Stuart Medina Miltimore. Originalmente publicado en El Salto Diario. Disponible en papel en tuDesayuno, número #003
El proyecto neoliberal avanza shock a shock. Así fue como la crisis financiera global permitió introducir una reforma laboral que ha sido instrumental para la represión salarial en el proceso de conversión de la economía española en una neta exportadora bajo el modelo mercantilista postulado por la Unión Europea.
La crisis pandémica podía haber servido para replantear la globalización extrema que ha fragilizado nuestras cadenas de suministro, proponer una reducción permanente de la frenética actividad causante de la crisis climática o invertir en la recuperación de nuestro deteriorado estado del bienestar. Pero esta no es la salida que ha planteado el equipo económico de Pedro Sánchez.
Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá constituyen un grupo cohesionado por la solidez doctrinal en torno al pensamiento económico neoclásico. Han sabido mover sus fichas con destreza, anticipándose a sus socios de gobierno para proponer un plan de recuperación financiado con fondos «europeos», que al no ser nacionales, permiten condicionarlo al proyecto político de la UE. Acceder a los fondos Next Generation EU exigía presentar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea.
Escrivá ha conseguido colocar a través de ese instrumento —y mucho alarmismo sobre su sostenibilidad— la reforma de las pensiones que venía persiguiendo desde que dirigía la AIReF. En el PRTR ya estaba la «creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación». El sistema de pensiones de Escrivá tiene tres patas: una pública con un carácter progresivamente residual; una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa; y una tercera en el fondo de pensiones de empleo de promoción pública.
El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado en julio de 2021 de reducir la cuantía de las pensiones públicas en 30.000 millones de euros va en esa dirección.
La propuesta había pasado desapercibida enterrada un documento extenso y de lectura farragosa. Pero ya no podemos ignorarla. El 4 de marzo se registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Este proyecto contempla la promoción pública de fondos de pensiones.
Un modelo socialmente regresivo
Es desconcertante que la noticia haya sido acogida con indiferencia en la opinión pública. El modelo propuesto es análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.
El modelo público de reparto y de prestación definida pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva. En un modelo de capitalización esto no ocurre puesto que las aportaciones al fondo de pensiones serán mucho mayores para las personas que perciban retribuciones más elevadas. El resultado de la generalización de este modelo será una segregación entre perceptores de pensiones dignas —las complementadas con las percepciones del fondo público de pensiones— y perceptores de pensiones públicas básicas. El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional.
Inicialmente el tamaño del fondo será pequeño, pero no importa cuán irrelevantes sean ahora las aportaciones de las administraciones públicas al fondo. Se abre la veda para que un próximo gobierno conservador priorice las aportaciones a los fondos de pensiones sobre el sistema de reparto y aportación definida.
Es crucial entender que este dinero saldrá de los presupuestos generales sin incrementar el bienestar presente de ningún colectivo. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a los salarios de las plantillas del sector público. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social. Dadas las restricciones institucionales que imponen los tratados de la UE al gasto público resulta indecente que una parte acabe colocada en inversiones bursátiles, contribuyendo a hinchar burbujas financieras, en lugar de atender necesidades sociales perentorias.
Estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero. ¿Qué pasa si las personas ahorradoras pierden una parte considerable de los derechos consolidados debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Los sistemas de pensiones públicas carecen de este riesgo. Que Escrivá presente este modelo de capitalización como sostenible es, pues, un sarcasmo.
El proyecto de ley no oculta la intención de fomentar el desarrollo del negocio financiero. En la exposición de motivos de la ley se expresa sorpresa por «el estancamiento del patrimonio de los planes de pensiones de empleo desde 2012» y porque el «nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1 por ciento de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 por ciento de la población activa ocupada». No debería sorprender. La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy.
Los gestores de fondos languidecen en el estancamiento pero la reforma de Escrivá les echa un capote. El fondo de promoción pública supondrá la contratación de una entidad gestora y de una depositaria. Las entidades financieras accederán además a una masa de ahorro financiero, parcialmente creado a través de aportaciones de las Administraciones Públicas.
El cuestionamiento permanente de las pensiones públicas
El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Se utiliza el dato de las crecientes tasas de dependencia, la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). La inminente jubilación de las cohortes nacidas durante el ‘baby boom’ se presenta como el apocalipsis de las pensiones.
Pero este alarmismo parte de una comprensión errada de los sistemas de pensiones públicas. Estos son un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Su sostenibilidad depende por tanto de que tal excedente exista, es decir, de que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente como generarlo. La productividad de la economía española actual sobra para mantener a la población dependiente. Si lo que se cuestiona es esa capacidad, entonces se debe planificar desde ya la construcción de las infraestructuras necesarias y la formación y contratación del personal especializado en los cuidados de las personas mayores.
Una preocupación sincera por el bienestar de las personas jubiladas del futuro implica, por ejemplo, dotar a nuestro sistema de bienestar con plazas residenciales y personal sanitario suficientes. Con más de un 40% de desempleo juvenil no parece que el Estado esté trabajando en esa línea. Prefiere dejar que el desempleo crónico descapitalice a la población trabajadora erosionando así la productividad futura de nuestra economía.
Argumentos espurios
El proyecto de ley es víctima de mitos como que el «aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva». Cae en una de las más burdas falacias de la composición. El ahorro individual efectivamente permite que un individuo pueda contar con más poder de compra en el futuro. Pero si todos decidimos aumentar nuestro ahorro simultáneamente, lo único que conseguiremos es que las empresas vendan menos creando un entorno desfavorable a la inversión. Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.
Las restricciones financieras que preocupan a Escrivá son puramente imaginarias puesto que el Estado tiene la capacidad de crear poder de comprar y transferirlo a la población dependiente de forma ilimitada. Ninguna política presupuestaria realizada hoy por el Estado afectará a su capacidad de pago en el futuro. Tampoco la creación de instrumentos, privilegiados fiscalmente, para la colocación del ahorro individual es una solución.
No tenemos ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en productos financieros si así lo desean. Lo que nos preocupa es que se destine dinero público a los mercados financieros y la amenaza de la segregación clasista en nuestro estado del bienestar. Disfrutar de una pensión digna no debe depender de la capacidad de ahorro individual.
Stuart Medina Miltimore es economista por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Su preocupación por las trágicas consecuencias económicas y sociales de la crisis económica iniciada en 2008 lo llevó a investigar sus causas. Esta búsqueda lo llevó a la Teoría Monetaria Moderna, una escuela poskeynesiana que contradice los dogmas actualmente dominantes.
