Este artículo ha sido posible gracias a la suscripción de lectores y lectoras como tú. Ayúdanos a seguir haciendo periodismo valiente uniéndote a nuestro Consejo Editorial con tu suscripción.
La noticia nos llegó a través del buzón seguro de TuPeriódico. Cuando vimos aquella notificación supimos que el problema no era baladí, sino uno como la Hidra de Lerna, le crecían las aristas cuanto más investigábamos el asunto.
Casi al mismo tiempo, nos informábamos sobre la sentencia condenatoria al Ayuntamiento, con sanción por vertidos al Almonazar; una denuncia ciudadana de malos olores en el entorno del puente de la calle San José; y realizábamos fotografías del arroyo con aguas blanquecinas a su salida en la Unión. Todo podía apuntar en diferentes direcciones, o ser manifestaciones del mismo problema. Un problema de 360 grados.
Los olores
La Asociación de Vecinos de la urbanización Nueva Jarilla han venido denunciando sufrir malos olores, provenientes de la depuradora que la fábrica de Quesos Vega tiene en sus instalaciones. Estos olores, de gran intensidad, se sumaban al ruido que la actividad fabril produce, lo que acarreó aún más denuncias. Este conflicto de convivencia es el resultado de un proceso de urbanización desigual, una industria sobrecargada que tiene que fabricar como sea y un ayuntamiento sobrepasado por la situación.
En noviembre del pasado año, Ecologistas en Acción elevó a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, órgano competente de la Junta de Andalucía, una petición para que se tomasen las medidas oportunas para solucionar este problema. No es la primera vez que Ecologistas en Acción se interesa por los asuntos del Almonazar y o de La Rinconada, pues el colectivo ecologista y el Ayuntamiento ya se han visto las caras en los tribunales. Como ejemplo, las sentencias que anularon la urbanización de Majaloba, o más recientemente, la paralización de la Unión, ambas en términos muy similares. Pero los problemas de olores —algo conocido en San José, donde la ubicación de la azucarera procuraba al barrio una experiencia olfativa — son la consecuencia de la segunda de las aristas del problema: los vertidos.
Los vertidos
Hemos de diferenciar aquí tres tipos de vertidos, los últimos dos incontrolados y, por tanto, ilegales. Estos son, a la red de alcantarillado y saneamiento, responsabilidad compartida por EMASESA y el Ayuntamiento; los ilegales vertidos a cauces naturales y los no menos lícitos vertidos en superficie. Todos tienen algo que ver en esta historia.
En octubre del pasado año, de nuevo Ecologistas en Acción, denunció ante las administraciones que el arroyo Almonazar estaba siendo objeto de «vertidos ilegales», algo que en palabras del colectivo «es claramente evitable». Para ello, reclamaba la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y del Ayuntamiento de La Rinconada «para acabar con esta situación sancionando a los responsables para eliminar los vertidos». Estas sanciones son posibles y, de hecho, la CHG impuso al propio Ayuntamiento una en 2018 por falta de vigilancia en cuanto a los vertidos que las urbanizaciones de Los Abetos y El Castellón, muy cercanas al Canal Inferior del Guadalquivir, realizaban en la zona. El ayuntamiento, en un recurso desestimado por el TSJA, argumentaba «su falta de responsabilidad en el vertido», dado que ni había concedido autorización ni tenía conocimiento de ello, algo en lo que el Alto Tribunal le enmendó la plana: «es posible la imputación de responsabilidad, dado que es la administración local la competente, debiendo prestar el servicio de alcantarillado». Estas urbanizaciones están muy próximas al lugar que nos ocupa, La Jarilla y la fábrica de Quesos Vega, y suponen un interesante antecedente legal.
Precisamente, desde hace unos meses, los vecinos vienen denunciando la recogida de los subproductos de la fabricación quesera que se separan en la depuradora de la empresa y que se vierten, en superficie, en un terreno próximo.
El subproducto de desecho de esta actividad industrial es la caseína, un compuesto altamente contaminante disuelto en álcali (una base fuerte empleada en su separación del lactosuero) que debe ser eliminado a través de un centro de tratamiento de residuos. El vertido de esta sustancia blanquecina en las aguas produce, además de la coloración de estas, un olor característico, la sobredemanda de oxígeno por parte de bacterias que proliferan al alimentarse de los compuestos orgánicos del vertido, lo que mata al resto de vida en el medio por asfixia. Si se vierte en superficie, la descarga continua de esta parte del lactosuero altera las propiedades fisicoquímicas, disminuyendo el rendimiento de cosechas, además de producir lixivación (una reacción que disuelve los minerales, filtrándose a las aguas freáticas) debido al nitrógeno que contiene. Así, el suelo pierde sus propiedades nutritivas y se vuelve ácido, tal y como nos confirma Antonio Amarillo, biólogo y experto en Análisis y Tratamiento del Agua y coordinador del área de Agua de Ecologistas en Acción.
Se da la circunstancia de que la empresa ya ha tenido un expediente sancionador por los mismos motivos en el pasado, como nos confirman desde el colectivo ecologista, que señalan a la Policía de Aguas —dependiente de la Confederación Hidrográfica— como el órgano inspector que detectó partículas procedentes de la quesería en el Almonazar.
En una reunión que Quesos Vega mantuvo con la asociación de vecinos se trasladó que EMASESA había ofrecido su capacidad para tratar el foco del problema de olores que sufre la urbanización. Esta oferta, que según los representantes de la empresa en la reunión, estaba en estudio, pasaba por el pago de un cánon y ofrecería que el 100% de los residuos fueran depurados por la administración pública de aguas, previa separación.
