñas en riesgo de exclusión.
Sin embargo, la administración autonómica no solo ignoró esta propuesta, sino que ha mantenido una REMISA en estado de parálisis técnica y política. El resultado, como señala un economista consultado para este artículo, es desolador: «el resultado es cero, no han hecho nada». Ni reformulación, ni reorientación, ni siquiera una estrategia pública de debate. La ventana de oportunidad que se abrió con el IMV se cerró sin que nadie en la Junta de Andalucía se molestara en atravesarla.
¿Por qué no se actuó?
Las causas de esta inacción son múltiples. Por un lado, la fragmentación de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas genera una lógica de «esto no me toca» que diluye responsabilidades. Por otro, los discursos dominantes sobre el control del gasto social, impulsados tanto por la patronal como por ciertos sectores tecnocráticos de la administración, siguen pesando más que los informes sobre pobreza infantil.
Pero hay una razón de fondo aún más inquietante: en Andalucía, la infancia no ha sido nunca un sujeto político prioritario. Ni en los presupuestos, ni en la agenda parlamentaria, ni en las estrategias de bienestar
La pobreza infantil es tratada como un efecto colateral de la pobreza general, sin medidas específicas ni una mirada integral que la aborde desde múltiples frentes: ingresos familiares, acceso a servicios, conciliación, educación, salud mental o vivienda.
El espejismo del empleo
El informe de Save the Children desmonta también uno de los grandes mitos de la política social contemporánea: que el empleo es la principal herramienta para salir de la pobreza. Lo fue en otra época, pero hoy ya no. La cronificación de empleos precarios, a tiempo parcial o con bajos salarios, combinada con un coste de vida en ascenso continuo, ha convertido el trabajo en un recurso necesario pero claramente insuficiente.
Es más, muchos hogares empobrecidos no son desempleados: son familias trabajadoras que simplemente no llegan. La narrativa de los «ni-nis» o del «vivir de ayudas» ha servido para ocultar la verdadera dimensión de esta precariedad estructural.
Lo que Andalucía necesita (y aún no tiene)
La conclusión es clara: Andalucía necesita una política de infancia ambiciosa, integral y sostenida. No una suma de parches o campañas estacionales, sino una arquitectura institucional que reconozca a los niños y niñas como sujetos de derechos y no como apéndices familiares. Esto pasa, entre otras cosas, por:
- Una prestación universal por hijo a cargo, complementaria al IMV, gestionada desde lo autonómico.
- Incentivos fiscales y ayudas específicas a familias monoparentales y numerosas.
- Una apuesta decidida por escuelas infantiles públicas y servicios de conciliación accesibles.
- Control de precios de alquiler e intervención pública sobre la vivienda.
- Reformulación del actual sistema de becas y ayudas escolares para garantizar igualdad de acceso.
Conclusión: no es caridad, es justicia
Invertir en infancia no es una cuestión de compasión, sino de justicia social y eficiencia económica. Cada euro no invertido en proteger a un menor se multiplica en costes futuros: peor salud, menor rendimiento académico, más exclusión social y mayores dificultades de inserción laboral en la edad adulta.
Andalucía tuvo la oportunidad de dar un paso decisivo en esta dirección reformando su propia REMISA. Pero no lo hizo. Y lo que no se hace, también es política.
