El reciente congreso del Partido Popular, una de las formaciones más corruptoras de Europa, nos obliga a una reflexión profunda sobre la salud y el futuro de Andalucía. Con decenas de dirigentes condenados por corrupción, financiación ilegal, una sede construida con dinero negro, y otros tantos en espera de juicio por los mismos motivos, el PP ha institucionalizado un modelo podrido de gestión basado en el clientelismo y el enriquecimiento ilícito. Este patrón de comportamiento, lejos de ser una excepción, se ha convertido en una constante que marca su trayectoria política y que no molesta a una parte de su electorado.
Esta línea corrupta se agrava al observar la gestión del PP en Andalucía. El colapso de los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, unido a la entrega de recursos públicos al sector privado, evidencia una hoja de ruta que otorga el beneficio a unos pocos sobre el bienestar colectivo. Hablamos de una política deliberada que desmantela lo público para favorecer intereses particulares. Es una gestión orientada al lucro privado que está perjudicando directamente a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables.
La corrupción es consustancial al bipartidismo. El PSOE, aunque se presente como alternativa, ha estado y está implicado en diversos casos de corrupción, el último y muy grave, «caso Koldo-Ábalos-Cerdán», en conjunto, es el caso PSOE y, se resiste a establecer medidas contundentes para erradicarla. La ausencia de acciones como la prohibición de por vida para las empresas corruptoras de acceder a la contratación pública es una prueba de la tibieza con la que se aborda un problema estructural. Esta falta de determinación por parte del bipartidismo monárquico, no solo perpetúa el ciclo de corrupción, sino que priva a Andalucía de la posibilidad de desarrollar su propio modelo productivo e industrial, basado en la transparencia y la equidad. Mientras las mismas empresas que han operado en la dictadura fascista sigan teniendo acceso a contratos públicos andaluces, el tejido productivo andaluz estará siempre supeditado a los intereses de unos pocos, sin posibilidad de un desarrollo autónomo y justo.
En este escenario, la actitud de sindicatos como UGT y CCOO resulta frustrante. Su alineamiento con las políticas de rearme, la OTAN y la guerra, o su actitud en la huelga del metal de Cádiz, choca frontalmente con los principios históricos del sindicalismo de clase, que siempre ha defendido la paz y los intereses de los trabajadores, quienes son, en última instancia, los que sufren las consecuencias de los conflictos bélicos. ¿Cuándo sindicatos de clase, nacidos para proteger a los trabajadores, se volvieron belicistas? Es una pregunta que exige una respuesta clara y una autocrítica profunda. Andalucía necesita sindicatos de clase andalucistas y federalistas, que defiendan un modelo económico y social justo y que no se plieguen a los intereses de las élites, sean estas madrileñas o internacionales. La voz de los trabajadores andaluces debe ser independiente y estar orientada a construir un futuro de prosperidad y paz para nuestra tierra.
