La Unesco ha lanzado un nuevo y contundente aviso a España: si no se adoptan medidas eficaces e inmediatas para frenar el deterioro del Parque Nacional de Doñana, el espacio natural será incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La decisión se debatirá en la 46ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebra este mes en Nueva Delhi, y pone en el centro del foco internacional la gestión ambiental de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.
La advertencia no es nueva, pero sí lo es su tono: la Unesco acusa a España de «incumplimientos graves» y exige una acción inmediata para proteger el humedal. El informe cita la explotación de acuíferos, la proliferación de cultivos intensivos y la presión urbanística como amenazas críticas. En otras palabras: Doñana se seca, y no es por falta de lluvias.
La Junta de Andalucía ha defendido en reiteradas ocasiones su «compromiso firme» con la conservación del parque. Sin embargo, la realidad que reflejan los satélites y los informes de campo es otra: miles de pozos ilegales siguen activos, las extracciones de agua se mantienen por encima de los niveles sostenibles, y los proyectos de desarrollo turístico en la zona no se han frenado.
Organizaciones ecologistas como WWF, SEO/BirdLife o Ecologistas en Acción han celebrado el posicionamiento de la Unesco como un respaldo a la denuncia histórica de la sociedad civil. Para estos colectivos, Doñana ha sido el ejemplo más dramático de la connivencia entre intereses económicos, inacción política y crisis climática.
Incluir Doñana en la lista de Patrimonio en Peligro supondría un duro golpe simbólico y económico. Afectaría a la imagen internacional de España, a la promoción del turismo sostenible y podría condicionar incluso el acceso a determinados fondos europeos. El mensaje de la Unesco es claro: si no se actúa ya, la comunidad internacional asumirá que España ha fracasado en su deber de proteger uno de los humedales más importantes de Europa.
Desde la esfera política, la reacción ha sido desigual. Mientras el Gobierno central guarda silencio a la espera de la decisión definitiva, la Junta ha acusado a las ONG de «alarmismo» y ha minimizado el informe. Una estrategia de negación que recuerda peligrosamente a otras crisis ambientales mal gestionadas.
El deterioro de Doñana es un hecho verificable: el acuífero está declarado sobreexplotado, las especies migratorias están disminuyendo y la biodiversidad se está empobreciendo. La cuestión ya no es si se debe actuar, sino si se está dispuesto a asumir los costes políticos y económicos de hacerlo.
En este contexto, resulta insostenible seguir vendiendo a Doñana como escaparate de la Andalucía verde mientras se deja morir su corazón hídrico. No es solo una cuestión ecológica, es también una batalla moral: decidir entre proteger un patrimonio natural universal o seguir alimentando un modelo depredador que ya ha dado muestras de agotamiento.
El ultimátum está sobre la mesa. Si no se actúa de forma inmediata y contundente, la próxima portada sobre Doñana podría no hablar de biodiversidad, sino de fracaso histórico.
