Tras un estudio detallado de la licitación de las polémicas obras de remodelación de la avenida de Cervantes, que han provocado un fuerte movimiento vecinal de oposición, el partido morado ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada contra el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina Carmina, al detectar que existen graves incumplimientos legales en la misma.
Según el portavoz de Podemos Granada, Salvador Soler, los incumplimientos están relacionados con la seguridad de los trabajadores, los riesgos para la salud pública de la población y las dañinas afectaciones al medio ambiente, «no solo del barrio sino de toda ciudad, dado que ya sabemos que Granada es un punto negro de contaminación atmosférica en el mapa de España».
La denuncia alerta que la licitación, con un presupuesto superior a 3,4 millones de euros, se ha aprobado sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ni la Evaluación Ambiental Simplificada, pese a tratarse de una actuación con fuerte impacto urbano: tala de al menos 19 árboles consolidados, sustitución de redes de fibrocemento y obras en una ciudad declarada zona de protección atmosférica por altos niveles de contaminación.
Para Salvador Soler «en una de las ciudades con el aire más contaminado de España, omitir la evaluación ambiental no es solo una irregularidad grave administrativa: es una amenaza directa a la salud pública». Además, el proyecto contempla la retirada de tuberías de fibrocemento con amianto —material cancerígeno de primer nivel— sin que se haya exigido el Plan de Trabajo específico frente al amianto previsto en el Real Decreto 396/2006. Según la denuncia, este incumplimiento expone a trabajadores y vecinos a un riesgo cierto de inhalación de fibras de amianto, asociadas a graves enfermedades como cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma.
De todo ello el partido morado deduce posibles responsabilidades penales por presuntos delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 325, contra el medio ambiente, 316, contra la seguridad de los trabajadores, y 404 y 329, por falsedad documental y prevaricación administrativa. Para el portavoz de la formación que se declara ecologista de izquierdas, «el concejal de Urbanismo es el responsable directo de la legalidad del expediente, “no pudiendo alegar desconocimiento de la normativa ambiental y de prevención de riesgos».
La denuncia solicita a la Fiscalía que reclame la suspensión inmediata de la licitación, adjudicación y ejecución de las obras, hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa en materia ambiental y de seguridad laboral. Para Soler, «si se permite que el procedimiento continúe y la obra comience tal y como está proyectada, los daños a la salud, al arbolado urbano y a la calidad del aire serán irreversibles».
Granada, es la ciudad con el aire más contaminado de España declarada zona de protección atmosférica por niveles críticos de contaminación. Si a la concentración de partículas finas (PM2,5) que alcanzó en 2024 los 14,54 microgramos por metro cúbico, se añade la reducción de la masa arbórea urbana prevista en la Avenida de Cervantes, el impacto acumulativo negativo en la calidad del aire será demoledor para la salud pública.