No obstante, en fechas cercanas, se ha observado que un camión cisterna recoge de la depuradora parte de los subproductos y los conduce a una finca cercana en El Toril (en la linde trasera de La Jarilla, y a la que se accede más adelante por la misma carretera) donde, oculta a la vista por un promontorio, se realiza el vertido directamente al suelo.
Consultado el Catastro, la información de la finca arroja un resultado de «uso agrario», y más específicamente la zona del vertido está declarada como «labor o labradío de regadío». Precisamente en el catastro (aunque también en el Callejero Unificado de Andalucía y en el propio PGOU local) nos encontramos la siguiente sorpresa.
La depuradora
Y es que el origen de estos olores, ruidos y vertidos, la depuradora, según todos los registros, no se halla en una finca industrial, sino en un espacio de uso deportivo, siendo una parcela independiente no sólo respecto a la fábrica, sino al resto del polígono agroalimentario de La Jarilla y cuya única construcción declarada resulta ser un almacén.
Según los datos de la Dirección General del Catastro, en este suelo urbano, acotado por una línea de árboles que lo separan del patio de la fábrica, se realizó la construcción de un almacén en fecha de 2007, a tiempo para la ley 2/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que ampliaba la competencia en materia de aguas, que ya en 2005 se había iniciado para las aguas residuales urbanas.
Precisamente, en la depuradora se había iniciado el problema de convivencia con los vecinos de La Jarilla. Una depuradora que, según un técnico de la propia empresa, tiene el problema de ser vieja y no dar abasto con todos los desechos.
Los vecinos
Evidentemente, ante este panorama, los vecinos no se quedaron quietos. Mantuvieron reuniones con el ayuntamiento y la propia empresa, Ecologistas en Acción, abogados e, incluso, con el Seprona.
De estas reuniones se sacó el pasado año un principio de acuerdo tras las movilizaciones y protestas que, en marzo de ese año, realizaron algunos afectados con pancartas —pancartas que desaparecieron al poco—, acuerdo en el que el alcalde, Javier Fernández, trasladó a los vecinos que EMASESA se haría cargo de la depuración de los desechos, para lo que había que realizar una obra que, presumiblemente, acabaría con la depuradora.
No obstante, en una reunión posterior con representantes de la empresa, se desmiente esta información, declarando que la obra (para verter a EMASESA, y al mismo tiempo, contar con agua de la red pública) está terminada. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción dudan que la empresa pública pueda siquiera hacer frente a estas aguas, teniendo en cuenta que «ya se encuentra en un proceso judicial respecto de las deficiencias que tienen 3 de las 4 depuradoras, incluida la de San Jerónimo», donde se pretendería depurar dichos residuos industriales.
[Actualización] El 18 de febrero, los vecinos de la urbanización han colgado en el perfil de la Asociación de Vecinos una lista de peticiones explicando la problemática; desmintiendo algunos mitos como que desde la asociación se pide que se cierre o se traslade la fábrica, así como respondiendo a algunas voces que indican que al estar la fábrica antes (no es así, se encontraba en El Castillo de las Guardas) tiene mayor derecho sobre las viviendas.
En su comunicación, los vecinos piden que se respeten los horarios de descanso al tiempo que mantienen la puerta abierta a negociaciones con la empresa con intermediación del ayuntamiento para la resolución del problema.
Mantienen que sólo la voluntad es la manera de resolver el problema de forma satisfactoria para todas las partes, aunque manifiestan que tras tantas negociaciones, tienen la impresión de que «tanto unos como otros escurren el bulto».
En fechas recientes, y ante los vertidos realizados por la empresa en los terrenos, presumiblemente de su propiedad, los vecinos han decidido acudir de nuevo a Ecologistas en Acción, que ha puesto el caso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil por constituir unos «hechos muy graves».
[Actualización] Esta denuncia ha fructificado en la visita de la Guardia Civil al lugar de los vertidos el 23 de febrero, sin que por el momento haya trascendido si se ha impuesto sanción alguna
La empresa
No obstante, ¿a qué se debe el hecho de que la depuradora no pueda con todos los desechos? ¿De dónde viene tal sobrecarga? La respuesta parecer encontrarse en el acuerdo de proveedor que la quesería firmó con Mercadona por la que además, la histórica empresa familiar aumentaba la producción de quesos y serviría lactosuero como complemento alimenticio. Esta mayor producción, unida al hecho de un proceso industrial para el aprovechamiento del lactosuero —un subproducto antes eliminado— terminaron por saturar unas instalaciones no pensadas para tal propósito.
Y es que, desde 2018, fecha en la que se firmó el acuerdo con Mercadona por el que la empresa rinconera pasaba a proveer los quesos de la marca Hacendado, el crecimiento en la producción ha sido sustancioso. Según datos de 2018, la fábrica de La Jarilla producía más de 3 millones de kilos de queso, facturando por ello más de 15 millones de euros anuales.
💬 TuPeriódico se ha puesto en contacto con la empresa Quesos Vega e Hijos, sin poder hablar con la gerencia al momento del cierre de la edición impresa. No obstante, sí que ha obtenido el compromiso de comentar el asunto en fecha posterior, declaraciones que, de producirse, se encontrarán en esta versión ampliada digital a la que referencia el encabezado del artículo impreso, para permitir el acceso de todo el mundo a la información completa.
