por Aurora Báez Boza. La madrugada del 25 de abril de 1998 una de las presas de la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) reventó provocando vertidos tóxicos de más de 5 millones de metros cúbicos en el entorno, convirtiéndose en el mayor desastre de esas características en Europa. Los vertidos afectaron al río Guadiamar, al enclave natural de la mina y llegaron a las puertas del Parque Natural de Doñana, que se salvó gracias a la construcción de un muro por parte de los arroceros de la zona. En esta localidad sevillana de apenas 6 000 habitantes y en las colindantes, muchos aún recuerdan la desesperación de esos días que supusieron una herida profunda en su tierra, pero también en su sociedad, ya que tras el desastre perdieron también el motor económico de la zona al cerrarse por completo la actividad en la mina.
Por eso no es de extrañar que el alcalde de la localidad, Juan José Fernández, expresara tras darse a conocer el dictamen ambiental favorable de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina que «la localidad está ya de fiesta». Fernández cree que volver a retomar la actividad minera será el pistoletazo de salida del resurgir laboral de Aznalcóllar, que actualmente tiene una tasa de paro del 23,68% según el INE. Y que incluso CCOO celebra los pasos hacia adelante para la reapertura del yacimiento, como ha comentado su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu «es una oportunidad para desarrollar la mina como principal motor económico en una localidad muy necesitada de empleo estable y de calidad».
La reapertura de esta mina, en la que hace 25 años se vivió uno de los peores desastres ambientales de la historia del Estado español, es el objetivo que lleva años persiguiendo la compañía minera Los Frailes y que ahora se encuentra a espera de los permisos mineros y de la autorización ambiental unificada tras la luz verde de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente andaluza. Una decisión, la reapertura, que los grupos ecologistas llevan años denunciando y ante la que hasta la UNESCO ha expresado su «máxima preocupación» y que ante la vuelta a la actividad de la mina ha pedido «extremar la prudencia».
Desde ecologistas en acción llevan desde 2015, año en el que la se adjudicaron los derechos mineros de la zona a la compañía minera Los Frailes, las irregularidades del proceso. «El expediente que se está tramitando está todo basado en unos derechos que se obtuvieron mediante técnicas de corrupción. La legitimidad está puesta en duda no por nosotros, sino por la Audiencia Provincial de Sevilla», sostiene Isidoro Albarreal, portavoz del grupo ecologista.
El próximo 2025 tendrán lugar un juicio oral, entre los meses de marzo y julio, contra 14 funcionarios y autoridades de la Consejería de Medio Ambiente y Minas de la Junta de Andalucía y contra dos empresarios de la Minera Los Frailes acusados de “tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas, malversación o delito de fraude y prevaricación ambiental”, según el auto expedido por la Audiencia Provincial de Sevilla. «El principio de precaución aconseja, por tanto, que se paralicen los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral y se dicte sentencia», exponen desde Ecologistas en Acción. Si se llegase a llevar a cabo esta apertura, el colectivo apunta a que el actual gobierno del PP de la Junta de Andalucía «se estaría haciendo cómplice y colaborador necesario de toda la corrupción que impregnó la adjudicación de derechos mineros realizada en 2015 por la anterior administración y Gobierno del PSOE».
Por si esto no fuera suficiente razón para paralizar el proceso, además el proyecto de la Minera los Frailes incluye un vertido tóxico inicial de 17,52 Hm3 durante 18 meses para vaciar las cortas mineras actualmente inundadas y un posterior vertido tóxico continuo de 4 Hm3/año durante 17 años. En total 85,52 Hm3 de vertido contaminante en la Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Estuario del Guadalquivir que alimenta al Parque Nacional de Doñana. Unos vertidos que ha incluido la Junta de Andalucía en su autorización ambiental y que depositarían el material tóxico en el Río Guadalquivir. El punto de vertido se encontraría a las afueras de la ciudad de Sevilla, junto al Estadio Olímpico.
Detrás de la Mina Los Frailes se encuentra la multinacional minera Grupo México SAB acusada de un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el Río Sonora —México— en 2014, además de diversos casos de corrupción y de falta de derechos laborales en sus explotaciones. La adjudicación y la puesta en marcha del proceso para reactivar la mina de Aznalcóllar surge en el mismo año en el que el Juzgado de Primera Instancia 11 absuelva a la empresa responsable de los vertidos en Aznalcóllar, Bodilen, a pagar 89 millones de euros a la Junta de Andalucía.
La reapertura de la mina en Aznalcóllar es la punta del iceberg de una estrategia en torno al impulso de la minería por parte de la Junta de Andalucía. Los Presupuestos andaluces de 2023 multiplicaron por seis su partida al sector, llegando a los 125 millones de euros y el pasado julio la Junta de Andalucía aprobaba la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 para impulsar el sector. El gobierno andaluz está proyectando la puesta en marcha de decenas de otros proyectos mineros como el de la Planta de producción de metales de alta pureza (planta E-LIX) promovida por Atalaya Riotinto Minera (ARM) en Minas de Riotinto, ante la que los colectivos ecologistas también han mostrado su preocupación.
A pesar de la nomenclatura de «minería sostenible» los ecologistas denuncian la inviabilidad de ese concepto. «El concepto que nos están queriendo vender de minería verde y minería sostenible es mentira. La minería, por definición, es contaminante y la minería, por definición, agrede al medio ambiente», comenta Albarreal. La Junta de Andalucía justifica y se vanagloria de los proyectos mineros, alegando la creación de empleo en zonas donde históricamente la labor principal ha sido la minería y donde actualmente hay altos niveles de paro, sin embargo, como expone Juan López de Uralde desde Alianza Verde: «El futuro del empleo no pasa por proyectos que destruyen el territorio y generan contaminación ambiental, sino por un modelo sostenible de aprovechamiento de los recursos naturales».
Un hotel en el corazón de Cabo de Gata
Las ruinas del hotel a medio construir siguen presidiendo la playa situada en El Algarrobico en Carboneras —Almería—. Un hotel que gracias al impulso de ecologistas nunca llegó a terminarse y que desde hace 20 años es el ejemplo de la resistencia frente al avance de la destrucción de las costas por parte de proyectos urbanísticos. A pesar de ello, en la otra punta del litoral almeriense un proyecto hotelero amenaza el enclave natural virgen que lo caracteriza.
El pasado 20 de octubre la Junta de Andalucía otorgaba al proyecto de un hotel en la Bahía de los Genoveses, en pleno parque natural de Cabo de Gata, un espacio protegido por una estricta normativa ambiental. El proyecto promovido por la empresa ‘Torres y González Díaz’ SL incluye un hotel de 4 estrellas con 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento en el cortijo Las Chiqueras y ha obtenido el permiso ambiental tras ocho años. Sin embargo, desde los colectivos ecologistas denuncian que no se ha tenido en cuenta sus alegaciones ni las del Ayuntamiento de Níjar para esta aprobación. «Básicamente, el proyecto se vuelve a presentar, tal cual lo presentaron en su momento cuando fue rechazado», expone Manuel Pérez Sola, de la plataforma Genoveses sin Hotel.
