Los tiempos cambian, y con ellos también la acción política y, en consecuencia, los argumentos que utilizan las diferentes formaciones políticas. Estos paradigmas parece que los ha comprendido muy bien y los ha asimilado por completo la derecha española. Vayamos paso a paso, siguiendo aquella máxima de «vísteme despacio que tengo prisa».
No hace mucho, nuestra derecha hispana, tomémosla en su conjunto, o sea la «derechita» y la ultraderecha, tenía como meta acabar con el sanchismo, término derivado de otros algo más añejos como el felipismo o el zapaterismo. Como se puede comprobar «nada nuevo bajo el sol», o sea que nuestra derecha (derechita y ultraderecha) tienen muy poco de originales. Luego vino aquello de que «debe gobernar el partido más votado», al parecer sólo aplicable al Gobierno de la Nación ya que, y a los hechos nos remitimos, en las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Cabildos Insulares, etc., esta máxima, tan exigida y postulada por sus defensores, no era de aplicación, con lo que han quedado al descubierto los motivos de las pataletas de la derecha. Aparentemente, los votos de los ciudadanos tienen menos valor cuando van dirigidos a elegir a sus representantes a niveles locales y autonómicos, o al menos, según parece, así lo entiende la derecha. Cuando el márketing, siguiendo parámetros totalmente publicitarios, consideró agotado el postulado anterior de «que gobierne la lista más votada», entre otras cosas por incurrir la derecha en contradicciones al no respetar sus propios planteamientos, se pasa a dar la batalla contra la amnistía. Y en esas estamos de momento… Cuando se agote el pío-pío de la amnistía, el trueque será por otra medida que la derecha trate de imponer en contra de los principios democráticos recogidos en nuestra Constitución.
Tal vez los motivos por los que la “derechita” y la ultraderecha tengan estos comportamientos sean debidos a que ni conocen el texto constitucional, ni tienen interés en conocerlo. Por algo se abstuvieron en el Referéndum Constitucional y, mientras la mitad de sus representantes parlamentarios por aquellos años se abstuvo, la otra mitad votó en contra de nuestra Constitución. Sería bueno que estos extremos fuesen recordados de vez en cuando por esas cadenas televisivas y esos rotativos que tanto empeño, esfuerzo y tesón ponen en apoyar las campañas de los conservadores españoles.
La realidad, por mucho que traten de distraer a los ciudadanos, es que a nuestra derecha tan sólo le preocupa una cosa: conseguir el gobierno. Y por lo que han hecho en los últimos años, y las primeras medidas adoptadas por los gobiernos de coalición entre la derechita y la ultraderecha en las Comunidades Autónomas así lo confirman, está muy claro para qué quieren gobernar: sencillamente, siguiendo su política liberal, para que los españoles retrocedamos en derechos y para destrozar los servicios públicos (enseñanza, salud, atención a los mayores, pensiones, derechos laborales…). Y, en tiempos de bonanza, para privatizar todo lo que pueda llenar las arcas privadas. Viceversa: llenar esas mismas arcas con dinero público cuando el fantasma de la crisis se cierne sobre el mercado. Son los principios neoliberales de nuestra clase política conservadora y de todos los conservadores que en el mundo mundial se dan la mano.
La «derechita» y la ultraderecha, recurren a todos los medios a su alcance y a las maniobras más espurias para la defensa de sus inaceptables, peregrinos e impresentables argumentos y cambian el motete de la campaña: ahora toca formar ruido contra la ley de Amnistía. Hay que recordar que el Sr. Aznar amnistió a los 18 terroristas de Terra Lliure. ¿Esa amnistía si era constitucional? ¿También fue constitucional el perdón al golpista Alfonso Armada? Parece una broma, por cierto de muy mal gusto, que la derecha, que nunca ha hecho nada por la normalidad democrática y tampoco por la defensa de la Constitución, se auto proclame como intérprete, juez y balanza de nuestro texto constitucional. Eso coincide con el contenido de la definición de cinismo.
No se conforman con manipular los medios de comunicación, que no de información, sino que utilizan estamentos e instituciones mantenidos con dinero público por todos los españoles y que, en buena lógica, debieran estar al servicio de todos los españoles. Así lo han hecho con sus pronunciamientos jueces y fiscales conservadores, Consejo General del Poder Judicial (salvo los vocales progresistas), asociaciones de veteranos y jubilados de las FF.AA., viejas glorias del franquismo…
Por cierto, que el Artículo 124 de la Constitución indica que 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Ante estos comportamientos caben algunas preguntas: ¿Cómo se atreve la derecha a catalogar como dictador a un Presidente del Gobierno votado por una mayoría parlamentaria? Recordemos lo que dice el Artículo 99 C.E.: …/.. 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados…
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
Por otra parte, no estaría mal que esta derecha que sufrimos en nuestro país se enterase de que el Artículo 62 de nuestra Constitución indica que «Corresponde al Rey: i)Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales».
Tal vez ni siquiera han entendido que en el literal de este artículo se hace referencia a la ley, lo que da pie para la aprobación por el poder legislativo, de un texto que regule las medidas de gracia. Parece, por otra parte, que esta derecha española se «olvida» de que, además de ellos, hay otra derecha en nuestro país que no comulga ni con sus ideas, ni con sus planteamientos, ni tampoco con sus métodos. Es la derecha civilizada, dialogante, que quiere el beneficio de la ciudadanía y que, para ello, está dispuesta al diálogo y a la concertación, para conseguir una convivencia pacífica y una acción política orientada hacia el progreso, situándose frontalmente en contra de los comportamientos fascistas y totalitarios.
