La reciente afirmación del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre la «invisibilidad» de la sanidad pública andaluza debido a la alta esperanza de vida en la comunidad, no solo resulta desconcertante, sino que revela una peligrosa lógica política: si la población vive más, entonces el sistema sanitario público no merece atención ni inversión. Esta declaración, lejos de ser anecdótica, encaja en una estrategia más amplia de desmantelamiento planificado de los servicios públicos esenciales en favor de intereses privados.
Desde hace años, Andalucía sufre una precarización sistemática de su sistema sanitario. La atención primaria, piedra angular del modelo preventivo que garantiza una población sana, ha sido relegada a un segundo plano. En su lugar, se promueve un modelo curativo, centrado en la enfermedad, que favorece a las grandes corporaciones sanitarias privadas. Estas empresas, muchas con sede fuera de Andalucía, operan bajo una lógica extractivista: utilizan nuestros recursos, se apropian de las plusvalías generadas por el sufrimiento y la necesidad, y dejan tras de sí un sistema público debilitado.
Los profesionales sanitarios formados en Andalucía —reconocidos internacionalmente por su excelencia— rechazan las plazas ofertadas por la Junta de Comerciales
¿La razón? Condiciones laborales indignas, contratos temporales, falta de reconocimiento y una política que los empuja hacia la emigración o el sector privado. Esta fuga de talento no es casual, sino consecuencia directa de una política que busca colapsar lo público para justificar su privatización.
El gobierno andaluz, lejos de actuar como garante del bienestar colectivo, se comporta como una junta comercial al servicio de intereses empresariales. La cesión de servicios públicos a multinacionales, muchas veces a precios irrisorios, no responde a criterios de eficiencia ni de mejora, sino a una lógica de puertas giratorias y favores futuros. La sanidad, como la educación o el agua, no puede ser tratada como mercancía. Convertir la salud en negocio implica aceptar que solo quienes puedan pagar tendrán derecho a vivir con dignidad.
Moreno Bonilla ondea la bandera andaluza mientras entrega Andalucía a intereses ajenos. Su gobierno no representa a Andalucía, sino a un modelo neoliberal que desprecia lo público, lo comunitario y lo andaluz. Esta incoherencia se agrava cuando se falsea el propio currículum académico, como si la gestión pública fuera un evento protocolario y no una responsabilidad histórica.
Pero no podemos caer en la nostalgia ni en el desencanto. El PSOE, que inició la privatización de la sanidad pública andaluza y la sostuvo durante décadas, no representa una alternativa creíble. Andalucía necesita un liderazgo propio, arraigado en su tierra, que trabaje por un pacto entre pueblos, plurinacional y federal, que sustituya el pacto de élites que nos vampiriza.
Es hora de que Andalucía deje de ser tratada como la periferia explotada, colonizada, del Estado español. No somos el patio trasero de recreo, sino una tierra con capacidad, historia y talento para liderar el cambio político, social y económico que este país necesita. Andalucía debe ocupar el lugar que le corresponde: como argamasa que une, como motor de transformación, como ejemplo de dignidad.
Si hay algo que Andalucía no puede permitirse, es seguir bajo una Junta de Comerciales como la que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. No es una exageración ni una metáfora provocadora: es una descripción política rigurosa de un gobierno que ha sustituido el interés público por la lógica del mercado, y la vocación de servicio por la intermediación empresarial.
Esta Junta no gobierna para Andalucía, sino que gestiona sus recursos como si fueran activos en liquidación. No protege la sanidad pública, sino que la desmantela para abrir paso a corporaciones privadas que operan como mercenarios de la salud. No defiende a los profesionales sanitarios formados en nuestra tierra, sino que los expulsa con condiciones laborales indignas. No apuesta por una población sana, sino por una población enferma que consuma servicios médicos como quien paga por un producto en una tienda.
Lo inviable no es la sanidad pública, ni la esperanza de vida, ni el talento andaluz. Lo inviable es este modelo de gobierno que actúa como sucursal de intereses ajenos, que entrega Andalucía a multinacionales y que desprecia su gente, su historia y su potencial.
Andalucía no necesita una oficina de ventas. Necesita liderazgo político andaluz, dignidad y soberanía. Porque solo cuando dejemos atrás esta Junta de comerciales, podremos construir una Andalucía que no se vende, que no se resigna, y que lidera el cambio que todo el Estado español necesita.
