Imagina esperar meses para ver a un especialista mientras el dolor no cesa. Imagina a tu abuela desistiendo de una consulta porque el sistema la ha dejado en el olvido. Esta es la realidad que miles de andaluces enfrentan cada día. Nuestra sanidad pública, un derecho conquistado con esfuerzo, se está desmoronando ante políticas que priorizan el beneficio económico sobre las personas.
Dinero público, salud privada: ¿A quién sirven las cifras?
En 2023, se asignaron 13.823 millones de euros para la sanidad, un monto que puede parecer considerable, pero que no satisface las necesidades fundamentales de una población en constante crecimiento y envejecimiento.
Un año más tarde, el presupuesto se incrementó a 14.246 millones, considerado un “hito histórico” por el gobierno, pero no fue suficiente para cubrir las lagunas que resultaron de años de reducciones. Mientras, el dinero público fluye hacia clínicas privadas: los conciertos con estas empresas han aumentado un 54% desde 2020. Hoy, 4 de cada 10 servicios sanitarios dependen de entidades privadas. ¿El resultado? Menos camas en hospitales públicos, menos personal y más sufrimiento.
Esperar hasta romperse: El drama de las listas
Las listas de espera son una herida abierta. En primaria, familias enteras esperan semanas para que un pediatra atienda a sus hijos e hijas. En especialidades como traumatología u oncología, los plazos superan los diez meses. Muchos, desesperados, gastan sus ahorros en consultas privadas, donde a veces solo reciben prisas y sobrecostes. Otros, sin recursos, se resignan. “Mi madre perdió la movilidad mientras esperaba una cirugía”, comparte Ana, una malagueña de 48 años. Así se alimenta un círculo cruel: la pública se ahoga, la privada crece y la desigualdad se hace ley.
Privatizar no es curar: Cuando la salud es negocio
Andalucía ocupa los últimos puestos en calidad sanitaria. Hay comunidades con el doble de enfermeras por habitante. En Málaga, el 30% de la población paga un seguro privado, pero incluso allí hay colapsos. “En mi centro de salud, una enfermera atiende a 2.500 personas. Es inhumano”, denuncia Luis, médico de familia en Sevilla. Los recortes tienen rostro: son camillas en pasillos, ambulancias que tardan horas y profesionales exhaustos que abandonan la pública por la presión.
La calle grita: “La salud no se vende, se defiende”
Frente a este desastre, la gente ha dicho ¡basta! Marea Blanca, colectivos vecinales y sindicatos han llenado plazas con batas blancas y pancartas. “No queremos promesas, queremos soluciones”, exige Carmen, jubilada que participa en las marchas. En pueblos como Osuna, la indignación es palpable: “Si no revierten esto, los echaremos con nuestros votos”, advierte Juan, portavoz de la plataforma local. La presión social ya ha logrado paralizar algunos recortes, pero la batalla es larga.
Reconstruir lo público: Un futuro con esperanza
La solución no es complicada: invertir en lo que nos pertenece a todos y a todas. Contratar más profesionales, reducir la externalización y escuchar a quienes trabajan en primera línea. “Necesitamos recursos, no discursos”, reclama Maribel, enfermera en Córdoba. Cada euro destinado a la pública es un paso hacia la justicia: que ningún niño espere meses para operarse, que ningún abuelo muera en una lista de espera, que nadie elija entre comer o pagar un tratamiento.
Un llamado a la acción: Esto afecta a todas las personas
La sanidad pública no es un gasto, es un reflejo de nuestra humanidad. Cuando permitimos que se privatice, entregamos el bienestar de nuestros mayores, nuestros hijos y nuestros vecinos al mejor postor. Andalucía tiene hoy una elección: seguir desangrando su sistema sanitario o levantarse para defenderlo. La salud no es un lujo, es el cimiento de una sociedad digna. Juntos, podemos exigir un cambio. Porque cuando la vida está en juego, el silencio no es una opción.