Con relación al debate suscitado recientemente vinculado al «apagón», ha vuelto a tomar relieve la importancia e idoneidad de tener una empresa pública de energía. La energía es uno de los sectores estratégicos donde un país debería de tener más interés y participación, un 20% de REE (Red Eléctrica Española) a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no es suficiente.
Este pasado fin de semana, buscaba información sobre la vigencia de las concesiones a las centrales hidroeléctricas, y me encontré con un trabajo fin de máster de una persona llamada Julia Chaves Vargas, para la Universidad de Sevilla; es bastante interesante y recomiendo su lectura.
¿Por qué buscaba información sobre las concesiones a las centrales hidroeléctricas? Bajo mi opinión, que el Estado asumiera la gestión y la explotación de estas centrales tras la finalización de las concesiones sería uno de los pasos a dar para tener una empresa pública de energía. Con las centrales o parques eólicos se debería de hacer lo mismo, en 2020 se estimaba que en los próximos 10 años (2030), 70 de estos parques eólicos finalizarían su concesión. Todo esto tiene un «pero»; el famoso «mientras tanto», aquí es donde a mí me gustaría centrarme.
El mientras tanto: Particularmente creo que sería más interesante a corto plazo crear una comercializadora pública estatal, una distribuidora pública estatal y nacionalizar REE.
REE cuenta con un valor total de la compañía en 10 537 736 000€ en activos y de 1 625 164 000€ en ventas (cifras del año 2023). Un capital social por valor de 270,5 Millones de euros y un total de 514,08 Millones de acciones. Con estas cifras, nacionalizar REE tendría un coste para el Estado cercano a los 8 500 Millones de euros.
Con la comercialización y distribución pública, el Estado podría comercializar y distribuir la energía a sus clientes eliminando el margen de beneficio comercial y/o empresarial, esto incidiría directamente en una minoración de las facturas de los clientes. Poniéndole cifras; tomando de referencia el precio del mercado mayorista para los próximos 10 años, estaríamos en un precio esperado de 56€/MWh, al cual tendríamos que sumarle el resto de cargos, peajes y costes de la distribución. Respecto al precio que pagaría el cliente por la potencia contratada en su suministro, tomaríamos de referencia los precios regulados en BOE por el Gobierno de España. Adicionalmente, si el Gobierno de España implementase la recomendación de medidas que Bruselas realizó el pasado mes de febrero de llevar los cargos y peajes de distribución a cargo de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) y sacarlos de la factura del consumidor, más reducir el IVA al 5% podríamos estar hablando de que las facturas del hogar medio español pudieran verse reducidas en cantidades considerables.
Estableciendo precios de Potencia contratada BOE Punta-Llano 0,0738€/KW día y Valle 0,0019€/KW día para un hogar con 4,5KW de potencia contratada supondría un coste de 124,33€/año – 10,36€/mes, y para el consumo tomando de referencia el consumo medio nacional 3 240kWh anuales, con un precio aproximado de 0,086€/kWh tendríamos un coste de consumo de 278,64€/año – 23,22€/mes. Estaríamos hablando de facturas medias de 33,58€ + impuestos.
Respecto a los conceptos impositivos de las facturas, eliminaría el IEE (Impuesto Energía Eléctrica) del 5,113% y reduciría el IVA al 5% como recomienda Bruselas o al 4% al ser la factura eléctrica un bien esencial para los ciudadanos.
En España, en el año 2024 la factura media por hogar se ha situado en los 63,19€/mes, contando con que ha sido el tercer año con el precio de la energía mayorista más barato desde que hay registro. Aplicando lo expuesto, la comercializadora pública estatal podría establecer facturas medias de 36€/mes aproximadamente.
Concluyendo, el debate sobre empresa pública de energía SI/NO está muy bien, pero hay que dotarlo de contenido. Explicar como puede desarrollarse, horizontes temporales a los objetivos y sobre todo cifras.
Una empresa estatal pública de energía no solo nos dota de soberanía energética como Estado, también nos permite poder ofrecer alternativas en el mercado a los ciudadanos, o implementar las bonificaciones sociales a personas y familias vulnerables de forma directa, rápida y realmente efectiva.
Donde el objetivo no sea la maximización de beneficios económicos, y sí prime la calidad y eficiencia en el suministro sin necesidad de generar beneficio económico.
