Tal vez Berlanga no se hubiera atrevido a algo tan kafkiano como lo ocurrido en el Tribunal Constitucional español: ¡que un órgano consagrado por nuestra Constitución para garantizar las libertades de los ciudadanos, de sus representantes y de las instituciones que nos hemos dado recorte los derechos del Parlamento español, representante de la voluntad popular, solo es posible verlo en el cine! O al menos eso pensábamos muchos españoles. Al parecer de nuevo la realidad supera a la fantasía.
Algo no funciona en nuestra democracia cuando algunos no respetan la voluntad de las urnas imponiendo su voluntad (no diremos aquello del programa televisivo «por mis huevismos») a base de retorcer las instituciones hasta la extenuación, aun a costa del descrédito que ello acarrea. Todo es por ese prurito de «seguir gobernando» aunque las urnas no lo legitimen. ¡Esas togas! Y es que, cuando los jueces se meten en política, y para más INRI, adoptando posturas partidistas, chirría todo y las maniobras torticeras se manifiestan y se ven desde muy lejos. Pero algunos, se empeñan en seguir gobernando, aunque las urnas digan lo contrario.
Con el paso dado por algunos jueces, el estamento judicial puede caer a los mínimos de credibilidad. Mientras en Europa la Judicatura es la institución más respetada y mejor valorada por los ciudadanos, en España cada vez es menos valorada y por supuesto, menos respetada. Eso sí, es cada vez más temida: los ciudadanos cada vez confían menos en los jueces y temen más lo que pueden sufrir de la Judicatura.
Todos sabemos que la Judicatura, en términos generales, porque siempre hay excepciones muy honorables, es una institución cerrada y conservadora. Y se vuelve más hermética cuanto más ascienden en el escalafón algunos jueces. Para los ciudadanos, eso de los Tribunales Supremos, Audiencias Nacionales, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, y demás altísimas instituciones, les quedan tan lejanas y tan ajenas que no comprenden su existencia ni su utilidad, a no ser para que algunos jueces metidos a políticos cobren 160.000 € al año como el Presidente del susodicho Tribunal Constitucional. Esa es la realidad del sentir ciudadano, y dejémonos de gaitas.
Porque muchos españoles, los de a pie, los que se tienen que levantar a las seis de la mañana para ir al currelo, tienen muy claro que cuando una persona tiene que estar varios años en una universidad y los mismos años como mínimo, preparando unas oposiciones en una selectísima y carísima academia, es porque sus padres se pueden permitir el lujo de mantener al futuro juez para que no tenga necesidad de trabajar. Y eso solo está al alcance de un reducido grupo de ciudadanos, no es moneda común de la ciudadanía. De ahí la consideración de elitismo de la carrera judicial.
Otra consideración que deslegitima, democrática y moralmente, la decisión del Tribunal Constitucional de negar el derecho a ejercer sus funciones al poder legislativo: mientras los diputados y senadores son elegidos por los ciudadanos, como corresponde en una democracia, nadie elige a los jueces. Porque los jueces no son más que funcionarios con la obligación de impartir justicia, pero en definitiva, funcionarios, a los que pagamos la ciudadanía con nuestros impuestos para que presten un servicio a la sociedad.
Hay algunas voces que ponen en el disparadero a algunos miembros del Poder Judicial. En concreto, se dice que al Presidente del Tribunal Constitucional, uno de los miembros con el mandato caducado, le han ofrecido la Presidencia del Consejo de Estado (con sueldazo vitalicio y todas las prebendas añadidas) y al magistrado Narváez la Fiscalía General del Estado. Desde estas líneas no se afirma nada, pero al menos es sospechoso el comportamiento empecinado de algunos.
Un jurista muy prestigioso deja caer una sospecha en relación con la imposición del Tribunal Constitucional a los legisladores: acusa al Presidente de dicho Tribunal de prevaricación, ¡nada menos! (Ver » https://blogs.publico.es/dominiopublico/49572/el-tribunal-constitucional-ha-prevaricado). Los ciudadanos están en su derecho de pensar que tal vez la Fiscalía General del Estado debiera tomar cartas en el asunto, porque la prevaricación es quizás el delito más grave que pueda cometer un funcionario, y no olvidemos, que los jueces son funcionarios públicos.
A todo esto, ¿qué hará el Rey como máximo estamento del país?
Por eso, los ciudadanos nos preguntamos si no estaremos ante una democracia tutelada. Tal vez la transición no fue más que una pantomima para callarnos.
