El Partido Popular (PP) se presenta como alternativa de gobierno en España. Pero su historia reciente —y no tan reciente— desvela una realidad perturbadora: no es un partido limpio, sino una maquinaria clientelar condenada por el Tribunal Supremo por lucrarse del delito, sin que se conozca que haya realizado acto alguno para regenerarse. Pretender que esta formación garantiza honestidad es como confiar a un pirómano la extinción de incendios.
El Tribunal Supremo sentenció en 2020 que el PP fue un «partícipe a título lucrativo» en la trama Gürtel, confirmando su financiación ilegal mediante una red de corrupción que duró décadas. Esta sentencia no fue un caso aislado. La trama Púnica —que implicó a tres expresidentes madrileños del PP (Aguirre, González y Cifuentes)— demostró cómo el partido dirigía contratos públicos a empresas que luego lo financiaban ilegalmente. El «caso del 1%» reveló que constructoras adjudicatarias de obras públicas desviaban porcentajes obligatorios para publicidad hacia empresas vinculadas al PP, sumando más de 2 millones de euros. Caso Erial: Blanqueo, cohecho y prevaricación en ITV valencianas, el que fue ministro Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de prisión. Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno con Aznar, ha sido condenado a prisión varias veces por los tribunales entre 2018 y 2024, por varios delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida.
La Operación Kitchen simboliza la perversión antidemocrática del último gobierno del PP. Ministros del Interior (Jorge Fernández Díaz) y altos cargos policiales organizaron una estructura paralela para espiar a rivales políticos. El secretario de Estado en el gobierno de M. Rajoy, Francisco Martínez, estuvo implicado en la guerra sucia contra Podemos. Según la investigación, durante su etapa como secretario de Estado de Seguridad, participó en operaciones parapoliciales destinadas a desacreditar a adversarios políticos del Partido Popular. La Audiencia Nacional lo imputó en 2024 por su presunta participación en investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial contra miembros de Podemos, con el objetivo de filtrar información a los medios y dañar su imagen pública. El espionaje a Podemos tenía como objetivo matar políticamente al partido y sus dirigentes mediante la recopilación y filtración de información comprometedora. Las pesquisas revelan que se llevaron a cabo investigaciones prospectivas sin control judicial, con el propósito de fabricar acusaciones y alimentar campañas mediáticas contra la formación morada.
Esta causa se suma a otras como y la Operación Cataluña, llevada a cabo entre 2012 y 2016 para desacreditar a políticos y empresarios vinculados al independentismo catalán. Según diversas investigaciones, se trató de una operación parapolicial que incluía espionaje, fabricación de pruebas falsas y filtraciones a medios de comunicación con el objetivo de debilitar el movimiento soberanista, para evitar que los partidos independentistas alcanzaran la mayoría absoluta. La operación también incluyó presiones sobre entidades financieras y empresarios para que retiraran su apoyo al proceso independentista.
¿Es esta la «honradez y el ejemplo» que promete el PP?
Alberto Núñez Feijóo encarna la doble moral del PP. Se autoproclama «baluarte ético», pero su trayectoria está salpicada de sombras, como vínculos con narcotraficantes: Fotografías lo muestran en un yate con Marcial Dorado, capo gallego condenado por narcotráfico que, así mismo, obtuvo contratos públicos adjudicados por la Xunta de Galicia, siendo alto cargo público Feijóo. Adjudicaciones a familiares (Caso Campeón) y condenas a altos cargos de su Xunta por corrupción. Pactos con Vox avalando políticas reaccionarias (recorte de derechos LGTBI, negacionismo climático). Peor aún: Vox defiende a militares retirados que piden golpes de Estado, llamándolos «nuestra gente».
La gestión del PP no solo es corrupta, sino incompetente y cruel, como lo evidencia su faena en las Residencias de mayores en Madrid: Durante la COVID, 7291 abuelos y abuelas murieron en centros privatizados y desatendidos por la administración de Díaz Ayuso. La prioridad fue el negocio, no las personas. La DANA en Valencia: La dejación de funciones del gobierno valenciano provocó miles de personas desamparadas y la muerte de 216 personas. Mazón sigue de presidente y su mayor valedor es Feijóo
El PP no es una alternativa democrática. Es una estructura condenada por delitos continuados, aliada con la extrema derecha, y dirigida por figuras que normalizan el autoritarismo y la corrupción. Frente a su relato de «democracia o mafia», debemos defender más democracia, transparente, justa y al servicio de la gente. La batalla es de defensa de la democracia, de dignidad vs. corrupción. Y en esa disyuntiva, el PP no es el ejemplo a seguir para gobernar España, donde es imprescindible y urgente una reforma estructural y a mejor, de nuestro sistema democrático y judicial español, estableciendo, entre otras medidas, sanciones paras los medios y periodistas que difunden bulos y mentiras; asegurar la imparcialidad judicial, en especial en los tribunales superiores e, impidiendo la adjudicación arbitraria de contratos públicos. Como dice el Magistrado Joaquim Bosch: «No debemos esperar que la democracia nos traiga el paraíso, pero sí reivindicar que evite la llegada del infierno».
