En este artículo, el autor analiza las consecuencias derivadas de la divulgación de los videos con el interrogatorio judicial del principal asesor de Jair Bolsonaro sobre la trama para la ejecución del golpe de Estado en 2022 y la conspiración para asesinar a Lula, Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.
En los últimos días, con la divulgación pública de los videos del interrogatorio judicial al militar que actuó como ayudante de campo del expresidente ultraderechista que ocupó el cargo entre 2019 y 2022, se hizo evidente para todos lo que las pruebas obtenidas en las investigaciones de la Policía Federal ya habían dejado plenamente explícito hace algún tiempo.
Entre los que se identifican con las mayorías trabajadoras, las reacciones han sido contradictorias. Algunos se regocijan por la acusación y probable condena del patriarca de la familia y de los principales miembros de la organización criminal que articuló el plan golpista y los asesinatos de Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes. A su vez, hay otros que ven con reticencia esta acusación, creyendo que, al manifestarle su aprobación, la izquierda termina abriendo espacio para que medidas del mismo tenor se apliquen arbitrariamente contra líderes populares en el futuro.
Mientras que los del primer grupo consideran que el enjuiciamiento y condena de todo el alto mando golpista nos favorece, ya que nos exime de la necesidad de librar disputas electorales contra el sector de extrema derecha con más capilaridad y capacidad organizativa, que ha demostrado saber cómo acercarse a las masas a través de las iglesias neopentecostales y ganar parte importante de su apoyo; a los de la segunda les sería preferible que todos nuestros esfuerzos se hicieran con el objetivo de derrotar a estas fuerzas neonazis a través de la lucha política. Y no por medios judiciales.
Sin embargo, como suele ocurrir en muchas situaciones, nos damos cuenta de que hay aciertos y equivocaciones que impregnan estas dos formas de sentir y reaccionar ante la realidad a la que nos enfrentamos en este momento.
En primer lugar, es necesario decirlo alto y claro que las fuerzas políticas del campo popular nunca debieran movilizarse para impedir que los enemigos más nefastos de la clase obrera sean excluidos del juego político. Tenemos, sí, un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de todos aquellos que están en el espectro que abarca a las fuerzas populares y democráticas, pero NUNCA con los fascistas.
En relación con la alegación de que no debemos aceptar argumentos que, en otras circunstancias, podrían utilizarse para eliminarnos de la escena a fin de favorecer la preservación de los intereses de los sectores hegemónicos de los capitalistas, no nos conviene abrigar ilusiones. Las clases dominantes nunca dependen de NINGUNA justificación válida y coherente para sacarnos de alguna disputa en la que tenemos la posibilidad de obstaculizar sus planes para la subyugación total de la nación. Lo único que necesitan para ello es contar con fuerzas efectivas para llevar a cabo su cometido.
Ya a mediados del siglo pasado, los responsables políticos de las oligarquías no dudaron en apelar a una acusación visiblemente estúpida e infundada para eliminar de la escena a la gran figura de la izquierda de la época, Luiz Carlos Prestes. Una vez más, cuando sintieron que tenían la fuerza suficiente para imponerse, estos mismos sectores reaccionarios no demostraron ninguna timidez en llevar adelante la escabrosa maniobra del tal «pedaleo fiscal», para destituir de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff.
Además, para hacer inviable la participación del único líder popular en condiciones de derrotar a todos los candidatos de su plantilla en los comicios de 2018, las clases dominantes no vacilaron en recurrir a las manipulaciones jurídicas más escandalosas. Con eso, metieron a Lula en la cárcel y lo dejaron inelegible. Para ello, crearon una de las organizaciones criminales más grandes y mejor financiadas en la historia de nuestra nación: la otrora imponente Operación Lava Jato.
Tenemos que tener muy clara una cuestión: las clases dominantes no dependen de precedentes teóricos, legales o filosóficos válidos para justificar sus actos de persecución en contra de la clase obrera y sus dirigentes. Basta con que dispongan de la fuerza suficiente para hacer valer su objetivo.
Entonces, a los compañeros que creen que los desenlaces presentados hasta ahora en el proceso judicial contra los mentores y ejecutores del intento de golpe de Estado de 2022 son indicios de que, esta vez, prevalecerá la justicia, nos conviene recordarles que es un error confiar en la neutralidad e imparcialidad del aparato judicial de un Estado donde las clases dominantes aún ejercen una hegemonía significativa. Me parece lógico que consideremos este enjuiciamiento como algo positivo, al igual que nuestro deseo de que la condena se consume y que las penas sean aplicadas. Pero, podremos tener serias complicaciones si aceptamos depender tan solo de la buena voluntad de nuestro Poder Judicial en este caso.
Por ello, también es imperativo que nos dediquemos a construir bases sólidas de apoyo político entre nuestra población. En síntesis, debemos recurrir a todo lo que nos pueda ser circunstancialmente favorable en las estructuras del actual sistema, mientras nos dedicamos a aumentar nuestra inserción en el pueblo, buscando acumular fuerzas para que podamos lograr resultados que beneficien a las mayorías populares.
En relación con los que no están de acuerdo con que se apliquen a nuestros enemigos de clase las medidas que no nos gustaría que se aplicaran contra nosotros, es muy importante que todos tengan presente que nunca hemos luchado para que los órganos del Estado funcionen con el objetivo de someter y explotar a otros sectores sociales. Así, no hay forma de equiparar las medidas que se toman para reprimir a quienes luchan para acabar con la explotación con las que se toman para impedir que los explotadores nos sigan explotando.
Por lo tanto, es más que justo que alcemos nuestra voz de protesta contra el uso de la ley para perseguir arbitrariamente a los luchadores del campo popular, y que lo consideremos plenamente válido cuando se emplea la legislación para protegernos de los enemigos del pueblo. Si los propósitos que impulsan a los extremistas de derecha no tienen nada que ver con la justicia, ¿por qué no deberían ser castigados? De hecho, sin hipocresía, en el mundo de justicia en el que aspiramos a vivir, las clases explotadoras ni siquiera deberían existir como tales.
Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos preocuparnos por evitar que los explotadores del pueblo se vean afectados por el rigor de las pocas leyes del aparato estatal a las que pueden ser sometidos.
Para quienes ya lo han olvidado, vale la pena recordar: en sociedades compuestas sobre la base de clases con intereses antagónicos, la lucha de clases sigue vigente, y en ella no hay lugar para el pseudo-moralismo y la pseudo-neutralidad. Los opresores no respetan nada más que la fuerza organizada de las masas populares. Y si queremos evitar que el marco legal sea utilizado arbitrariamente para atacar a los que luchan a favor de las causas de las mayorías trabajadoras, el instrumento más eficaz para impedir que esto suceda es la consolidación y organización de las fuerzas del campo popular y su inserción profunda en la población.
