Aunque ambos sean batracios, no es lo mismo sapo que rana. Al igual que en la clase política, no todos los políticos son iguales, ni todas las izquierdas son iguales, a unos/ unas le hacen lawfare y a otros/otras le sonríen. Pues bien, hace escasos días volví a ver la película Z de Costa Gavras, que va de lawfare, una película muy recomendable. Ella ha sido la inspiradora y causante de este artículo. Pero, ¿qué significa este neologismo anglosajón? Lawfare, es una abreviatura de law (ley) y warfare (guerra) y viene a significar persecución judicial, cuyo objetivo no es otro que limitar o inhabilitar a un oponente político, o sea, la judicialización de la política para ganar mediante la guerra sucia a quien no se le puede ganar en las urnas. Para que sea efectivo el lawfare se ha de producir la interacción del binomio poder judicial y poder mediático.
El lawfare, ese término extranjerizante, que ya se ha introducido en nuestro vocabulario y que se les suele aplicar a quienes cuestionan la ortodoxia neoliberal. Hay varios ejemplos: Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fdez. de Kirchner (Argentina), Pedro Castillo (Perú), Bernardo Arévalo (Guatemala)… En España los dirigentes más destacados que lo han sufrido, entre otros, son: Pablo Iglesias, Mónica Oltra, Vicky Rosell, Isa Serra, Alberto Rodríguez y algunos líderes independentistas, etc.
Tras el surgimiento del partido político PODEMOS, las bombillas de las alarmas del régimen del 78 se activaron cuando los números electorales daban para propiciar el sorpasso deseado por Julio Anguita, entonces las cloacas del Estado profundo se pusieron a funcionar, debido a la insistencia de Podemos en formar un gobierno de coalición. Hubo que celebrar dos elecciones generales…, pero se consiguió. Eso hizo que se agravara y avivara más el lawfare. En las cloacas se oía cada vez con mayor insistencia. ¡Más madera! Y así se fue intensificando hasta que en verano de 2020 un juez llamado Escalonilla, abrió la causa nominada «Neurona», basada en una rumorología. Y por consiguiente, se abrió la «escopeta nacional berlanguiana»: apuntar y disparar a Podemos se convirtió a nivel mediático en deporte nacional. Spoiler: se instalan en los cerebros de una amplia gama de la ciudadanía en forma de neón brillante a modo de recordatorio permanente y automático: «veis, los de Podemos son tan corruptos como los del PP» tras miles de portadas y horas de emisiones a través de voces de gran audiencia, que no voy a citarlas porque me da asco nombrarlas, sí asco con todas sus letras, pero que son conocidas por todas y todos. Consecuencia política: entierran a una izquierda reivindicativa y resucitan a una ultraderecha crecida.
Vamos a ello. Año 2020, tres portadas de prensa: ABC: «La justicia destapa las cloacas de Podemos»; La Razón: «Imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la caja B»; El Mundo: «El juez imputa a Podemos por financiación irregular». Hay que reconocer que los que manejan con arte y maestría esta técnica han conseguido su objetivo principal: arrinconar a la izquierda que reivindica más derechos y más mejoras para las clases trabajadoras, la izquierda que hace ruido y no dejaba dormir tranquilo a Pedro Sánchez porque esa izquierda ruidosa es valiente y cuestiona un día sí y otro también los cimientos de ese régimen que nos gobierna desde el tardofranquismo, llamado Régimen del 78, sostenido por el bipartidismo, por el partido judicial, por los grandes medios de comunicación en manos de empresas privadas que actúan como oligopolios y por una monarquía que se ha manifestado en muchas ocasiones como corrupta y de parte y no como arbitro institucional.
Año 2023. Escalonilla, cierra el caso Neurona (hace escasos días) tras tres años de investigaciones, concluye que no ha habido financiación irregular, ni blanqueo, ni malversación, ni falsedad documental, ni administración desleal, ni delito electoral ni apropiación indebida, ni nada de nada, solo patrañas. Curiosidad de esta realidad: ni ABC, ni La Razón, ni El Mundo, ni la mare que los parió, por decirlo en castizo, hacen referencia en sus portadas que el juez Escalonilla cierra el caso Neurona tras tres años de infamias, mentiras y patrañas. Silencio en las portadas y en las tertulias. Al final todo queda en nada, pero el daño mediático y político está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Quién repara ese daño? Confieso que yo soy un eterno esperanzador que sigue el lema: «los cambios son posibles por la gente que lo hace posible»; debemos perdonar a los engañados, pero no a los engañadores. La lucha continúa…
Si hubiese justicia social en esta democracia nuestra, un juez justo y severo hubiera pagado ¿su error?, sentenciando a esos periódicos y a esos tertulianos que estuvieran durante tres años, o sea, 1095 días, emitiendo a diario: «le hemos hecho daño conscientemente a Podemos y a la democracia española por difundir patrañas infundadas», o sea el tiempo correspondiente al daño causado. Y automáticamente en los cerebros de los oyentes se hubieran instalado en forma de neón brillante a modo de recordatorio permanente y automático: la verdad, que de eso se trata. De estar bien informados.
Y colorín, colorado, una vez Podemos del gobierno echado, Pedro Sánchez pudo dormir tranquilizado y con besiños dados y el turnismo regresado… salió rana.
